20 Febrero 2011
Sergio Ocampo Arista
Enviarán documento formal a los tres niveles de gobierno, a la ONU y a la CIDH. Denuncian que mineras inglesas y canadienses obtuvieron permiso federal por los próximos 50 años.
Si hay esa riqueza que dejó Dios, es para la gente que quiere vivir sobre la tierra, dijo una anciana.
Tierra Colorada, Gro., 19 de febrero. Tierra Colorada, un pueblo tlapaneco de alrededor de 5 mil habitantes, se convirtió en el primero de 30 de los núcleos agrarios situados bajo la zona de influencia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (o policía comunitaria), que rechaza formalmente la explotación por parte de compañías trasnacionales de los yacimientos de oro, plata y zinc recientemente descubiertos en un perímetro de 500 kilómetros de la región Costa Chica y Montaña Alta de Guerrero.
Así lo informó Carmelo Oropeza Demetrio, presidente del comisariado de los Bienes Comunales de Tierra Colorada, municipio de Malinaltepec, quien denunció que, con autorización del gobierno federal, empresas mineras canadienses e inglesas pretenden explotar en los próximos 50 años esos grandes yacimientos.
Por unanimidad ya tomamos el acuerdo (de rechazo) el pasado 28 de enero, y ya hasta lo depositamos en el Registro Agrario Nacional, dijo orgulloso mostrando el documento en la asamblea efectuada el jueves 17 de febrero.
Los tlapanecos, o me´phaá, son de los pocos pueblos que toman sus acuerdos en asamblea, como la del jueves, donde los indígenas fijaron su postura, todos en defensa de sus tierras: No nos vamos a dejar engañar, aunque nos digan que hay dinero de por medio, dijo un anciano.
Señalando los cerros El Burro, La Luna y La Ardilla –que según el proyecto serán explotados a cielo abierto– una indígena adulta señaló: «Esos cerros nos dan agua, no queremos que se desbaraten porque se van a destruir las huertas; si hay esa riqueza que dejó Dios, es para la gente que quiere vivir sobre la tierra.
De ahí toman agua nuestros animales, y también los silvestres; se van a acabar las plantas y los paisajes, ya no vamos a poder sembrar plátanos, maíz ni el café, ¿de qué vamos a vivir?, dijo un asistente a la asamblea.
Otro anciano fue tajante: Tal vez habrá salarios para esta generación que hoy vive, ¿y para nuestros nietos y los que van a venir después? Tal vez quieran construir escuelas y hospitales en estos momentos, y cuando se acaben los metales, ¿qué va a pasar?
Al término de la asamblea de Tierra Colorada, Pablo Guzmán Hernández, uno de los 10 coordinadores de la policía comunitaria, recordó que el 23 de enero, en Jolotichan, municipio de San Luis Acatlán, «todos los comisarios y autoridades rechazaron que nuestros bosques y montañas sean pulverizados; que los ríos sean anegados, todo mundo se pronunció en favor de la vida, de que sigan volando las aves por las cañadas del territorio comunitario.
Las mineras son un peligro para la misma vida, para el equilibrio ecológico, ya no habrá paisajes y desaparecerán nuestros lugares sagrados. Acá en la Montaña mucho se venera a San Marcos, o como antes se conocía: Tláloc, o Chac, y los pueblos indígenas van a los cerros a pedir lluvia para que haya buenas cosechas; por eso estamos en favor de conservar el entorno ecológico, social y cultural, por eso decimos no a las mineras, añadió.
Guzmán Hernández resaltó que la mayoría de las 70 comunidades bajo influencia de la policía comunitaria ya rechazaron la presencia de minas, incluso los pueblos que no se rigen por las leyes de la policía comunitaria lo han rechazado, en total son más de 100 pueblos, por eso estamos convocando a otra asamblea el próximo 26 de febrero, la definitiva, en la comunidad de Paraje Montero, municipio de Malinaltepec; ya se hizo una asamblea con los núcleos agrarios el pasado 5 de febrero en Colombia de Guadalupe, y también se rechazó la propuesta de que vengan a explotar minerales a nuestro suelo.
En la reunión de Paraje Montero, insistió, se prevé que la totalidad de los núcleos agrarios fijen por escrito su rechazo a la presencia de empresas mineras, canadienses e inglesas, debe haber un documento formal y oficial emanado de la asamblea, que se entregará a los tres niveles de gobierno y a instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que a los pueblos indígenas no se les consultó si aceptaban o no la explotación de sus tierras, y eso es una afrenta para nosotros, no lo vamos a permitir.
Se prevé para este mismo año que inicie la explotación de los yacimientos en tres puntos: uno, por la empresa inglesa Hochschild Mining y su filial Minera Zalamera, en los municipios de Malinaltepec, Tlacoapa, San Luis Acatlán y Zapotitlán Tablas. Los otros dos proyectos son San Javier y La Diana, y estarán a cargo de la canadiense Camsim Minas SA, y abarca comunidades de los municipios de Malinaltepec e Iliatenco.
Presuntamente desde el 21 de octubre de 2010, ambas compañías recibieron los permisos del gobierno mexicano, mediante la Dirección General de Geografía y Medio Ambiente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.