Ha pasado un mes de la fecha estipulada para la firma del contrato entre el Estado Uruguayo y Aratirí y todavía no se ha efectuado el acuerdo. La semana pasada el presidente José Mujica manifestó que «sin garantías suficientes» el proyecto no se llevará adelante. En torno a la polémica, el Movimiento Uruguay Libre de Megaminería sigue juntando firmas para realizar una consulta popular y elaborando informes que contradicen las informaciones oficiales. En Perspectiva conversó con Raúl Viñas, vocero de dicha organización, quien acusó a Aratirí de no tener «ni la experiencia ni el capital» para un emprendimiento como este. De firmar un contrato con esta empresa, a Uruguay «le sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica», señaló Viñas. Sobre el final, concluyó: «la minería puede ser un gran negocio en Uruguay» pero no «para Uruguay».
EMILIANO COTELO:
Uno de los debates centrales de este año 2014 es si Uruguay debe ingresar o no en la megaminería y, en caso de que se vaya por ese camino, qué condiciones hay que ponerle al proyecto de la multinacional Aratirí.
Después de la sesión especial del Senado promovida por la oposición para reclamar que el Gobierno difundiera el texto del acuerdo negociado con Aratirí antes de firmarlo y que no se avanzara hasta que la Dinama no otorgara la Autorización Ambiental Previa, la semana pasada quien movió sus fichas fue el presidente José Mujica. El miércoles les solicitó a sus ministros mayor información sobre la inversión, y el viernes, hablando en su audición radial en M24, aseguró que si no existen las garantías suficientes no se firmará el contrato con la empresa
Mientras tanto, el PIT-CNT decidió que no acompañará la campaña de recolección de firmas para que se prohíba en Uruguay la megaminería a cielo abierto y, en cambio le dio un apoyo crítico al proyecto de Aratirí, basándose en la cantidad de puestos de trabajo que generará y en la posibilidad de que no solo se extraiga el hierro, sino que además se den los primeros pasos para una industria que procese esa materia prima.
¿Cómo observa todas estas novedades el Movimiento Uruguay Libre de Magaminería, que viene liderando la resistencia a esta iniciativa y que en los últimos meses ha presentado análisis con números y con documentos para sostener sus posiciones y para debatir por ejemplo con los voceros del Gobierno?
Vamos a conversar hoy con Raúl Viñas, uno de los portavoces de esta organización.
Durante el mes de enero el Gobierno daba como un hecho que la firma del contrato con Aratirí era inminente. En determinado momento se manejó incluso una fecha, la semana del 10 de febrero, pero estamos en 10 de marzo y todavía no se firmó. El viernes en su audición radial Mujica aclaró: «No firmaremos el contrato hasta tener todas las garantías». Pero hoy El Observador agrega que, por decisión de Mujica, el Poder Ejecutivo va a firmar un decreto por el cual se sumará al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca a las tareas de control y seguimiento del plan de cierre de Aratirí.
¿Qué interpretación hacen de estas novedades surgidas en el Poder Ejecutivo?
RAÚL VIÑAS:
Lo primero, el tema está hoy en la opinión pública y el Gobierno se está haciendo eco de esa opinión pública.
Con relación a que el presidente pida garantías o diga que sin garantías no, la ley le pone algunas garantías que debe exigirle a la minera, garantías económicas principalmente. Con respecto a la actitud del PIT-CNT, una actitud soberana, por una decisión que tomó en este caso solamente y por ahora el Secretariado Ejecutivo, hemos conversado con ellos, con los principales dirigentes. Hemos tenido ocasiones de encontrarnos tanto en ambientes públicos como en ambientes universitarios, para discutir y conversar sobre el tema. Y les mostramos lo que sucede con las dos premisas principales, el tema de los puestos de trabajo –que no son tantos ni son tales ni por tanto tiempo– y el tema de la industrialización, que es muy caro al PIT-CNT, sobre todo para la gente de la Untmra. Conversamos con los dirigentes del sindicato de Aratirí, conversamos con gente de segunda línea de la Untmra también, y ellos entienden –nosotros también– que sería muy bueno que en Uruguay se industrializara el mineral. El tema es que hoy nos encontramos con que el trato se está haciendo con una empresa que dice ser minera y que incluso ante el Parlamento se presentó como minera diciendo que si alguien quería industrializar tenía que ser otra persona.
