Comisionada de la ONU recordó esta maniobra llevó a la muerte de la lideresa indígena hondureña
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Indicó que de los defensores ambientales asesinados este año, 40% son indígenas
La relatora especial de la ONU para los derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz refirió que las últimas agresiones contra Máxima Acuña, por la seguridad privada contratada por Yanacocha, corresponde a una técnica utilizada para amedrentar a los indígenas, similar a la que sufrió Bertha Cáceres en Honduras.
«Es lo mismo que pasó en Honduras, donde los implicados en el asesinato de Berta Cáceres fueron miembros de la seguridad privada de la empresa (constructora), incluyendo algunos militares», apuntó en relación al asesinato de la lideresa indígena ocurrido hace siete meses por oponerse a la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca.
En ese sentido advirtió que los defensores “carecen de protección porque los que gobiernan tienen más interés en lograr las tierras” y reveló que existen varios países que no tienen leyes que defiendan la postura de los ambientalistas.
Al mencionar el caso de Perú, la comisionada por la ONU en materia de Pueblos Indígenas, remarcó que «la prioridad de los gobiernos, desde el pasado hasta ahora, ha sido generar crecimiento económico a partir de las industrias extractivas», lo que hace que los líderes indígenas sean una «amenaza para el deseo del Estado de usar las tierras y generar beneficio de interés para las grandes corporaciones mineras».
En reunión con agencias internacionales de prensa en Roma (Italia), Tauli-Corpuz señaló que esas personas «carecen de protección porque los que están en el poder son los que tienen más interés en lograr esas tierras». Asimismo, detalló que hay países que no poseen leyes que defienden los derechos indígenas y otros como Brasil (con empresarios agrícolas en el Parlamento) que sí las tienen, pero no las aplican porque dan prioridad a las que sirven para desarrollar proyectos mineros o hidráulicos.
Es por ello que recomendó que, ante la indefensión de los indígenas, la relatora instó a llevar ante la justicia nacional o internacional los casos de violación de sus derechos. Más aun cuando los indígenas representan alrededor del 40 % de los 137 ambientalistas y defensores de derechos humanos asesinados este año en el mundo.
La minera Yanacocha señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada.
El 4 de octubre último se denunció invasión a la propiedad de la familia Chaupe Acuña. Personal de la minera Yanacocha llegó a las 10 de la mañana y nuevamente destruyó unos cultivos. En esta ocasión, el esposo de Máxima Acuña, Jaime Chaupe se encontraba solo en el lugar.
Ese mismo día, la empresa señaló que esta es la décima defensa posesoria que realizan desde inicios del año 2015, acciones que realizan como empresa afectada. También refirieron que Chaupe Lozano conversó con el representante de Asuntos Externos de la mina, Raúl Farfán, en presencia de periodistas, pero hasta el momento no se ha difundido dicho diálogo.
Territorios y derechos: materia de preocupación
El último Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas fue remitido por el Consejo de Derechos Humanos, y es revisado a profundidad en el 71° Período de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En su informe que tuvo lugar en Nueva York, y concluyó este 30 de septiembre, afirma que el cierre de la brecha entre el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en los planos internacional y nacional, y la aplicación real sobre el terreno sigue siendo su principal preocupación.
Tauli-Corpuz alerta de un número alarmante y creciente de casos en los que la inversión extranjera en los sectores de minería, petróleo y gas fue lo que resulta en graves violaciones de la tierra, el autogobierno de los pueblos indígenas y derechos culturales.
Acuerdos internacionales de inversión podrían agravar y exacerbar a los graves impactos de los proyectos de inversión sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La conservación y su impacto en los pueblos indígenas son un tema constante. Es por ello que, en su información, afirma que las zonas protegidas brindan la posibilidad de salvaguardar la diversidad biológica para beneficio de toda la humanidad.
Su texto concluye con recomendaciones sobre la manera en que pueden llevarse a cabo las actividades de conservación, tanto en la esfera normativa como en la práctica, respetando los derechos de los pueblos indígenas y mejorando la conservación sostenible.
El texto de Victoria Tauli, detalla que por zona protegida “se entiende un área definida geográficamente que haya sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos de conservación específicos. Las zonas protegidas adoptan modalidades de conservación muy diferentes, entre ellas parques y bosques nacionales, refugios de flora y fauna silvestres, zonas marinas, reservas privadas y reservas administradas por organizaciones no gubernamentales, zonas protegidas de los pueblos indígenas, tierras comunitarias y otras áreas donde la protección de la naturaleza y la práctica de una subsistencia sostenible fomentan la integridad de los ecosistemas”.
Tauli-Corpuz, afirma que los territorios indígenas tradicionales, constituyen 22 por ciento de la superficie del planeta, coinciden con áreas en las que se encuentra 80 por ciento de la diversidad biológica mundial.
DATOS
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Un relator especial se encarga de presentar informes anuales sobre asuntos específicos o situaciones de especial importancia relativas a la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
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También realiza visitas a países y comunica información recibida sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas en países específicos.
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Lleva a cabo actividades en países en seguimiento de las recomendaciones recogidas en sus informes de visita a países.
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La Comisión de Derechos Humanos decidió nombrar en 2001 un Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, como parte del sistema de procedimientos especiales de la Comisión.