La Cordillera del Cóndor, escenario histórico en la guerra Perú-Ecuador, aún continúa siendo un territorio en disputa, pero esta vez de carácter interno en una trama de tensiones entre organizaciones indígenas, gobiernos nacional y regional, y las empresas mineras.
Un importante sector de representantes de organizaciones de los Pueblos Awajún y Wampis – ODECOFROC, ODECOAC – ha presentado una demanda de acción de amparo para la recuperación del área recortada del Parque Nacional Ichigkat Muja (PNIM-CC), este jueves 23 de abril en Santa María de Nieva, según nos reportan los Vigilantes Amazónicos de Nieva. Justo a un mes y medio del anuncio del representante de Minera Afrodita S.A. de haber llegado a acuerdos con las comunidades para desarrollar minería formal como pequeña minería en esa área recortada, en medio de la reunión convocada por el gobierno regional de Amazonas, con competencias en pequeña minería de acuerdo a Ley. Y a dos meses del Memorial que las organizaciones dirigieron a las Autoridades nacionales y regionales anunciando su decisión legal e informando que el Instituto de Defensa Legal les apoyaría en la Demanda.
La forma legal y el fondo de la disputa:
Para el Estado Peruano no existe área recortada, por tanto no existe conflicto legal: el área del PNIM-CC es de 88,487 hectáreas, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 1º del Decreto Supremo No. 023-2007-AG (10.08.2007) de categorización parcial de la Zona Reservada Santiago-Comaina.
Para ese sector importante de los Pueblos Awajún y Wampis cuyo territorio ancestral comprende la Cordillera del Cóndor, sí existe conflicto legal y de carácter constitucional, porque el Estado Peruano habría incumplido el Acuerdo de Área del Parque Nacional Ichigkat Muja – 152,874 hectáreas – al que llegaron en el año 2004, después del largo proceso de consulta previa, el primero en nuestro país en plena vigencia del Convenio 169-OIT.
Han presentado la Demanda frente a ese incumplimiento, un nuevo modo de luchar por recuperar el área acordada y recortada (42% del área original), después de las movilizaciones por sus derechos territoriales y de consulta, en agosto del 2008 y el trágico 2009, durante el Presidente Alan García, autor de la política del “Perro del Hortelano”.
Actualmente en esa área de la Cordillera del Cóndor-frontera peruana que no ha sido categorizada como PNIM-CC existen algo más de 21,000 hectáreas de concesiones mineras, correspondientes a 39 denuncios mineros, entre concesiones con Títulos (área color rojo en el mapa adjunto), en Trámite (petitorios, color amarillo) y en situación poco definida (extinguida, en proceso de extinción o de petitorio). Al otro lado, en la parte ecuatoriana al nor-oeste también hay extensas concesiones mineras y plantas de procesamiento de oro, las que estarían detrás de las actividades mineras ilegales de grupos de ecuatorianos y peruanos contratados para extraer roca mineralizada de las vetas peruanas, actividad permitida por los Puestos de Vigilancia fronterizos (Reportajes de Edmundo Cruz, La República 20.12.2012 y 17.02.2015).
Estas concesiones mineras legales son rechazadas por inconsultas y contaminantes por las organizaciones firmantes de ese Memorial así como la minería y tala ilegales son también rechazadas. En el fondo de su argumento, en el marco del estado de derecho al que se están integrando de hecho, la incorporación de esa área recortada al Parque Nacional IM-CC es para que goce de la protección ecológica que necesita la Cordillera y la propia existencia de sus Pueblos, que son Pueblos del Perú con derechos.
En términos de la Ley de las Áreas Naturales Protegidas, los Parques Nacionales son áreas en los que se protege con carácter de intangible la integridad ecológica de uno o más ecosistemas y de la biodiversidad que albergan. En el caso del PNIM-CC: “tiene por objetivo general conservar la única muestra de la Eco-región de Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental, permitiendo así conservar tanto los valores geológicos y de diversidad biológica asociados…; como las cabeceras de las cuencas de los ríos Cenepa y Comaina e importantes tributarios del río Santiago y sus funciones ecológicas en el ciclo del agua en la cuenca del Marañón”
Minera Afrodita S.A y Jorge Bedoya Torrico: lo que dijo y no dijo
Luego de anunciar los “acuerdos con las comunidades”, refiriéndose a la minería ilegal en la frontera, Jorge Bedoya, gerente de la Minera Afrodita S.A, dijo: “La minería está en las puertas del Perú en esta zona. Pero la que está es la peor de todas que es la minería informal. La gran responsabilidad que tienen las organizaciones en este caso es poder elegir si quieren minería ilegal o quieren minería legal, porque la minería ya está en la zona” (Canal ER-Marzo 2015).
Lo que no dijo es que cuando habla de minería legal no se está refiriendo sólo a las dos concesiones de Minera Afrodita S.A, denuncios realizados en el gobierno de Alberto Fujimori, sino también a las 11 concesiones de la que es titular, obtenidas durante el gobierno de Ollanta Humala.
De tal modo que él representa a 13 concesiones que abarcan 5,415 hectáreas (26% del área concesionada en la Cordillera del Cóndor-área recortada). Concesiones que al igual que las 39 existentes en la Cordillera del Cóndor no han sido consultadas y que se ubican en el área que debería pertenecer al Parque Nacional IM-CC.
La disputa: demanda por derecho indígena y ambiental constitucional versus el derecho particular privado. Ese será el fondo de la admisión y de la respectiva Sentencia Constitucional. De allí, la estrategia de conversión a pequeña minería (mínima certificación ambiental) para empezar cuanto antes la explotación minera aurífera, buscando acuerdos con ciertas comunidades y con el gobierno regional, apoyándose en aquellos indígenas que “pidieron perdón” ante Alan García, por el “Baguazo”.