El problema para nosotros es que si se llegara a firmar un contrato con esta empresa autorizándole la extracción a la tasa que ellos proponen –ilimitada prácticamente, la mayor técnicamente posible, que no atiende ninguna consideración estratégica, que atiende sí el interés de la empresa de obtener la máxima ganancia en el menor plazo posible– el Uruguay quedaría atado en forma tal que sería imposible lograr el desarrollo de cualquier escalón de la industria metalúrgica. Quizás en Uruguay no tengamos las condiciones como para hacer acero, pero es seguro que podemos producir las primeras etapas de procesamiento industrial del hierro, que no es sacar el mineral como por un tubo –por un tubo directamente, el mineroducto– para venderlo como una materia prima, sino procesarlo utilizando posiblemente carbón de leña y producir de esa manera arrabio, que es lo que después se utiliza para alimentar los altos hornos siderúrgicos.
EC – Para ustedes, ¿hay un cambio en el Gobierno hacia una postura más exigente con Aratirí?
RV – No sé si más exigente con Aratirí. Entendemos que nuestra prédica de llevar números apoyados con cosas reales, no buscar números ni quimeras, ni salir con propagandas, sino ir por la parte técnica, principalmente en el área económica, debe estar dando resultados. No hace 15 días le presentamos al Fondo Monetario Internacional (FMI) un expediente que lo obliga en cierta forma a contestarnos por los errores cometidos en el informe sobre las ganancias que obtendría nuestro país de la minería.
EC – El FMI había divulgado un documento –que incluso después el propio presidente Mujica citó– en el que se sostenía que en los 27 años que duraría el proyecto Aratirí le dejaría al Estado uruguayo unos 26.269 millones de dólares. Ustedes salieron al cruce muy pocos días después. ¿Por qué?
RV – Cuando nos hicimos con el documento, lo entramos a revisar y vimos que adolecía de graves fallas. No tenía en cuenta nuestra normativa legal, tenía errores matemáticos, entonces decidimos hacer un contradocumento, pero no para sacar a la prensa –aunque salió–, sino principalmente para llevárselo al Fondo y mostrarle que este es un país en serio, que no pueden venir al Centenario «a jugar de taquito», que cuando traigan algo lo estudien bien antes, que se preparen bien.
El otro día hablábamos con Marcelo Abdala y él me decía «al FMI le hemos ido muchas veces en contra». Reconocemos la lucha del movimiento obrero en ese tema, pero esta es la primera vez que el Fondo se encuentra enfrentado a un expediente que ingresó en su estructura, que tiene fecha de entrada, que tiene número de entrada como documento, lo cual lo va a obligar a contestar y ahora sí a reconocer su error.
EC – ¿Cuál es el análisis que han hecho de ese documento? ¿Dónde están las equivocaciones?
RV – Las equivocaciones estaban en que utilizaba el canon del código minero anterior, sin las modificaciones del 2011, pero después las aplicaba como si tuviera la modificación del código minero nuevo. Sin querer entrar en números, multiplicaba por dos solamente el canon. Después cuando tomaba la renta de la empresa daba un costo de extracción que está en el 20% del costo de extracción real incluso dado por esta misma empresa en su sitio web. Ya sumando eso nos daba graves errores; había otros, pero no quiero entrar en números. Conceptualmente llegamos a que aun asumiendo que el proyecto durara 27 años, que es un número sacado de algún lado que no sabemos cuál es…
EC – ¿No es el número que maneja oficialmente Aratirí?
RV – No es el número que maneja Aratirí, no es el número que se maneja para firmar el contrato. El propio ministerio dijo que el contrato sería a 20 años, pero los 20 incluyen tres o cuatro de instalación. Son 15 de extracción en realidad, en los cuales se podría cobrar dinero, mientras la empresa se instala no se cobra.
EC – ¿Qué dicen las cuentas de ustedes?
RV – Nuestras cuentas daban que aun tomando como ciertas todas las cosas que ponía el FMI en cuanto a duración del proyecto y demás, la ganancia quedaba en 7.300 millones, menos del 30%.
