Los pueblos latinoamericanos luchan contra la “inversión” minera, maquinaria asesina de la “modernidad”, cuyo excremento es el “desarrollo”
Campesinos del sur peruano cumplen hoy 20 días de paro indefinido exigiendo la suspensión de concesiones mineras y petroleras en sus territorios, pero el Estado no atiende sus reclamos y desmerece la acción popular. En los últimos meses se registra un notorio incremento de conflictos socio ambientales en casi todos los países de Latinoamérica, relacionados en su mayoría con megaproyectos mineros y petroleros. Se juzga sobre todo la explotación irracional de territorios, privilegiando siempre los intereses de los inversionistas y soslayando los daños ambientales y los derechos de sus ocupantes.
La protesta campesina estalló el 9 de mayo con una huelga general indefinida en la provincia de Chucuito -exigiendo la cancelación definitiva de la concesión minera Santa Ana- a la que se plegaron luego Yunguyo, El Collao y Puno, y en los últimos días, San Román, Azángaro y Melgar.
El 24 de mayo más de 10 mil pobladores se movilizaron en Puno reclamando al gobierno que decrete el cese de las concesiones mineras y petroleras en el Altiplano peruano. Miles de pobladores llegaron de las provincias Yunguyo, Chucuito e Ilave y pernoctaron en la Plaza de Armas de Puno. Luego se sumaron a la protesta los estudiantes de las Universidades Nacional del Altiplano y Andina Néstor Cáceres Velásquez.
Paralizaron actividades los establecimientos comerciales, las escuelas, el servicio de transporte urbano y provincial; y suspendieron actividades los cuatro mercados de la ciudad: Central, Bellavista, Laykakota, Unión y Dignidad. El 25 de mayo, cerraron puertas la banca estatal y comercial y en todos los establecimientos de servicio al público en Puno. La población concentrada en la Plaza de Armas gritaba “mina no, agro sí”; “abajo Alan García vendepatria”.
En el décimo séptimo día de huelga indefinida, otros miles de pobladores llegaron de Azángaro, y comenzaron las movilizaciones en las ciudades de Juliaca – San Román y Ayaviri – Melgar. “Alto a las concesiones mineras sin el debido respeto a los pueblos y a su derecho de CONSULTA, de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la OIT”, se pronunció la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) el 25 de mayo. También se solidarizaron con la lucha de Puno las autoridades de las municipalidades provinciales de Melgar, El Collao y Puno.
La Municipalidad Provincial de Puno, mediante Acuerdo de Consejo N° 049-2011-CMPP, expresó su respaldo y solidaridad con los pobladores del sur peruano. “Frente a la indiferencia del Gobierno de turno y a la falta de atención a las justas demandas reivindicativas de los pueblos aymaras y quechuas, que se encuentra en defensa de sus legítimos, exhortamos al Gobierno central escuchar al pueblo que lo eligió”, declararon las autoridades de la Municipalidad Provincial de El Collao.
El alcalde la provincia de Melgar – Ayaviri Luciano Huahuasoncco Hancco, mediante pronunciamiento público, hizo conocer su rechazo a las concesiones mineras y exigió al Gobierno central y regional el estricto cumplimiento del DS Nº 018-92-EM, que requiere la aprobación del INC, certificación ambiental y otros requisitos previos a la exploración y explotación de yacimientos mineros.
La CONACAMI denunció a fines de 2010 que más del 70% del territorio peruano está concesionado a transnacionales mineras y petroleras; y en febrero de 2011 reveló que el gobierno de Alan García pretende declarar de “necesidad nacional” la ejecución de 33 mega proyectos de infraestructura “sin necesidad de presentar estudios de impacto ambiental”.
“La protesta unánime de nuestro pueblo aymara es contra la ideología y la práctica emprendida por el asesino modernizado llamado ‘inversión’ que lo ha puesto de rodillas al presidente-cacique de los ricos Alan García Pérez”, explicó el profesor del Departamento de Humanidades, Sección Lingüística y Literatura, de la Pontificia Universidad Católica del Perú – Lima Roger Ricardo Gonzalo Segura.
Según Gonzalo Segura, “los asesinos modernos que hoy se manifiestan bajo la careta de ‘desarrollo’ matan las aspiraciones de los pueblos, matan su identidad, su lengua, sus sueños, su tranquilidad, su historia, su dignidad, su religión, sus dioses… matan a los niños lentamente… matan el oxígeno, matan sus tierras, sus ríos y sus lagunas… Y siembran campos envenenados con mercurio, siembran el olvido, la prostitución, el desprecio y el auto desprecio, la miseria material y espiritual…”.
