El séptimo reporte de conflictos socioambientales “Vigilante Amazónico”, correspondiente al mes de febrero, da cuenta del uso de herramientas legales por parte de los pueblos indígenas en la defensa de sus derechos, estrategias poco difundidas por los medios de comunicación. Asimismo, actualiza la información sobre conflictos en Loreto, Amazonas, San Martín y Junín.
Respecto a la región Amazonas, el séptimo informe destaca la absolución del líder indígena Zebelio Kayap y otros dirigentes que fueron acusados por el presunto secuestro de empleados de la minera Afrofita, con la que los indígenas awajún y wampis tienen un prolongado conflicto.
En el análisis del caso, el informe señala que los líderes procesados han sido perjudicados por el prolongado proceso y la periódica comparecencia que obstaculizó el desempeño de sus organizaciones.
Sobre el mismo conflicto, se informa que la Corte Superior de Justicia de Amazonas anuló la cláusula de renovación automática del cuestionado convenio entre la Base El Tambo, del Ejército peruano, y la empresa minera Afrodita.
Al respecto, el documento indica que está pendiente determinar si el citado acuerdo entre el Ejército y la minera fue inconstitucional, como lo señaló un informe del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Entre las gestiones que realizaron los pueblos indígenas para la defensa de sus derechos, el reporte destaca la participación de organizaciones de Loreto, Junín y San Martín, en reuniones de trabajo y mesas de diálogo con autoridades.
Sobre Loreto y el conflicto ocasionado por iniciativas petroleras que contaminarían el Río Nanay, se informa del pedido que hizo el Comité Multisectorial del Napo a las empresas PERENCO, SUBANDEAN y REPSOL y al Gobierno Central solicitando información sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y documentos similares a fin de fiscalizar adecuadamente su cumplimiento.
Sobre el tema, el reporte de Vigilante Amazónico sugiere a las autoridades atender “manera inmediata y con buena fe” el pedido de las organizaciones debido al pronto inicio de las operaciones petroleras en la zona.
Asimismo, en Junín y San Martín, se reporta que organizaciones indígenas participan en mesas de diálogo para la solución de conflictos socioambientales, así como para la elaboración de propuestas de desarrollo.
Es el caso de la Asociación Regional de Pueblos Indígenas de la Selva Central (ARPI-SC), con sede en Junín, que acordó con la Presidencia del Consejo de Ministros la creación de un Grupo de Trabajo Multisectorial para seguir los casos pendientes en las mesas de diálogo con la citada entidad estatal.
Acerca del acuerdo entre la PCM y ARPI, el observatorio saludó la iniciativa y recomendó que se llegue a “metas concretas”.
Igualmente, en la Región San Martín, la Confederación de Pueblos Kechwas acordó en febrero solicitar al Gobierno Nacional y Regional participar en el Comité de Gestión del Área de Conservación Regional-Cordillera Escalera (ACR-CE).
“Vigilante Amazónico” consideró “importante” la iniciativa de los pueblos Kechwas a fin que fortalezcan su capacidad de informarse sobre los planes del ACR-CE.