Luis Ángel Saavedra
El gobierno ecuatoriano está empeñado en promover la minería a gran escala para lo cual debe implementar una legislación interna que, siendo contradictoria con principios constitucionales, satisfaga los intereses económicos de las transnacionales
mineras que se han resistido a invertir en el país hasta que no se les garantice su total control sobre las regalías que producirá esta industria.
La última Asamblea Constituyente del Ecuador (2007-2008) no sólo se preocupó de incorporar los derechos de la naturaleza en el texto constitucional, garantizando la preservación y la reproducción de su ciclo vital, pues también fue muy prolija en dotar al Estado el control de los beneficios que produce la explotación de recursos naturales, inclusive si esta actividad se debiera delegar a empresas mixtas o privadas, a través de concesiones.
En este sentido, el artículo 408 de la Constitución establece que “El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento de estos recursos, en un monto que no será inferior a los de la empresa que los explota”.
Basada en la Constitución, la Asamblea Nacional elaboró la Ley de Minas, promulgada en enero del 2009, en la que asegura que los beneficios económicos para el Estado deberán estar sujetos al artículo constitucional 408. Así, en el artículo 93 de esta ley se establece que el concesionario minero deberá pagar una regalía “no menor al 5% sobre las ventas, adicional al pago correspondiente del 25% del impuesto a la renta, del 12% de las utilidades determinadas en esta Ley, del 70% del impuesto sobre los ingresos extraordinarios y del 12% del impuesto al valor agregado (IVA)”. De esta forma el Estado garantiza que más del 50% de la rentabilidad minera vaya a sus arcas en calidad de impuestos y regalías.
Bajo esta normativa, en marzo pasado se firmó el primer contrato de minería a gran escala con la empresa china EcuaCorriente, la que deberá invertir US$1.4 millardos en el proyecto Cóndor Mirador, ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, en la Amazonia sur del país, y el que el Estado participaría del 52% de la rentabilidad minera.
EcuaCorriente no tuvo reparos en firmar un contrato minero favorable al Estado ecuatoriano, pues su interés es más geopolítico y no necesariamente económico.
“EcuaCorriente es una empresa estatal [china] que piensa en tener un negocio rentable, pero está más interesada en asegurar que China tenga acceso a los recursos naturales necesarios para sostener su expansión económica”, asegura el asambleísta amazónico Kléver Jiménez, del Movimiento Pluricultural Pachacutik.
Kinross cambia el escenario minero
La firma del contrato con EcuaCorriente fue presentado como un ejemplo de firmeza y soberanía que marcaba la ruta para futuros contratos, no sólo en Ecuador.
“Este contrato está siendo seguido por toda América porque es inédito, donde el Estado recibe la mayor cantidad del recurso”, señaló el presidente Rafael Correa al firmar el convenio de explotación mediante el cual EcuaCorriente extraerá unas 180,000 TM de cobre al año.
Pero, pese al empeño del gobierno, desde febrero pasado se paralizaron las negociaciones con la minera canadiense Kinross Gold Corporation, que busca explotar oro en el proyecto denominado Fruta del Norte, en la misma cordillera de El Cóndor, limítrofe con Perú, para lo que tiene prevista una inversión de $1.3 millardos. Esta transnacional se negó a aceptar términos iguales a los que había firmado EcuaCorriente.
“Quiero dejar muy claro a todo el mundo que no procederemos, a menos que tengamos un mejor acuerdo en términos económicos”, dijo el director consejero de la minera, Tye Burt, al explicar la paralización de las negociaciones con el Ecuador.
Las demandas de Kinross fueron catalogadas como exageradas y, en febrero de este año, el ministro de Recursos No Renovables, Wilson Pastor, advirtió que el Ecuador no firmaría un acuerdo con esta transnacional minera.
“Hay cosas que no podemos aceptar porque no podemos forzar una ley o cambiar una ley”, aseguró Pastor.
Pese a estas declaraciones, el mismo ministro Pastor anunció el pasado 20 de julio que se reformaría la Ley de Minas para corregir algunos errores, como por ejemplo el hecho de que la ley fije un mínimo del 5% por regalías adicionales a los impuestos para la explotación minera, pero no fija un máximo. De igual forma, Pastor anunció que el impuesto a las ganancias extraordinarias por el alza de los precios de los metales no se cobraría hasta cuando la empresa haya recuperado la inversión realizada.
Para tal efecto, el proyecto de reforma que el Ejecutivo enviará a la Asamblea Nacional incluirá las dos propuestas: la primera que pospone el cobro de impuestos hasta que el concesionario recupere la inversión, y la otra que fija un máximo para el porcentaje de las regalías. De esta manera Pastor dio paso a las presiones de Kinross y se puso a tono con la línea presidencial, pues ya Correa había anticipado: “Es razonable lo que nos ha pedido Kinross, y preparamos una reforma legal para que cualquier utilidad extraordinaria vaya a amortizar la inversión”.
Presiones presidenciales
En la Asamblea Nacional, la aprobación de estas reformas no tendrá un camino fácil, pues si bien el movimiento de gobierno, Alianza País, mantiene una precaria mayoría, el tema minero es muy sensible para los asambleístas y algunos partidarios de gobierno podrían abstenerse a la hora de votar. Sin embargo, en el actual escenario político, Correa puede presionar para que los asambleístas mantengan la tesis gubernamental si desean ser considerados para una posible reelección en los próximos comicios electorales.
En efecto, hasta octubre próximo hay plazo para presentar las listas de candidatos a la Asamblea Nacional que postularán en las elecciones de febrero del 2013 y varios asambleístas actuales no ven muy claras sus opciones de ser incorporados en estas nuevas listas y acceder a una posible reelección. La votación de las reformas a la Ley de Minas se presenta como una oportunidad de hacer valorar su voto y negociar su incorporación en el listado electoral.
“Asistiremos a una feria de candidaturas a cambio del voto para reformar la ley y seguir con el modelo neoliberal del que nunca hemos salido. Las reformas a la Ley de Minas son un ejemplo de que seguimos sometiéndonos a los intereses de las transnacionales y que el discurso de soberanía que mantiene el gobierno es vacío”, sostiene Jiménez, quien ya presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional de Ecuador por el contrato firmado con EcuaCorriente, señalando que el acuerdo no garantiza que el Estado tenga el 52% de la rentabilidad, ya que está incluido el 12% del IVA que sólo se paga en productos elaborados, y la producción minera se exportará en bruto, sin valor agregado. Arguye además que no se realizó una consulta previa a las comunidades afectadas por la actividad minera, principalmente la nacionalidad shuar. Agregó que se apresta a hacer lo mismo hacia las reformas anunciadas por el régimen en caso de que sean aprobadas. —Noticias Aliadas.