EC – 7.300 millones de dólares en 27 años…
RV – … si durara 27 años.
EC – … para el Estado.
RV – Asumiendo que todo lo demás que ponía el Fondo hubiera sido correcto. Eso da unos 200 y pico de millones anuales, que no tienen nada que ver con los 400 que está diciendo el Gobierno. Esto también lo analizamos. Cuando pudimos obtener una planilla oficial del Gobierno que mostraba los números que se adjudicaban a cada uno de los impuestos que se espera recibir, podemos decir que seguramente los problemas educativos de nuestro país no son de ahora…
EC – ¿Por qué dice eso?
RV – … Lo pongo con un ejemplo como si estuviéramos en la escuela primaria: un señor se lleva de una huerta un canasto con 100 manzanas. Cuando sale se le dice que tiene que dejar 5 –lo que sería el canon minero–. De esas 5, 3 quedan para el Estado y 2 quedan para el dueño del huerto. ¿Con cuánto dinero se quedó el Estado? Se quedó con 3 manzanas. En los números del Gobierno aparecen como ingreso impositivo, a partir del cual después se genera el fondo solidario y todo lo demás, las 5 manzanas. Evidentemente hay o problemas de comprensión lectora o tenemos problemas de matemática más serios de lo que pensábamos.
EC – Si las cifras a propósito de lo que el Estado va a recaudar con el proyecto Aratirí son las que ustedes han salido a plantear, si no son las del FMI, si no son las del Gobierno, si son del orden de 200 millones de dólares por año…
RV – … 200 millones de dólares si asumimos todo lo que dice el FMI. Nuestras cifras, calculando todo bien, nos dan incluso menos, porque tenemos que considerar además que la empresa está diciendo ahora que no empezaría la explotación con 18 millones, que lo haría con 9. Si la empresa explota 9, mientras explote 9 y deduzca de sus gastos –puede hacerlo– los costos de inversión de 3.000 millones, y además por la nueva ley minera puede deducir los costos previos, de estudios, que son 170 millones, no pagaría prácticamente nada más que lo del canon.
EC – ¿O sea…?
RV – Unos 45 millones, de los cuales 27 quedarían para el Estado y 18 para los superficiarios. El Estado en los primeros años en esas condiciones podría recibir 27 millones de dólares. No es ni para discutirlo.
EC – Es enorme la diferencia de cálculo de lo que el Estado podría recibir con el proyecto Aratirí entre los números de ustedes y los números que han manejado el Gobierno y el FMI.
RV – De los del FMI no podemos decir más nada. Ya se lo mandamos al Fondo, esperamos que nos contesten y vamos a aceptar sus disculpas cuando las ofrezca. En cuanto al Gobierno, estoy cambiando una parte, estoy diciendo que la empresa explica hoy que no explotaría 18 millones de entrada, sino 9.
Por otro lado, los números que nos presenta el Gobierno asumen que la empresa cobraría el precio internacional, y el precio internacional –que sale en internet, está disponible– es el precio del mineral puesto en China, incluye flete y seguro. El precio normal, lo que podría recibir el Uruguay por sus minerales, es por lo menos de 25 dólares menor, tomando en cuenta los costos actuales de exportar el hierro de Brasil a China. (No tenemos un costo desde Uruguay, pero suponemos que podría ser el mismo que desde Brasil.) En ese caso, si te dicen por ejemplo que son 100 y que la empresa facturaría 1800 millones porque sacaría 18 millones de minerales, y le sacas 25, la empresa ya no factura 1800, factura 1350, y de esos 1350 es que paga el canon del 5%, unos 67 millones en lugar de 90, de los cuales el Estado solamente se queda con tres quintos.
Verdaderamente tenemos muy clara esta danza de números, se la podemos discutir a cualquiera. Ojalá nos demuestren que estamos equivocados, pero hasta ahora no ha salido nadie.
EC – Ustedes dicen que con respecto a lo que el Estado recibiría hay una gran confusión o hay una gran ilusión, casi…
RV – La palabra «ilusión» se aplica.
EC – … Y ese es un punto determinante en toda esta discusión, porque uno de los argumentos a favor de ir por este camino, y en especial llevar adelante por el Estado la asociación con Aratirí, es que el Estado recibiría cantidades de dinero inusualmente altas que podrían destinarse parcialmente a atacar algunas necesidades de inversión que el país tiene…
RV – … un 30%.
