Superintendente de Medio Ambiente respondió a diputados por demora de 20 meses en inicio de indagatoria por contaminación. Admitió la falta de personal y recursos para revisar otros proyectos productivos, con denuncias vigentes, en el país.
Ante la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara, el superintendente de Medio Ambiente (SMA), Cristián Franz, reconoció que el organismo no cuenta con suficientes recursos ni personal para fiscalizar el cumplimiento de las 15.177 resoluciones de calificación ambiental vigentes (permisos ambientales). Entre ellas, la de Minera Isla Riesco, el yacimiento de carbón a rajo abierto más grande del país, ubicado en Río Verde, Región de Magallanes, al lado de reservas y parques marinos.
Hace 20 meses los vecinos interpusieron una denuncia contra la minera ante la SMA, sin ningún resultado hasta ahora. La empresa ya fue multada a fines de 2014, tras casi dos años de espera, luego de la primera denuncia ciudadana. “El hecho de que no se hayan resuelto la últimas denuncias (sobre minera Isla Riesco) no significa que el proceso esté cerrado. Entiendo la frustración de los denunciantes, pero frente a los 12 mil expedientes y a la falta de recursos, no tenemos más opción que priorizar entre los que revisten mayor riesgo”, señaló Franz. “No significa que quedará inmovilizado para siempre, de hecho pronto habrá novedades”, agregó. Los eventuales cursos de acción serían la formulación de cargos o el archivo de las denuncias.
En la XII Región sólo hay un fiscalizador de la SMA, sin oficina ni camioneta. El diputado por la zona, Juan Enrique Morano (DC), si bien comprende estas limitantes de la SMA para fiscalizar, plantea que la urgencia sigue vigente.“El proceso sobre una empresa ya sancionada debiera ser más expedito, porque, a la espera de que esto se resuelva, el daño ambiental sigue creciendo”, dijo el parlamentario.
La demora constatada en este proceso preocupa a los movimientos ambientalistas de la zona, más ahora que la minera ingresó una DIA (Declaración de Impacto Ambiental), para que se le permita usar explosivos en sus faenas. Los vecinos se oponen a las tronaduras, por sus presuntos efectos negativos sobre el ecosistema, y porque el que Estudio de Impacto Ambiental inicial autorizó sólo el uso palas mecánicas para romper el suelo.
Además, la minera, aprobada en febrero de 2011, acumula ocho denuncias en la SMA desde 2013. “La ciudadanía no puede estar preocupándose de la falta recursos del único organismo fiscalizador del Estado en estos temas; además, hace rato estamos llamando la atención sobre las tardanzas. Si no se le dota de recursos, pero se siguen aprobando proyectos altamente complejos y contaminantes, el Estado se está pisando la cola, y la ciudadanía y el medio ambiente son los que pagan el costo”, plantea Ana Stipic, vocera del movimiento Alerta Isla Riesco.
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Marcelo Chávez (DC), citará a los ministros de Hacienda y Medio Ambiente para revisar la crítica situación de la SMA: “Puede haber muchos casos más en el país de proyectos sin fiscalización de la SMA. Según la propia SMA, una de cuatro denuncias queda sin atención”.