27/10/2010. Este estudio, realizado por el Canadian Center for the Study of Resource Conflict [Centro canadiense para el estudio de conflictos por los recursos] fue encomendado por la PDAC en octubre 2009 y acaba de hacerlo público Mining Watch Canada.
En Quebec, el tema de las minas está vigente con dos proyectos de ley, uno conocido y otro que vendrá después de las audiencias públicas sobre el petróleo de esquisto bituminoso. La Asamblea nacional estudia actualmente una nueva Ley sobres las minas que reafirmaría la mayoría de los privilegios jurídicos con que gozan la industria desde hace mucho tiempo y que es denunciado por los medios municipales y ecologistas con una escasa unanimidad.
La Ley sobre las minas es preeminente de los poderes de las Municipalidades regionales de condado [agrupa todas la municipalidades de un territorio dado formando una entidad administrativa] en materia de gestión y fomento territorial. Los ecologistas, que han a menudo calificado los poderes exorbitantes del sector minero como una reliquia de otra edad, estiman que la protección del medio ambiente y de los ecosistemas debe pasar antes que los intereses privados de ese sector. Las regiones mineras son las más contaminadas por productos tóxicos en Quebec. Algunas mineras no vacilan en perseguir judicialmente a ciudadanos y grupos que atacan en Canadá, lo que se considera como persecución estratégica contra la participación pública [SLAPP en inglés].
De las 171 sociedades citadas en el informe, que analiza 171 «incidentes» o conflictos de naturaleza social o ambiental ocurridos entre 1999 y 2009, 34% son de las mineras canadienses. Estas están al centro de los conflictos más grandes. 63% de los incidentes destacados en este estudio son de mineras provenientes de cinco países.
Las sociedades canadienses solamente, son responsables de 33% de los conflictos, es decir cuatro veces más que los atribuidos a las compañías de la India y Australia (8%), seguidas por las mineras estadounidenses y británicas (6%). Globalmente, las mineras canadienses monopolizan 75% de todas las sedes sociales de esta industria en el mundo.
De todos los incidentes atribuidos a las mineras canadienses, 60% son conflictos con los miembros de las comunidades locales y 40% tocan distintas formas de deterioración del medio ambiente. En fin, 30% de esos «incidentes» son el hecho de actitudes contrarias a la ética, que implican a menudo las agencias de seguridad privadas. Solamente 13% de los casos, están relacionados con conflicto de trabajo.
Los incidentes analizados en este estudio provienen de denuncias públicas de grupos humanitarios (65%), de organizaciones locales (25%), de gobiernos nacionales (22%), de protestas sociales del lugar afectado (21%), de medios de comunicación (21%), de organismos gubernamentales internacionales (15%), de tribunales (13%) y de fuentes universitarias (8%). Los autores del estudio rechazaron todos los casos donde las informaciones no pueden ser corroboradas por varias fuentes.
De las 124 sociedades analizadas que publican sus informes anuales en Internet, 78% adhieren de diversas maneras a los principios de Responsabilidad social de las empresas (RSE). En virtud de este concepto, las empresas integran las preocupaciones sociales, ambientales y económicas en sus actividades con la población, pero sobre una base voluntaria. En definitiva, se trata de una forma de aplicación de principios de desarrollo sustentable particularmente útiles en los países que no tienen o tienen pocas normas sociales o ambientales, o donde los regímenes podridos no los aplican.
Sin embargo, según el estudio en cuestión, la mayoría de las sociedades mineras no conservan o publican solamente algunos párrafos, generalmente vagos, como política de RSE y aunque la gran mayoría de las sociedades canadienses adoptaron políticas de RSE, muy pocas entre ellas, subraya el informe, aceptan el principio de auditoría independiente. Ocho sociedades canadienses de diez, implicadas en los incidentes analizados en este informe, afichan tales políticas.
Es lo que hace decir a los autores del informe que de «toda evidencia, las mineras canadienses y las empresas de exploración tienen que cambiar de estrategia si quieren mejorar sus relaciones con las comunidades, los gobiernos, la sociedad civil y la atenuación de los riesgos» que provocan sus actividades.
Los operadores de minas de oro se encuentran muy seguido en el banco de los acusados en este informe, en comparación a las minas de cobre (13%) y de carbón (12%) que se encuentran a la cabeza del pelotón.
Los puntos calientes de estos conflictos son la India (10%), Indonesia (9%), Filipinas (8%) y la Republica democrática del Congo (7%). Pero si sumamos los incidentes por región, América latina llega a la cabeza con 32%, seguida por el África subsahariana (24%), por Asia del Sureste (19%) y por Asia Centro-sur (12%).
Los autores del informe concluyen que las asociaciones industriales que agrupan el sector minero tienen interés a participar a una redefinición más precisa de sus obligaciones al extranjero. Y este enfoque debería ir junto con una política gubernamental que exigiera más transparencia e imputabilidad, como lo quiere instituir el proyecto de ley C-300, actualmente en estudio en el Parlamentario federal. Depositado en mayo 2009, este proyecto de ley propone codificar por reglamento las operaciones de las mineras en el extranjero. Obligaría al gobierno canadiense de cortar los fondos y su apoyo a las mineras convencidas de estar en violación de los derechos de las personas, de las normas ambientales y del trabajo.
Mining Watch Canada, el grupo al origen de esta noticia, estima que este informe pedido por la industria confirma lo que dice el grupo desde años y que muestra que no se trata de «algunas manzanas podridas», pero de un fenómeno generalizado a lo cual el gobierno debe ocuparse para terminar con «las violaciones cometidas al desmedro de los derechos de la persona y del medio ambiente».