El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas emitió un informe en el que recomienda al gobierno la creación de una ley federal de consulta y consentimiento previo para las minas en territorios de pueblos originarios
La representación de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestó su interés por las recomendaciones contenidas en el Estudio sobre las industrias extractivas en México y la situación de los pueblos indígenas en los territorios en que están ubicadas estas industrias, presentado en el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas (UNPFII por sus siglas en inglés).
Elaborado por el zapoteco Saúl Vicente Vázquez, uno de los expertos integrantes del foro, el documento sugiere al gobierno mexicano la creación de una ley federal de consulta y consentimiento previo libre e informado que cumpla con los estándares internacionales establecidos en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como la reforma a la Ley Minera para que sea acorde con los derechos de dichos pueblos.
Saúl Vicente, en entrevista con Animal Político, informó que existen situaciones de violencia contra quienes tratan de defender sus territorios, y se refirió en concreto a los casos de Bernardo Méndez Vásquez, asesinado en Oaxaca el 18 de enero de 2012 y de Bernardo Vásquez Sánchez, muerto a tiros el 15 de marzo del mismo año.
“Para hacer el informe, entrevisté a diversas organizaciones indígenas, una de ellas la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO). Hablé con Bernardo Vásquez y Bernardo Méndez, líderes de la organización y entre otras cuestiones denunciaron una gran preocupación por las amenazas que habían recibido de un grupo paramilitar, a decir de ellos contratado por la empresa minera; amenazas que fueron cumplidas poco tiempo después, cuando fueron asesinados”, expresó. Estos crímenes aún no han sido esclarecidos.
Vicente Vázquez explicó que se entrevistó además con personal de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México y de la Secretaría de Economía, aunque esta última, si bien hablaron con él, nunca le respondieron al cuestionario que les presentó por escrito, hecho que asienta también en el documento. Asimismo, contó con la colaboración del doctor Nemesio Rodríguez, del Programa Universitario México Nación Multicultural de la UNAM, quien estaba realizando una investigación sobre el tema. Afirmó que el estudio servirá para llamar la atención del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la ONU, así como de su Asamblea General, pues “con los sustentos con que se ha presentado (el estudio), deberían tomar nota de que los problemas que tienen los pueblos indígenas de México y de otros países con las empresas mineras son ciertos, y poner especial atención al tema, pues hay necesidad de que las empresas y los Estados respeten los estándares internacionales de los derechos de los pueblos indígenas”.
El estudio presentado ayer por Vicente ante el pleno del UNPFII, destaca que entre los años 2000 y 2010 se expidieron en México 26 mil 559 títulos de concesiones mineras, que equivalen al 35% del territorio nacional y que son las empresas llamadas “junior” o “canadienses” (aunque no todas sean de ese país), que producen 5.29% del oro y 4.79% de la plata, las que desencadenan conflictos entre las poblaciones afectadas por la presencia de las minas, y que se ubican en zonas indígenas marginadas.
El estudio explica que dichas empresas se caracterizan por su carácter efímero “derivado del modelo de explotación intensiva que llevan a cabo” y porque las tecnologías que utilizan producen notorios “pasivos ambientales”, es decir, residuos líquidos o sólidos que dañan el medio ambiente y la salud humana.
El documento afirma también que una de las razones que generan el rechazo de las comunidades a los proyectos mineros, es la escasa e inadecuada información que reciben acerca de los mismos, así como la poca capacidad del Estado para hacer respetar los derechos de los pueblos indígenas, “incluso por falta de conocimiento de las instituciones”.
Destaca también que existen contradicciones entre algunos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación a los derechos de estos pueblos y que en las leyes reglamentarias se niega la existencia de los mismos. En este sentido, se plantea la necesidad de reformar la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, Ley Federal de Derechos, la Ley Agraria y la Ley General de Bienes Nacionales, para que sean acordes con los derechos de este sector de la población, así como con la protección del medio ambiente. Igualmente, se incluye entre las recomendaciones armonizar la Constitución y las leyes con los instrumentos jurídicos internacionales, de manera que reconozcan a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público.
En respuesta al informe, Roberto de León Huerta, miembro de la representación de México ante la ONU, declaró en su intervención ante la plenaria del UNPFII que la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) cuenta con un sistema de consulta indígena “en el que participan 150 consejeros y 168 pueblos indígenas que permite conocer, registrar, sistematizar y reintegrar las opiniones y decisiones emitidas por los pueblos indígenas”. Expresó también que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho respetar el derecho a la consulta mediante resoluciones que “incluso han decretado la suspensión de algunas actividades por considerarlas violatorias de los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas” y destacó que en febrero del año en curso se creó la Comisión para el Diálogo con los Pueblos Indígenas, que “busca lograr los acercamientos necesarios para asegurar el irrestricto respeto a sus derechos humanos y la atención a sus necesidades “(de los pueblos indígenas).
Las recomendaciones del Estudio serán incorporadas al informe que presentará este año el UNPFII al ECOSOC.