06/05/2021
La docentes, investigadores, no docentes, estudiante y egresados de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) que estuvieron realizando clases públicas por la situación en Andalgalá publicaron un documento en el que reclaman “el cese de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra los defensores del Agua del Aconquija”.
El documento completo:
«PRONUNCIAMIENTO DE LA COMUNIDAD PEDAGÓGICA Y CIENTÍFICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CATAMARCA
Los acontecimientos desencadenados en Andalgalá desde los primeros días de abril de este año, constituyen un episodio más de un largo proceso de violencia estructural que arrecia sobre nuestros territorios/poblaciones bajo las modalidades del extractivismo minero neocolonial. El inicio de facto de las operaciones de exploración avanzada del Proyecto MARA (fusión Agua Rica y Alumbrera) arremete, no sólo contra la normatividad específica vigente (art. 41 de la Constitución Nacional; Ley Nacional 26.639, de Protección de Glaciares y Áreas Periglaciares -cuya existencia en las sierras de Aconquija fue constatada por el SEGEMAR, el IANIGLA y el Ministerio de Minería de Catamarca; Ley General del Ambiente 25.675; Ordenanza Municipal 029/16; Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 02 de marzo de 2016), sino que avasalla las más elementales garantías constitucionales de la población.
Andalgalá lleva más de 25 años de resistencia. En el 2005 rechazó la “presentación” de Agua Rica. En 2009 se conformó la Asamblea El Algarrobo que, junto a otras organizaciones populares, asambleas y vecinxsautoconvocadxs han venido sosteniendo la defensa del territorio, quedando en la memoria la brutal represión del 15 de febrero de 2010.
A este reclamo histórico por la libre determinación, la respuesta del Estado es la criminalización. Hemos seguido con preocupación los allanamientos y detenciones arbitrariamente ordenadas contra asambleístas y manifestantes, así como la intimidación hacia otrxsvecinxs, pues entendemos que estamos frente a la vulneración de derechos humanos básicos que buscan desarticular el reclamo social, penalizando un conflicto social real y profundo de larga data.
Ante la gravedad de estos acontecimientos, como integrantes de la comunidad pedagógica y científica de la Universidad Nacional de Catamarca (en nuestro carácter de estudiantes, egresadxs, no-docentes y docentes e investigadorxs) manifestamos nuestro más enérgico repudio a este nuevo ciclo de violencias y despojos. Reclamamos el cese inmediato de las medidas de fondo que violentan radicalmente los derechos territoriales del pueblo de Andalgalá, de la criminalización de la legítima protesta social y de las acciones de hostigamiento y persecución política desatada contra lxsdefensorxs del Agua del Aconquija.
Llamamos a toda la comunidad científica y académica a difundir y promover el debate sobre estos hechos considerando nuestra función social al servicio de la democracia y la justicia, abandonando la pasividad como forma de complicidad con los poderes fácticos.
Exigimos el rechazo de los fondos mineros para las Universidades Públicas que colonizan y mercantilizan la producción de conocimiento; el sobreseimiento y el cese definitivo de las causas injustas contra lxsdefensorxs del agua y la vida de Andalgalá y la liberación del Aconquija, con la paralización total de la exploración avanzada del proyecto MARA.
La única vía para erradicar la violencia de modo legítimo y eficaz exige resolver democráticamente la conflictividad estructural que la genera. Eso implica básicamente el reencauzamiento de un diálogo democrático-participativo sobre el modelo minero impuesto, empezando por la derogación de la ley provincial de adhesión a las reformas de los ‘90 (Ley Provincial 4759) y el inicio de un proceso de deliberación y construcción de genuinos consensos sociales, políticos y científicos sobre qué tipo de minería necesitamos y es posible realizar para un horizonte de autodeterminación histórico-social encaminado hacia el bienestar colectivo, la justicia social y ambiental y la convivencia democrática. Frente a esto, tenemos un gran desafío y un gran reto como Universidad Pública, empezando por desandar la senda recorrida de la defraudación social. Esta lucha no es solo de Andalgalá, es de todos nuestros territorios, es del único mundo existente. Sin justicia ambiental para la Madre Tierra no puede haber justicia social (ni justicia cognitiva)».
Firman el documento (226 firmantes):
Manuel Fontenla (UNCa – CITCA – CONICET); Laura Roda (Docente, UNCA); Mariela Pistarelli (DocenteF. Humanidades-UNCa/ Colectivo E.P. del Sur- CITCA); Marcia Vergara (Becaria doctoral CONICET/Escuela de Arqueología, UNCA); Horacio Machado Aráoz (Docente UNCA – Investigador CONICET). Hay más firmas…