Los impactos ambientales negativos generados por la empresa Doe Run en Perú y en Estados Unidos siguen generando reacciones en diversas instituciones y autoridades. En efecto, hasta la fecha la empresa no ha demostrado una voluntad real de remediar los daños que ha generado la contaminación sistemática en La Oroya y en Missouri.
Asimismo, en el caso peruano siguen los procesos de negociación entre Right Business, actual administradora de Doe Run y los trabajadores, que hasta la fecha no han podido retomar sus labores.
A continuación presentaremos los principales sucesos de este periodo:
REGISTRO DE OCURRENCIAS
02.05.13 Lima – Se realizó una reunión entre los trabajadores de Doe Run Perú (DRP) y la empresa Right Business, actual administradora de DRP, donde se firmó una nueva acta de cese temporal de labores. Esta acta establece que los trabajadores que aún no están laborando (casi unos 800 del circuito de cobre) recibirán el 75% de su sueldo por un periodo de cuatro meses, que comprende del 01 de abril al 31 de julio de este año. Asimismo, la empresa pagará un adelanto de las acreencias laborales a los trabajadores de 5 mil soles en dos cuotas, el 3 de junio y el 6 de setiembre. Trabajadores de Doe Run Perú (DRP) y la empresa Right Business
07.05.13 Lima – La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) llamó la atención del gobierno peruano sobre la «tragedia» de la ciudad de La Oroya, construida alrededor de un complejo metalúrgico, operado por la firma Doe Run, propiedad del estadounidense Grupo Renco, donde el derecho a la salud ha sido violado por la contaminación ambiental. Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)
14.05.13 Morococha – El alcalde del distrito de Morococha, Marcial Salome Ponce, indicó se dará una reunión con diversas autoridades del Estado, en atención a la queja de los vecinos de la zona sobre el tema del reasentamiento a la ciudad de Carhuacoto. Según señaló el alcalde en la reunión participarán funcionarios de la Presidencia del Concejo de Ministros, del Ministerio de Energía y Minas, del Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de la Mujer. Alcalde del distrito de Morococha
16.05.13 Lima – En el marco de las negociaciones del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), la RedGe junto a organizaciones de la sociedad civil alertaron que de aceptarse la propuesta de Estados Unidos respecto al capítulo de protección de las inversiones, podría ser usado como un mecanismo para bloquear la capacidad reguladora del Estado. José de Echave, investigador de Cooperacción, informó que a la fecha el Estado es demandado por US$ 6 mil millones por inversionistas extranjeros que se amparan en los Tratados Bilaterales de Inversión y Tratados de Libre Comercio (TLC).
Explicó que en dicho capítulo se establece que los empresarios extranjeros pueden recurrir a tribunales internacionales (CIADI, UNCITRAL).Existen casos como el de Doe Run, Luchetti, Duke Energy, Pluspetrol, entre otros.
RedGe, Cooperacción
18.05.13 – Missouri Doe Run y su propietario Ira Leon Rennert siguen recibiendo duras críticas por la falta de adopción de medidas de remediación frente al daño ambiental ocasionado en Missouri. En efecto, la empresa sólo se ha limitado a instalar algunos paneles solares en los techos de Herculaneum High School y algunos motores diesel nuevos en bus del Reynolds County School. Ello de ninguna manera compensa las décadas de contaminación que causó Doe Run en Missouri. Doe Run
19.05.13 La Oroya – El secretario nacional de los mineros, Luis Castillo Carlos, convocó a una reunión de trabajadores mineros de Doe Run, para informar sobre los acuerdos pactados con funcionarios de la empresa en liquidación, acerca de lo que percibirán de abril a julio de acuerdo al acta firmada.
De otro lado los trabajadores del denominado Sindicato Único de Trabajadores de Producción (SUTAP) que aglutina casi 300 trabajadores de DRP todavía no han firmado su nueva acta de suspensión de labores y están en plenas reuniones con los funcionarios de la empresa. Trabajadores de Doe Run Perú
Algunos elementos para el análisis:
Los procesos de negociación entre la actual administradora de Doe Run, la empresa Right Business se siguen dando. Recordemos que mientras no se construya la tercera planta de ácido sulfúrico, el circuito de cobre no puede reiniciar sus operaciones y por lo tanto, los trabajadores de este circuito no pueden retomar sus labores. En estas últimas semanas se han dado amenazas de huelgas y paros, que se han suspendido ante la firma de un nuevo acuerdo de cese laboral.
La Oroya y la contaminación que ha generado la empresa Doe Run siguen acaparando la atención de instituciones y autoridades a nivel nacional e internacional. Así, ante un panorama que define como la «historia de una tragedia», la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) exige al Grupo Renco, que se abstenga de intentar obtener una indemnización de Perú por el complejo metalúrgico que controlaba y está actualmente en liquidación.
El pedido está contenido en un informe denominado «Donde la inversión se protege por encima de los derechos humanos», que recuerda a las autoridades peruanas que La Oroya es una de las ciudades más contaminadas del mundo por la emisión de humos del complejo metalúrgico que opera desde hace más de cien años. El documento señala que durante décadas, la población de La Oroya ha estado expuesta a «altos niveles de contaminación del aire debido a las emisiones tóxicas del complejo que incluyen plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre».
La FIDH reclama a la propietaria Renco que desista de una demanda contra el Estado peruano que presentó en abril de 2011 ante el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en Washington, pidiendo una indemnización de 800 millones de dólares.
Asimismo, la empresa Doe Run sigue demostrando muy poco interés en remediar el daño generado no sólo en Perú sino también en el Estado de Missouri en Estados Unidos. Hace unas semanas, un reporte periodístico dio cuenta de la falta de implementación de medidas de remediación efectivas frente a los impactos ambientales que generó la empresa por años en Missouri.
Finalmente, es importante señalar que en el marco de las negociaciones del TPP, uno de los temas abordados por las organizaciones de la sociedad civil peruana fueron los riesgos de la aprobación de un capítulo de inversiones en el que se continúe aplicando el mecanismo inversionista- Estado como mecanismo de resolución de disputas. En efecto, este mecanismo permite que inversionistas privados demanden directamente a los Estados a través de un tribunal arbitral. Esta es una herramienta que ha sido utilizada por empresas como Doe Run, que amparado en el capítulo de inversiones del TLC con Estados Unidos, ha interpuesto una demandado de arbitraje contra el Estado, exigiendo el pago de una indemnización de USD 800 millones. Ello limita tremendamente la capacidad de acción de los Estados, quienes pueden tener restricciones en la implementación de políticas regulatorias de las inversiones más exigentes ante los riesgos de ser demandados por las empresas privadas.