El académico peruano afirmó que “la involución humana llamada ‘modernidad’ y la maquinaria asesina llamada ‘inversión’ cuyo excremento es el ‘desarrollo’, se apropió de la voluminosa figura de nuestro presidente…”.
El presidente García opinó que la movilización campesina tiene un “tufillo electoral clarísimo… y lo que están buscando unas malas personas es que haya alguna víctima o muertos y de esa manera generar una situación electoral para el domingo 5 (de junio)”.
García insinuó que en las protestas hay injerencia extranjera de personas “traídas de otras partes”. El diario El Comercio de Lima sugirió que había llegado de Bolivia una delegación de “mallkus de los ponchos rojos”, la facción radical de campesinos que apoya al presidente Evo Morales.
Repitieron ese rumor la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), la Cámara Regional de Turismo de Puno (Caretur), la Asociación Peruana de Operadores de Turismo Receptivo e Interno (Apotur), la Asociación Peruana de Agencias de Viaje y Turismo (Apavit), y la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora).
Reanudan las protestas en Puno
El viernes se aprobó el Decreto Supremo 008-2011-MINAM que exime al Cerro Khapia de la explotación minera , al declararlo reserva paisajística en beneficio de Yunguyo, Copani, Cuturapi, Zepita y Pomata.
El sábado, luego de más de ocho horas de negociaciones en Lima entre la presidenta del Consejo de Ministros Rosario Fernandez y autoridades políticas y dirigentes de la región Puno, el Ejecutivo se comprometió a suspender la admisión de concesiones mineras por un periodo de 12 meses en las provincias de Chucuito, Yunguyo, El Collao y Puno.
La presidenta del Consejo de Ministros informó que los indígenas, a través del mecanismo de la consulta previa, tendrán la facultad de aprobar o desaprobar las operaciones de la mina Santa Ana. También se acordó que cualquier controversia futura en el sur de la región de Puno será resuelta por una Comisión Multisectorial integrada por representantes de los gobiernos central, regional, provincial y distrital, y de la sociedad civil.
Los aymaras de Puno desconocerán los acuerdos negociados en Lima por autoridades regionales que no nos representan, ningún dirigente del FDRNSP o de las comunidades campesinas participaron o estuvieron representados en la Mesa de Diálogo con el gobierno en Lima, y por tanto los acuerdos son considerados nulos, advirtió el presidente del Frente de Defensa de los Recursos Naturales del sur de Puno (FDRNSP) Walter Aduviri.
“Es tirar la pelota al siguiente Gobierno; esto es una mecida más, la población juzgará el actuar de los alcaldes”, dijo el líder campesino y reiteró que no son negociables los pedidos de anulación definitiva de la concesión minera Santa Ana.
Aduviri anunció que este lunes la población de Puno continuará con las protestas y con los bloqueos de las carreteras Puno-Desaguadero e Ilo-Desaguadero, y no descartó la toma física del aeropuerto Inca Manco Capac de Juliaca.
La protesta continental contra la minería transnacional
La expansión minera “alcanzó niveles máximos en el continente americano”, alertó el Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir realizado en noviembre de 2010 en Lima. Representantes indígenas de todo el continente se quejaron una vez más por los graves impactos de las industrias extractivas de minerales en sus territorios ancestrales, en el X Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas celebrado en mayo de 2011 en Nueva York.
El mexicano Saúl Vicente Vázquez, miembro del Foro Permanente de Asuntos Indígenas de la ONU, denunció que corporaciones ejecutan proyectos sin tomar en cuenta los intereses de los pueblos originarios. Y cuando esos conglomerados reclaman sus derechos y exigen ser consultados, sufren “la criminalización de la protesta social”.
América Latina recibió el 26% de la inversión global en exploración minera en 2009, la mayor desde 2001. La bonanza de precios internacionales en 2010 hizo que las empresas incrementen sus inversiones a nivel mundial en un 40%, según Metals Economics Group (MEG). En la actualidad, la exportación de minerales es la principal fuente de ingreso para la mayoría de los países latinoamericanos, y para algunos de ellos representa cerca del 70 por ciento de sus ventas al exterior, estima el Banco Mundial.
De todas las actividades económicas, la minería es la que ocasiona mayor contaminación de aguas superficiales y subterráneas, aire, suelos y vegetación. La minería transnacionalizada está presente en todo el continente, a la cabeza del capital canadiense; y la reacción popular crece principalmente en Sudamérica, con el impulso de las comunidades indígenas, evaluaron investigadores y activistas sociales de la Alianza Social Continental (ASC) el 7 y 8 de abril en Buenos Aires.