EC – … y por otro se podrían dedicar a un fondo de largo plazo destinado a las futuras generaciones. Si los números son los que ustedes dicen, prácticamente no se puede hacer nada de eso.
RV – En los primeros 10 años la empresa deduce hasta 300 millones de dólares anuales, eso significa que paga de menos por renta directamente 75 millones, tenés que descontar ya de entrada 75 millones. En una explotación que la empresa al principio ponía 12 y que ahora podría llegar a ser de 15, ¿cuánto tiempo te queda para ganar después? Es muy poco, verdaderamente.
Por otra parte, el tema de las ganancias es muy difícil de llevar, porque además depende del precio internacional. Muchos analistas dicen hoy que el precio internacional tiende a bajar, en parte porque proyectos como este que propone Aratirí acá en Uruguay están apareciendo también en otros lados. Y si tú tienes una sobreoferta de cualquier cosa, evidentemente el comprador decide pagar menos y va a tener forma de hacerlo, porque si no se lo vendes tú a un precio, va y se lo compra a tu vecino.
EC – ¿Para ustedes este documento que sacaron discutiendo los números de los ingresos que el Estado recibiría debe haber pegado en el Gobierno?
RV – Sabemos que llegó.
EC – ¿Ahí está una de las explicaciones de estas medidas que está anunciando el Poder Ejecutivo en estos días?
RV – No sabemos exactamente a qué se refiere el Poder Ejecutivo, en este caso específicamente el señor presidente, porque cuando él dice que va a pedir más garantías, puede ser simplemente que esté apoyándose en lo que marca la ley 19126: que sin la garantía de cumplimiento de contrato no se puede firmar. No sabemos exactamente cuál es el alcance de las expresiones del señor presidente.
EC – Pero también se sabe, porque se informó oficialmente, que les pidió a los ministros más información sobre el proyecto.
RV – Sí, ahí tenemos las declaraciones del señor Frugoni, de la OPP, diciendo que esos pedidos de informe no son por los temas económicos ni por los temas ambientales, que se refieren simplemente a la cantidad de hectáreas que ocuparía… Diferentes voceros del Gobierno nos vienen diciendo diferentes cosas. Nosotros tratamos de salir de todo eso, analizarlo fríamente, estudiarlo y proponerle a la población que firme para el plebiscito que estamos impulsando a fin de que entre todos decidamos, con este tipo de información a la vista y a la mano y que pueda ser sopesada con tranquilidad.
EC – De todos modos, el viernes en su audición de M24, al tiempo que hacía esa aclaración, «si no tenemos garantías suficientes no firmamos», Mujica dijo otras cosas que más bien van a favor de que el Uruguay experimente con la megaminería. Dijo por un lado que si se concreta el emprendimiento, él entiende que no debe autorizarse otro de este tipo «por unos ocho años, porque el país necesita ganar experiencia y conocimiento». Este es uno de los ejes del planteo de Mujica: «Yo quisiera que Uruguay tuviera espaldas, oficio y capital para emprender proyectos mineros de esta estatura, pero no los tenemos, y ni siquiera sabemos». «Debemos aprender». En Uruguay «no seremos mineros jamás si no aprendemos de los que saben y tienen espalda en materia de capital. Quizás en 15 años sí nos planteemos otra cosa, porque ya tendremos una generación de geólogos en minería». «El Estado uruguayo busca socios, tiene disposición. Hay que arrancar».
Insiste mucho en que es importante aprender en esta materia.
RV – Estamos de acuerdo en que es muy bueno que el país aprenda, que el país emprenda nuevos caminos. El problema que vemos es que de emprenderlo con esta empresa, que no tiene ni la experiencia ni el capital para hacerlo –o sea que está en la misma situación que el Uruguay y evidentemente lo que necesita es que le firmen ese contrato, con lo cual nuestro país no gana nada, para poder obtener los fondos para ir adelante con esto– estamos contratando un maestro que sabe menos que los alumnos.
EC – Ustedes sostienen que no tiene experiencia minera.
