El ante proyecto de reforma del Código Civil y Comercial argentino fue diseñado por Ricardo Lorenzetti y juristas de todo el país. La presidenta Cristina Fernandez de Kirchner le introdujo cambios al texto como borrar de un plumazo el artículo 241, que reconocía como derecho fundamental el acceso al agua potable y obliga al Estado a garantizarlo a todos los habitantes. El motivo es no perturbar las inversiones mineras.
La oposición y ambientalistas pidieron en vano que sea reincorporado y ahora el Gobierno quiere volver el proyecto, arma reuniones semanales pero no aclaró nada sobre el tema.
La reforma del Código Civil y Comercial incluía al agua como derecho esencial pero Cristina Kirchner se niega a incorporar ese derecho esencial en el nuevo Código Civil y Comercial, un proyecto que quedó planchado en marzo y ahora busca reactivar con la esperanza de poder sancionarlo cuanto antes.
Esa decisión la tomó semanas atrás pero ahora se cruzó con la decisión del presidente uruguayo José Mujica de habilitar a la ex Botnia a producir 100 mil toneladas más.
La noticia retomó el conflicto bilateral y el discurso de Cristina Kirchner en contra de la producción de pasta celulosa. Su defensa a las mineras en este contexto resultará más que incómoda.
Aunque el conflicto no le vino mal: Cristina provechó para levantar la imagen del gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, a quien en el kirchnerismo sueñan como sucesor presidencial, o al menos quien les permita con una minoría después de 2015.
El ante proyecto de reforma fue diseñado por Ricardo Lorenzetti y juristas de todo el país. Cristina refrendó ese texto y uno de los cambios fue borrar de un plumazo el artículo 241, que reconocía como derecho fundamental el acceso al agua potable y obliga al Estado a garantizarlo a todos los habitantes.
Esta obligación pondría en riesgos las cuantiosas inversiones mineras fomentadas por Cristina Kirchner, como la de Pascua Lama en San Juan.
La oposición y organizaciones ambientalistas denunciaron la omisión y realizaron una marcha al congreso el 22 de marzo último, con motivo de celebrarse el día mundial del agua.
Esa vez participaron Conciencia Solidaria, Vecinos autoconvocados del CEAMSE, Amigos de los Parque Nacionales, Barrio de Pie y la FUA, además referentes de todos los bloques políticos.
El tema formó parte de varias de las audiencias públicas realizadas el año pasado. En Santa Fe, el socialista Rubén Giustiniani apuntó a ese cambio.
«La eliminación del artículo 241 sobre derecho al agua potable en el proyecto enviado por el Ejecutivo Nacional junto con el derecho a reclamar daños de incidencia colectiva no parece casual dentro de un contexto en donde en los últimos meses han surgido conflictos relacionados con la actividad de la megaminería metalífera a cielo abierto, que tiene al agua, como principal insumo», dijo el senador.
Difícil debate
A puertas cerradas, los legisladores kirchneristas que integran la bicameral creada para debatir la reforma del Código Civil y Comercial retomaron esta semana el debate para definir cuanto antes un dictamen.
El lunes recibieron al ministro de Justicia Julio Alak y al secretario, Julián Álvarez, quienes llegaron acompañados por el secretario de Culto, Enrique Oliverio; y el presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Daniel Fernández.
La idea de Cristina Kirchner era tratarlo antes de fin de año para retomar la iniciativa política tras la floja elección que espera en octubre.
Pero esta semana habrían surgidos algunas trabas a esa estrategia. La principal es como evitar que la Iglesia no reaccione con las facilidades al alquiler de vientres que propone el proyecto. El efecto «Papa Francisco» juega en contra en esta tarea.
Otra duda es como capitalizar la reforma sin pasar que tampoco lo haga Ricardo Lorenzetti, a quien el gobierno acusa de frenar la ley de medios en connivencia con el Grupo Clarín.
Alak y Lorenzetti se reunieron esta semana y el ministro no habría quedado con ganas de acelerar el tema. La otra opción es firmar un dictamen en la bicameral y avanzar el año próximo en la cámara que queda más dominable por el Gobierno.
Como es una bicameral, el proyecto luego puede iniciarse en cualquier Cámara.