DEBATE. Los permisos para la operación minera son uno de los puntos polémicos.
Guardando los ejes principales de la propuesta original, la Comisión de Régimen Económico y Tributario aprobó ayer el informe para primer debate del proyecto de reformas a la Ley Minera. Esa discusión se dará mañana a las 15:45, junto con el trámite en segundo debate de la Ley que fija al cantón La Concordia en Santo Domingo de los Tsáchilas.
La resolución se dio con el voto favorable de 11 asambleístas (10 de PAIS y uno socialcristiano), mientras se abstuvo Ramiro Aguilar (SUMA).
En su ponencia, el presidente del organismo, Oswaldo Larriva, destacó algunos puntos en los cuales se hicieron agregados, aunque en los enumerados no se topan los temas claves.
Entre otros, se señala que la declaración juramentada de quien pretende obtener una concesión se la haga ante un juez civil y que también se incluya el requisito de la autorización municipal.
También se incluyó que en la declaratoria de nulidad contractual, los bienes mineros pasen a propiedad del Estado. Igualmente, se establece que la destrucción de maquinaria en minería ilegal sea dispuesta por el fiscal ante la imposibilidad manifiesta de aplicar otras medidas fijadas para la neutralización de alguna actividad ilegal.
Polémicas
Entre los puntos clave del proyecto está la fijación de un impuesto a los ingresos extraordinarios bajo dos condiciones: que, en efecto, haya esos ingresos extras sobre el precio base y de que previamente se haya recuperado la inversión.
También se fija el ‘IVA 0’, con el objetivo de formalizar la minería pequeña y artesanal, además de la compra de la producción por parte del Banco Central.
Otro tema no topado es la prohibición de sociedad con empresas radicadas en paraísos fiscales, estableciendo un plazo de un año para que el cambio de domicilio para las empresas que operen en el país.
Además, se establece la simplificación de trámites previos a la concesión. La propuesta original señala dos permisos específicos: del Ministerio de Ambiente y de la Secretaría Nacional del Agua.
En términos de cuidado ambiental, el proyecto contempla la eliminación progresiva en un año de la utilización de mercurio en la actividad minera.
Los rechazos
° La propuesta ha tenido el rechazo de los sectores de izquierda y de las organizaciones indígenas, que han pedido una consulta prelegislativa antes de aprobarse el proyecto, además de considerar que únicamente se estaría atendiendo a los intereses de las trasnacionales.
El pedido de consulta prelegislativa incluso es una alternativa que es considerada adecuada por otros sectores, como lo señaló el socialcristiano Luis Fernando Torres, quien dijo que la posibilidad de que no se afecten los territorios indígenas no está establecida en la propuesta legal.