RV – La empresa Minera Aratirí, más allá del nombre, es una empresa nacional subsidiaria de otra empresa, Zamin Ferrous. Y la empresa Zamin Ferrous se presenta como dueña de un portafolio de inversiones mineras de las cuales el emprendimiento que tiene en Susa ha sido puesto en tela de juicio por el Gobierno brasileño porque no ha pagado impuestos, porque trató de vender en el mercado local mercadería que era para exportación y por otras cosas por el estilo que están en la prensa brasileña y podemos leer tranquilamente (internet hoy nos permite llegar a eso). Ahora compró otro emprendimiento secundario que había sido de la empresa MMX, que le quedó debiendo unos 1.800 millones de dólares al fisco brasileño. Este señor Ekberg, una persona que se hizo millonaria en Brasil con este tipo de emprendimientos, compró esa empresa, que tampoco puede exportar porque el año pasado el muelle que tenía sobre el Amazonas se derrumbó y mató a seis operarios.
En realidad no han hecho un pozo por ellos mismos. Y si no que venga el señor Puntigliano y me explique dónde están sus grandes conocimientos. Que tengan personal que sepa, puede ser, pero como empresa no tienen experiencia. Estamos tratando de contratar un maestro que tiene que ir a estudiar las tablas. Es bastante complicada la situación en la que nos ponemos. Estoy de acuerdo en que con el tiempo podemos hacerlo mejor, pero queda claro que si le firmamos a esta empresa ese contrato y se le autoriza ambientalmente la explotación para 18 millones de toneladas, olvidémonos de que con el hierro podamos hacer algo más.
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EC – Enseguida retomamos la entrevista con Raúl Viñas, meteorólogo, docente de la cátedra de Agroclimatología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, docente de Sinóptica en la Escuela de Meteorología del Uruguay desde 1988, y uno de los voceros del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería. Con él vamos a detenernos en cuáles son las objeciones que tienen a este proyecto, y vamos a evaluar además cómo está respondiendo la opinión pública, sobre todo teniendo en cuenta que hay una encuesta muy reciente de la consultora Equipos que se difundió la semana pasada.
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EC – ¿Ustedes se oponen a la minería de gran porte en nuestro país?
RV – Personalmente me encargué de presentar propuestas en el Parlamento, junto con el señor […], con quien incluso estuvimos en estos micrófonos, para limitar la extracción de minerales a un porcentaje de las reservas, obligando de esa manera a las empresas a seguir haciendo inversiones en el tema de explorar nuevos yacimientos, lograr nuevas formas y demostrar y certificar las reservas que piensan explotar.
Lamentablemente hoy nos estamos enfrentando a que el Estado en cierta manera, tanto en el marco legal como en los hechos, ha renunciado a lo que nosotros consideramos su obligación: velar por los recursos naturales del país. Ante eso, al vernos enfrentados a una propuesta que podemos calificar de depredadora, por la cual se piensa obtener mayor cantidad de mineral anualmente de nuestro país de lo que se saca de yacimientos similares en otras partes del mundo, para llevar de hecho a que el yacimiento se agote en un corto plazo, la única opción que nos quedaba era «entonces esto no va», prohibir la minería metalífera a cielo abierto en el territorio nacional. Ese es el motivo o la razón de ser de este plebiscito que estamos llamando.
EC – Ustedes están proponiendo una reforma de la Constitución en la que se incluye una disposición con esa prohibición.
RV – Sí, proponemos la reforma, que es simplemente agregar algunas frases, como se agregaron las que tenían relación con el agua, al artículo 47 de la Constitución, que habla de la protección del ambiente. En este caso la principal de las frases es esa: «prohíbese la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional». Esa es la forma que vemos de lograr que esto se pare antes de que termine avanzando tanto que no tengamos vuelta atrás y nos encontremos en pocos años sin el recurso, sin las ganancias económicas que se esperaban, con una gran posibilidad de problemas ambientales, con una mano de obra que seguramente va a recibir mejores sueldos de los que recibe en otras actividades, pero que no son tan altos tampoco, y que además va a presentar un desempleo temprano, por la eliminación de la actividad, relacionado además con los problemas de salud que en parte justifican que se le pague más. Es una actividad que en todo el mundo se considera riesgosa y en muchos lados insalubre.
