Califican de “inaceptables” presiones de presidente de Newmont, accionista mayoritaria de proyecto minero. Viceministros iniciaron diálogo en Cajamarca pero enfrentan desconfianza.
(1) Señalan que empresas que han hecho daños lamentables deben aceptar condiciones del país. (2) O’Brien, titular de Newmont quiere meter miedo.
La declaración del presidente ejecutivo de Newmont, Richard O’Brien, quien manifestó que si las exigencias ambientales y sociales del gobierno al proyecto Conga hacen insuficiente su rentabilidad, irán a invertir a otros países, fueron calificadas como “chantaje” por el congresista Víctor Andrés García Belaunde, de Alianza Parlamentaria.
El titular de Newmont manifestó que “si Conga no puede ser desarrollada de una manera segura, social y ambientalmente responsable, entonces vamos a reasignar ese capital a otros proyectos de desarrollo de nuestro portafolio, incluyendo oportunidades en Nevada, Australia, Ghana e Indonesia”.
O’Brien añadió que “tenemos otras opciones si esto no es favorable”, en referencia al proyecto Conga, impulsado por Yanacocha, cuyo principal accionista es Newmont.
García Belaunde dijo a LA PRIMERA que las declaraciones de O’Brien “fueron muy desafortunadas” y que “no pueden ser aceptadas por los peruanos”. “Ellos no pueden quejarse de un negocio que les va a dejar muchas utilidades, y encima han ganado bastante dinero todos estos años”, agregó.
El parlamentario sostuvo que la reacción del ejecutivo de Newmont “es una actitud de egoísmo y mezquindad”, pues las mejoras sustanciales establecidas por el presidente Ollanta Humala solo exigirán aumentar en 5% la inversión del proyecto Conga, que dará enormes ganancias a la empresa.
También recordó que Newmont contó con el respaldo del exasesor presidencial durante la dictadura Fujimorista, Vladimiro Montesinos, porque “ganó juicios con su apoyo”. “Esta conducta es inaceptable e inadmisible”, añadió.
BUSCA RENEGOCIAR
Por su parte, el legislador Javier Diez Canseco, de Gana Perú, indicó que la empresa minera presiona al gobierno para “abrir un mecanismo de renegociación”.
“Esta declaración da cuenta que la empresa busca abrir una negociación sobre lo establecido por el Presidente de la República en relación a los 10 mil empleos que debe generar la minera, el fondo social, y la responsabilidad de trasladar los botaderos a otros puntos”, expresó Diez Canseco. “Esto evidencia que su criterio fundamental es reducir al máximo sus costos y maximizar sus ganancias”, añadió.
A su turno, el experto en temas ambientales José de Echave expresó que las afirmaciones de O’Brien “son mecanismos de presión y advertencia” y que lo que buscan es desarrollar una estrategia “en función de lograr alguna negociación”.
“Es natural que la empresa esté evaluando alternativas; al margen del proyecto Conga, tiene la mirada en diferentes partes del mundo”, dijo el exviceministro de Gestión Ambiental; pero advirtió que “no es tan fácil decir: me voy a otros países”, pues el Perú tiene yacimientos atractivos gracias a su riqueza geológica.
IMPERFECCIONES
Diez Canseco y de Echave coincidieron en señalar que cuando la empresa manifiesta que las modificaciones propuestas al proyecto Conga, luego del peritaje internacional, pueden afectar la rentabilidad del proyecto, es porque reconoce que este tuvo serias imperfecciones al momento de ser aprobado en octubre del 2010, en pleno régimen aprista.
El parlamentario indicó que Newmont “está reconociendo que el proyecto tenía imperfecciones”, y recordó que estas fueron señaladas en su momento por el exministro del Ambiente Ricardo Giesecke, en especial en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).
Diez Canseco manifestó que el proyecto Conga no ha sido cuestionado de manera arbitraria “sino con razones y fundamentos”, y sostuvo que por esto la empresa “ha tenido que evaluar” su implementación.
Por ello, indicó que “lo más sabio” era la revisión del EIA “con peritos que tuvieran consenso en las partes, y con lineamientos más allá de los que fueron establecidos”. “Todo esto hubiera conducido a una situación más clara”, argumentó, porque lo actuado “aumentó la desconfianza de la población”.
En tanto, Echave indicó que la reacción de Newmont ante las nuevas condiciones “puede ser el preámbulo del reconocimiento de que el proyecto no tiene licencia social y las condiciones ambientales para ser llevado adelante”.
“Ahora nadie defiende el proyecto tal como fue aprobado en octubre del 2010, todos se preguntan cómo es que fue aprobado”, añadió.
DESCONFIANZA
De otro lado, la Comisión Técnica formada por el gobierno central para facilitar el diálogo con las autoridades locales y dirigentes sociales de la región Cajamarca, informaron que el acercamiento tuvo un balance “positivo y prometedor”.
Los viceministros de Agricultura, Juan Rheineck Piccardo; de Minas, Guillermo Shinno, y Gestión Ambiental, Mariano Castro, integrantes de este grupo de trabajo, explicaron que en las reuniones sostenidas lograron establecer informar sobre los hallazgos y recomendaciones del peritaje al EIA del proyecto aurífero.
Tras informar sobre lo que significan las nuevas condiciones derivadas del peritaje y establecidas por el presidente Humala, los viceministros expresaron su confianza en que las actividades económicas y sociales en Cajamarca puedan realizarse sobre un nuevo pacto, que permita resolver los problemas de pobreza de esa región.
Rheineck opinó que la desconfianza de la población de Cajamarca es comprensible, puesto que en el pasado una serie de proyectos mineros no respetaron los acuerdos sobre el cuidado del agua y el medio ambiente, hechos que generaron daños en la salud de los ciudadanos y perjudicaron las actividades agrícolas.
“Es un compromiso del gobierno hacer bien las cosas, no volver a repetir los errores del pasado y no cometer pasivos ambientales espantosos que se han heredado desde muchos años atrás”, manifestó el viceministro de Agricultura.
Víctor Liza Jaramillo
Redacción