En medio de la polémica por el segundo derrame de tóxicos en los cursos de agua en la zona de mina Veladero en San Juan por parte de la empresa Barrick Gold, el Gobierno anunció supuestas inversiones por US$ 7.000 millones en minería para el período 2017-2018. Sin embargo los anuncios no se producen en el mejor momento: Barrick Gold debe rendir cuentas en la justicia provincial y federal para por sus dos últimos derrames tóxicos en el término de un año. Crece el rechazo popular y el cuestionamiento a una actividad señalada de saqueadora, contaminante y secante.
Las probables inversiones las realizóó el subsecretario de Desarrollo Minero, Mario Capello, durante su participación en la Feria China Mining, que reúne a las principales firmas del sector minero de Asia y el mundo.
El Gobierno nacional, a través del ministerio de Ambiente, demandó a la firma canadiense por el incidente en San Juan. En concreto acusan a la firma extranjera por las fallas en sus controles para evitar el incidente y ocultar datos sobre el mismo.
Además, los vecinos de Jáchal están movilizados e indignados y la Asamblea Jáchal No Se Toca también recurrió a la justicia pidiendo el cierre de Veladero por atentar contra el principio constitucional a gozar de un ambiente sano e incumplir normas ambientales nacionales, y por estar emplazado en un área vedada por la ley de glaciares.
El presidente quitó la retención a las mineras.
La empresa aseguró que «el incidente se debió al desacople de una tubería que provocó la salida de mineral sólido fuera del valle de lixiviación» pero reiteró que «nunca hubo derrame de solución cianurada ni hubo contacto con cursos de agua ni con canales de desvío».
Si bien los anuncios de inversión representan cifras históricas para el país (en el período 2007-2015 se recibieron en total US$ 10 mil millones), el Gobierno deberá intentar convencer a la ciudadanía sobre el accionar social, ambiental y económico de estas empresas ante un rechazo social fundado en experiencias locales y mundiales que no solo abarca las provincias mineras y cordilleranas sino que también está presente en los grandes centros urbanos.
Para la oposición, el Gobierno fue complaciente con las mineras al eliminar las retenciones a las exportaciones, que se concretó en febrero de este año mediante el Decreto 349/2016. Aparte de este cambio macroeconómico, las firmas extranjeras comenzaron a mirar al país como opción para invertir. Sin embargo se trata de una de las actividades comerciales más peligrosas para el medio ambiente.