EC – ¿Cuáles son, por ejemplo, los impactos negativos que prevén en el proyecto que está manejando Aratirí? Aratirí proyecta desarrollar su proyecto en los departamentos de Treinta y Tres, Durazno y Florida, el complejo minero abarcaría 14.500 hectáreas, dentro de las cuales las minas en sí, que serían cinco, ocuparían 522 hectáreas.
RV – Las minas solas no pueden funcionar. Eso es simplemente un dato de propaganda. La mina, si no tiene un lugar que ocupa ese espacio para dejar los estériles, que en este caso es el 60% de lo que sale de la mina y queda al costado, si no tiene una gran reserva de agua, no puede funcionar. Entonces dejando de lado el tema de qué porcentaje del territorio nacional es, que seguramente es bajo, el tema principal es que se está cambiando una explotación de corto plazo, que económicamente no nos va a dejar gran cosa, un trabajo de baja calidad y por un corto plazo a cambio de eliminar del inventario de nuestro territorio una porción de ese territorio, por pequeña que sea.
Si eso se hiciera de otra manera… Por ejemplo, las cinco minas que va a abrir Aratirí van a estar durante algunos años funcionando todas en simultáneo. Eso está puesto en el estudio de Aratirí presentado a la Dinama, más allá de que algunas veces sus directivos hayan faltado a la verdad diciendo que se va a cerrar una mina antes de abrir la siguiente, lo que incluso ha sido publicado por nuestra prensa entrecomillado de los voceros de la empresa, eso no es cierto.
EC – ¿Cuál es el problema de que las minas funcionen simultáneamente?
RV – Para empezar, es más difícil de controlar cinco agujeros funcionando a la vez, es mucho más complicado ambientalmente el tema de la operación conjunta de eso. La empresa cambió mucho sus informes entre la primera y la segunda versión. En la segunda versión, por ejemplo, en el tema contaminación del aire, en el que yo como meteorólogo puedo tocar un poco más, las gráficas que presentan ahora, que presentó incluso en la Facultad de Ciencias Sociales el ingeniero Croce de la empresa, son sacadas sobre la base de que la empresa detenga el 85% de los aerosoles, el polvillo que iría a la atmósfera. Para detener ese 85% la empresa tiene que disponer de una gran cantidad de agua, porque la única forma que tiene de hacerlo, si no quiere usar agentes químicos, para mantener el polvo pegado al piso, es usar una gran cantidad de agua. Agua que después dentro del balance de agua de la empresa no está muy bien colocada.
Pero además la empresa plantea hacer eso utilizando cinco camiones de riego. Si hacemos el cálculo de la cantidad de litros que tienen que lanzar esos camiones, no lo pueden tirar en grandes cantidades. Seguramente mucha gente que vive en zonas del interior o aquí nomás en Ciudad de la Costa ha visto esos camiones que cada tanto operan que van regando la carretera para que no se levante polvo. No podés tirar demasiada agua porque destruyes el camino. Entonces, si consideramos la cantidad de agua que pueden tirar por hora esos camiones y la disponibilidad de camiones, esos camiones tendrían que trabajar entre 28 y 32 horas por día cada uno. Como el día tiene 24, evidentemente es un número que se colocó pero no hay forma de que la empresa lo cumpla. Vemos falta de seriedad en esa parte en relación con el manejo de los impactos ambientales.
Tengamos en cuenta –sin entrar en la parte de química– la cantidad de explosivos que se piensa manejar, es 35 veces más de lo que se importa hoy al país. Y de lo que se importa hoy el 95% va para la empresa Orosur, las minas de oro de Minas de Corrales. Cuando se pone como ejemplo que en Minas de Corrales hay una mina que funciona bien, hablamos de una explotación que va a utilizar 35 veces más explosivos.
EC – Pero estamos hablando de un efecto distribuido.
RV – Estamos hablando del efecto a lo largo de un año. En este caso sería 35 veces más explosivos utilizados que los que se utilizan hoy. Lo que utiliza en un año esta empresa, Aratirí lo va a utilizar en 10 días.
