La iniciativa proponía perfeccionar la institucionalidad a cargo de la fiscalización y las normas que regulan la seguridad minera.Por 50 votos a favor, 40 en contra y 10 abstenciones, la Cámara rechazó el proyecto (boletín 7848) sobre seguridad e institucionalidad minera, al no alcanzar el quórum necesario de aprobación. El texto legal creaba una Superintendencia de Minería y el Servicio Geológico de Chile.
La propuesta legal, informada a la Sala por el diputado Manuel Rojas (UDI) de la Comisión de Minería y por el diputado Ernesto Silva (UDI), de la Comisión de Hacienda, disponía las funciones y atribuciones de la Superintendencia, entre las que destacaban la fiscalización del cumplimiento de la normativa relativa a seguridad minera y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento.
También indicaba que se podría requerir informaciones y datos de los sujetos sometidos a su fiscalización y de los organismos públicos sectoriales que ejerzan otras atribuciones de fiscalización en relación a la actividad minera.
Asimismo, la Superintendencia podría investigar los accidentes mineros y aplicar las sanciones correspondientes y ordenar la ejecución de medidas preventivas de accidentes y verificar su realización.
Obligación de Informar
El proyecto también normaba la obligación por parte de las empresas mineras de informar a la Superintendencia sobre antecedentes relevantes de sus actividades y respecto de los accidentes mineros.
En este último caso, se establecía un plazo de 24 horas para que las empresas entregaran antecedentes sobre cada accidente que ocurriera en sus faenas, a consecuencia del cual cualquiera de los trabajadores involucrados, incluidos los del contratista y subcontratista, debieran ausentarse al menos un día de sus labores y sobre cualquier accidente ocurrido dentro de la faena minera que afectara o pueda afectar a terceros.
Adicionalmente se disponía que cada faena minera de la gran y mediana minería debería contar con la dirección o asesoría profesional de uno o más ingeniero de minas o metalurgista.
En el caso de la pequeña minería y la minería artesanal, deberían contar con la asesoría de al menos un experto en prevención de riesgos de categoría C, una vez cada seis meses.
Reacciones
Tras el rechazo de la iniciativa, la diputada PPD Adriana Muñoz, se mostró satisfecha con el resultado de la votación, argumentando que el texto era una “una lápida y un verdadero funeral para la pequeña minería y la minería artesanal”.
Agregó que “las comunas que yo represento viven de la pequeña minería y de la minería artesanal y no de la gran minería que explota nuestros recursos y se va. No seremos cómplices de liquidar una actividad productiva sustentable que le da de comer a Chile y a nuestras comunas”.
A reglón seguido dijo que “lo que nosotros estamos pidiendo es un estatuto especial en la ley, donde se establezcan normas de seguridad para los pirquineros y la pequeña minería con exigencias distintas, además de un fondo público que le entregue a este sector los instrumentos y recursos para que puedan construir condiciones de seguridad en sus faenas ya que no pueden cumplir con las exigencias que este proyecto de ley les impone”.