En Centroamérica experimentamos una gran ofensiva de las transnacionales dedicadas a la explotación de oro y plata con graves impactos ambientales en la mayoría de las cuencas hidrográficas compartidas de la región, informó el activista Edgardo Mira.
En Nicaragua se prohibió la minería a cielo abierto, pero se demanda que no se concedan más licencias de explotación. En El Salvador se planteó una demanda contra el gobierno, pero fue desestimada por el CIADI. En Panamá, el gobierno de Ricardo Martinelli refrendó una ley para reformar el Código de Recursos Minerales y permitir la participación de capitales extranjeros, pero una movilización indígena le obligó a derogar la legislación.
El territorio amazónico es el más codiciado por sus abundantes reservas de petróleo, oro, bauxita, piedras preciosas, manganeso, uranio y coltán. En Brasil, un nuevo código forestal en proceso de aprobación legislativa extiende los límites de la explotación minera, y ya ha provocado una fuerte polémica entre los movimientos sociales, incluso al interior de la CUT.
En la región amazónica más de un millón de personas padecen intoxicación por mercurio y otros residuos cancerígenos provenientes de la actividad minera, denunció el presidente del Parlamento Amazónico Internacional Eddy Gómez Abreu en la XX Feria Internacional del Libro de La Habana.
En ese evento, el académico Edgardo Alarcón demostró que la ciudad peruana de la Oroya presenta altos contenidos de plomo y azufre en el aire y es una de las 10 urbes más contaminadas del mundo, al igual que los poblados de Ilo y Cerro de Pasco donde pululan en el aire partículas de cadmio, arsénico y antimonio.
En Colombia se conformó la Red Frente a la Gran Minería (RECLAME), una coalición de organizaciones que lideró la lucha contra el proyecto minero Angostura en el páramo de Santurban, y obligó a la transnacional Greystar a retirar la solicitud de licencia ambiental.
El 8 y 9 de abril de 2011, más de cien delegados de organizaciones regionales de resistencia a megaproyectos mineros se reunieron en el II Encuentro de RECLAME en Bogotá, para planificar nuevas movilizaciones contra las trasnacionales que depredan los recursos naturales “a cambio de unas insignificantes regalías que no compensan los impactos negativos, ni los riesgos de la megaminería”.
En la oportunidad, mujeres y hombres, afros, campesinos, indígenas, comunidades urbanas, intelectuales, estudiantes, trabajadores y pequeños y medianos mineros de Colombia coincidieron en la necesaria unidad de amplios sectores de la población colombiana para enfrentar a la actual política minera “que no le sirve a los(as) colombianos(as)”.
Chile también es un país afectado por la gran minería y allí comienzan a emerger movimientos sociales que luchan contra las transnacionales extranjeras. Lo mismo ocurre en Bolivia, cuya tradición minera se remonta a la colonia.
Diversos sindicatos y organizaciones sociales bolivianas han organizado ya dos encuentros nacionales para analizar la situación real del negocio minero en el país, dominado casi por completo por las transnacionales. Por ejemplo, San Cristóbal y Sinchi Wayra controlarían más del 95% de la producción de zinc y el 99% de la producción de plomo. Se comenta que el valor de las exportaciones de San Cristóbal en 2010 fácilmente supera los 1.500 millones de dólares, pero en 2009-2010 pagó apenas 267 millones de bolivianos de regalías.
La explotación minera transnacional comienza a movilizar a un frente sindical integrado por la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FTMB), Federación de Trabajadores de la Educación Urbana de La Paz (FTEULP), Unión Nacional de Defensores de los Recursos Naturales de Bolivia (UNADERENA), Sindicato de Trabajadores Mineros de Huanuni, Confederación Nacional de Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), y gremios fabriles, campesinos, centrales obreras departamentales, comités cívicos y comités de profesionales.
En los debates nacionales referidos al problema minero se juzga sobre todo la explotación irracional de territorios, privilegiando siempre los intereses de los inversionistas y soslayando los daños ambientales y los derechos de sus ocupantes.
La “locomotora minero-energética” que se propone como la fuente principal de crecimiento de la economía nacional, es en realidad una aplanadora que está produciendo una destrucción de la biodiversidad sin antecedentes, una seria afectación a las comunidades, violaciones a los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, y persecución a los pequeños y medianos mineros nacionales, afirmaron los miembros del frente colombiano RECLAME.
Los movimientos sociales de la región son conscientes de que la expansión minera es un problema continental, y por ello comienzan a articular luchas y acciones de hecho contra los inversionistas extranjeros, que en su mayoría son canadienses. La ASC organiza una Jornada Continental de lucha contra la Gran Minería Trasnacional para el 21 de junio, y un Encuentro Continental del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) en agosto de 2011.