De cualquier manera, quizás el punto principal es el tema del desarrollo, el tema del trabajo y el tema de la industrialización del país. La empresa, como cualquier empresa, busca la mayor ganancia en el menor plazo posible. Es correcto que así sea, cualquiera de nosotros y de los oyentes que tenga una empresa va a buscar eso. Pero un país no es una empresa, un país tiene que pensar a largo plazo. No podemos aceptar que porque la empresa vea que va a ganar mucho dinero ahí y porque lamentablemente se nos diga que vamos a ganar también nosotros algún dinerito, hipotequemos las posibilidades de desarrollo a futuro. ¿Que esto va a hacer crecer el PBI, que esto va a hacer crecer algunos números de la macroeconomía? Sí, seguramente. ¿Va a aparecer como que el Uruguay tiene mayor inversión directa? Sí. Todo eso es muy bueno para los números para afuera, pero no es bueno para nosotros los uruguayos. Para nosotros los uruguayos lo que sirve es que esto nos dé desarrollo.
Esto va a dar crecimiento. Tú decías que yo enseño a los agrónomos; sí, y entre los agrónomos está muy clara la diferencia entre crecer y desarrollarse. Una planta puede crecer, pero solo se desarrolla cuando cumple ciertas etapas, por ejemplo cuando florece. Acá se nos ofrece una posibilidad de crecimiento que nosotros comparamos –mirá lo fuerte que podemos llegar a ir– con un tumor. Es una posibilidad de crecimiento rápido, localizado y que no beneficia en nada al resto del cuerpo. Ese tumor se elimina cuando se le corta el flujo sanguíneo (se le termina el hierro) o alguien lo extirpa (se le dice «señor, no puede seguir operando así»). Antes de tener un tumor, queremos que haya verdadero desarrollo, que ese mineral que está ahí, lo explote quien lo explote, sea para manejarse al mayor grado de industrialización posible con trabajo y con uso de la inteligencia de los uruguayos. Que no sea solamente explosiones, molienda, lo paso por un imán, lo mezclo con agua y lo tiro al mar.
EC – Otro punto crítico en este debate es el plan de cierre de las minas. ¿Qué objetan en ese sentido?
RV – En primer lugar, que no existe. Porque la empresa Minera Aratirí en su estudio presenta una posibilidad de un proceso de plan de cierre a 80 años dejando que se llenen de agua los pozos de las minas. Después se habla de que puede ser un poco más de tiempo, y se dice también que al menos la mitad se llenaría en los primeros 40, 50 años. Lo cierto es que hoy por hoy el plan de cierre que pide la ley 19126 de Minería de Gran Porte en el artículo 6 para que una empresa sea declarada de gran porte –como fue esta por el Gobierno en diciembre del año pasado– todavía no ha sido entregado por la empresa.
No podemos objetar un plan de cierre que no conocemos. Pero antes del plan de cierre viene todo lo anterior y viene lo principal: ¿qué nos va a dejar esto a los uruguayos? ¿Cuánto más vamos a crecer y qué tanto nos vamos a desarrollar a partir de esto? Crecer, momentáneamente algo, va a figurar que exportamos más, van a figurar algunas cosas. Algunas personas, unas 1.300, van a tener trabajo directo en la empresa, eso está puesto en la comunicación complementaria que le mandó la empresa a la Dinama en mayo de 2013, un tiempo después del informe primario. 1.300 operarios directos, con diferentes categorizaciones, incluso hay un renglón que prevé que puedan ser extranjeros, porque seguramente habrá especializaciones que no existen hoy en el país.
Y ahí tenemos la otra gran fantasía que aparece con esta empresa. Se dice –la empresa lo publicó en el año 2012 en esos folletos que venían con todos los diarios, en papel satinado, de gran tamaño, a todo color– que la empresa generaría, con 1.500 puestos de trabajo –ahora se habla de 1.300–, 10.500 puestos de trabajo indirecto, por cada minero trabajando en la empresa habría siete personas por fuera trabajando.
Nosotros no tenemos experiencia, pero fuimos al Consejo Internacional de la Minería Metálica, que no es una organización ecologista, es un consejo formado por las empresas mineras, y en el informe del año 2012 en la página 7 cuando habla del empleo dice que las empresas mineras son empresas que pagan normalmente salarios por arriba de lo que se paga en las zonas, que son buenas en generar trabajo indirecto. Pero el Consejo Internacional de la Minería Metálica, que está formado por empresas como Ríotinto, Vale, las empresas más grandes del mundo, dice claramente que por cada empleo que se da dentro de la mina se generan entre tres y cuatro afuera, no siete.
