Las comunidades indígenas denuncian ante Derechos Humanos en México que quienes se manifiestan en contra a la minería en México están sufriendo una sistemática persecución. Un ejemplo citado es el caso de Félix Monroy Rutilo y su familia asesinada, secuestrada y multada a lo largo de los años, en los territorios entre Jalisco y Colima.
Felix Monroy es descrito por años como participante en la luchas indígenas nahua-otomí, en oposición a la mina de hierro del municipio de Cuautitlán, por el Consorcio Minero Benito Juárez Peña Coloradade nacionalidad italo-argentina-indú, informa la Red Mexicana contra la Minería ( REMA), al citar un comunicado anterior de la agrupación Otros Tiempos, de Chiapas, del 15 de septiembre pasado.
“La resistencia a esta mina fue marcada por el asesinato del hijo, del padre y el secuestro del sobrino de Felix Monroy Rutilo, quien se manifestó con dignidad el 10 de septiembre contra los crímenes de Peña Colorada, y la complicidad de las autoridades ”, indica el documento.
Casos como el de Monroy están siendo citados por REMA, quien publicó una guía donde plantea cuales son las estrategias comunitarias para la defensa del territorio, y que detalla a su vez, paso a paso como están afectando los procesos de prospección, exploración, explotación, cierre de mina y post cierre de mina, (Documento)
Su autor, Miguel Angel Mijangos, indicó que el manual es dedicado “a todos los pueblos, organizaciones(…)y en especial a los que han dado su vida por lograr que los territorios estén libres del modelo extractivo minero”.
Según Mijangos y Gustavo Castro de REMA, las consecuencias del megaproyecto minero por el que luchan los activistas, “son terribles y abarcan la afectación del conjunto de los DD.HH» en México. «Afecta los suelos. la salud, el agua, la alimentación, la vivienda, el aire, la vida, la biodiversidad, el cambio climático, entre otras afectaciones muchas de ellas irreversibles”.
Sobre el caso de Monroy, la comunidad indígena denunció lo que llamó “sentencia injusta que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)» que pronunció hace poco. Fue «acusado de tala ilegal por haber cortado siete palos secos para construir un techo para sus chivas. Fue condenado a pagar una multa de 150 000 pesos (10 mil dólares) y a sembrar 300 arboles en una zona donde la misma Profepa autoriza a la empresa Peña Colorada depositar sus desechos tóxicos y talar cientos de árboles. No podemos tolerar tal injusticia, que sirve para intimidar y callar a un defensor de derechos humanos y de la tierra madre”.
El medio Proceso, el 10 de septiembre reportó la demanda de las agrupaciones indígenas de Jalisco y Colima que denunciaron los asesinatos de su familia.
“Los asesinatos de Abelino Monroy Sandoval y Alejandro Monroy Denis, en los años ochenta y noventa en Ayotitlán, así como la desaparición forzada del activista indígena Celedonio Monroy Prudencio, ocurrida en octubre de 2012, mientras que el campesino Félix Monroy Rutilo, familiar de las tres víctimas, desde hace 40 años ha sido desplazado de sus tierras, intimidado y agredido por el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada””, según el medio mexicano.
En esa oportunidad representantes de 10 ejidos y comunidades indígenas de Jalisco y Colima protestaron frente a las delegaciones de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), denunciando que “para lograr sus objetivos las empresas mineras corrompen autoridades y contratan sicarios para intimidarnos y despojarnos violenta y sanguinariamente de nuestros territorios”, Casos como el de Manroy era uno de ellos, informó el medio Proceso.
El 29, 30 y 31 de agosto se realizó en el municipio de Olintla el XI Encuentro Nacional del Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos.
“Denunciamos la criminalización que realiza el consorcio minero “Benito Juárez Peña Colorada”, a las comunidades de Los Potros, Puertecito de las Parotas, Mameyito y Coconal, agresión que se ha dirigido especialmente contra Félix Monroy Rutilo, quien ha denunciado la contaminación del Río Marabasco. Responsabilizamos al gobierno federal, del estado de Colima y a la empresa minera, de cualquier daño que pueda sufrir nuestro compañero”, indicó la agrupación, según Otros Mundos el 2 de septiembre.
Su sobrino, Celedonio Monroy Prudencio, indígena de Ayotitlán, Jalisco, desapareció el 23 de octubre de 2013.
Entre 2001 a diciembre del 2012 el gobierno de México entregó 28.807 títulos de concesión, con una superficie de 61, 8 millones de hectáreas equivalente al 31 por ciento de la superficie nacional, según Miguel Angel Mijangos, citando como fuente al «DGRM. SE en Programa de Desarrollo Minero 2013-2018».
Al primer semestre del 2013 del gobierno de Enrique Peña Nieto entregó 644 concesiones más y con la reforma de la Ley de Energía, proyectó publicamente un mayor número de actividades extractivas mineras y de hidrocarburos.