Según la proyección de la empresa se habla de que el emprendimiento podría dar trabajo directo e indirecto a 12.000 personas. Y una empresa que emplea a 1.300 le podría dar trabajo a 5.200 más como máximo, lo cual serían 6.500, menos de la mitad de lo que se dice. O sea, el impacto en el empleo también sería menor.
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EC – Ante una visión tan crítica como la que ustedes tienen con respecto al proyecto de Aratirí y lo que implicaría la megaminería a cielo abierto desarrollada en estas condiciones, más de uno los compara con los ambientalistas de Gualeguaychú.
RV – ¿Hablamos algo fuerte del ambiente o nos centramos más bien en la economía? Nosotros no es que seamos solamente críticos, somos objetivos. Nuestro movimiento tiene desde pescadores artesanales de Rocha hasta cañeros de Bella Unión, desde empelados de hoteles de cinco estrellas en Colonia hasta gente que trabaja en La Charqueada, estamos en todo el país. No somos extremistas, somos críticos y objetivos. Tenemos un equipo técnico muy bueno, muchos de los cuales ni siquiera, por su posición actual –incluso dentro del Gobierno–, no quieren que se sepa quiénes son, pero nos apoyan y nos dan información. ¿O alguien puede pensar que todo esto que estamos haciendo, que podemos discutirle un informe del FMI, que podemos discutir los números que presenta el Gobierno, que podemos hablar con seriedad y sin cucos…? Nadie está diciendo que vayan a nacer niños de dos cabezas ni cosa por el estilo, hablamos del ambiente con seriedad, explicamos los proyectos que se presentan, por ejemplo la forma que plantea la empresa para detener la contaminación al 85% cuando no le alcanzan los medios que pone ella misma para hacerlo.
EC – La recolección de firmas no viene bien…
RV – La recolección de firmas viene bien…
EC – … ¿Cuántas tienen a esta altura?
RV – Mañana tenemos la reunión de la semana y ahí vamos a tener un panorama más claro.
EC – Están con los plazos muy apretados, en abril se les termina el tiempo.
RV – No, en abril se termina el tiempo para presentarlo para la elección de octubre…
EC – En principio esa era la idea: conseguir un plebiscito de reforma constitucional simultáneo con las elecciones nacionales de octubre.
RV – Esa fue la primera idea y hacia ella seguimos trabajando. De cualquier manera, ese no es el fin de este movimiento. Entendemos que esto se va a seguir de una manera u otra, y debemos entender además que el movimiento ha crecido muchísimo. Tú al principio no nos veías por ningún lado, ahora, más allá de los problemas que hemos tenido… por ejemplo se nos hizo retirar las mesas de la plaza de los Treinta y Tres y demás entendiendo que hacíamos ocupación del espacio público, iniciamos expedientes ante la Intendencia para que se nos autorice, algo que por lo que tenemos entendido no hace ningún partido político ni nada.
Nosotros no tenemos personal rentado, el tiempo que todos nosotros dedicamos a esto es tiempo que sacamos de otras actividades. Atendiendo eso y atendiendo sobre todo el eco que recibimos de la gente que se nos va sumando todos los días al grupo, el eco que vemos en la página web… Nosotros no tenemos fondos propios, no manejamos fondos ni para imprimir las papeletas, le pedimos a la gente que lo haga. Esto es 100% ciudadano, no hay una organización centralizada. Tú nos ves a cuatro o cinco que somos los que más salimos a la prensa porque hemos tenido que tomar esta posición, somos ciudadanos privados, nunca estuvimos ni en partidos políticos ni en ninguna actividad por el estilo. Simplemente sabemos de algunos temas, nos juntamos, los estudiamos y vemos objetivamente que esto no le sirve al Uruguay. Te lo resumo en una frase: la minería puede ser un gran negocio en Uruguay; no va a ser, como está prevista, un buen negocio para Uruguay.
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Transcripción: María Lila Ltaif
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