Con lienzos y volantes fue interceptado lo que pretendía ser un solemne homenaje al presidente Ecuatoriano en la Universidad de Santiago donde se le otorgó el grado de Doctor Honoris Causa, las y los manifestantes aludieron a la represión que hoy experimentan las comunidades de Intag, de San Marcos y del Yasuní, víctimas del accionar de empresas como Codelco y Enap en su territorio.
Representantes del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago y del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, OCMAL, denunciaron las políticas pro extractivistas que está sosteniendo el gobierno ecuatoriano, contra los procesos democráticos y de autodeterminación que han impulsado los territorios para defender sus formas de vida y sus ecosistemas.
Las comunidades y organizaciones reprimidas por el gobierno de Correa en Ecuador, informaron del grado de militarización que vive hoy en el territorio de INTAG para permitir que la estatal chilena CODELCO ingrese y haga los estudios necesarios para transformar el cantón ecológico Cotacachi en una localidad minera, arrasando con la cosmovisión y las formas de vida local. Del mismo modo, ayer, la empresa china Ecuacorrientes ha penetrado en la localidad de San Marcos derrumbando la escuela y la parroquia para instalar un tranque de relaves en un territorio antes intocable por ser zona de frontera, pero que gracias a los buenos oficios de Chile y a la voluntad entreguista de los gobiernos del continente, fue liberado a la actividad minera mediante un tratado minero binacional entre Perú y Ecuador, en la misma línea del que fuera suscrito pioneramente entre Chile y Argentina en 1997.
La voluntad política del gobierno ecuatoriano de entregar prebendas sociales a costa de la depredación de los bienes comunes que constitucionalmente se comprometió a defender, se expresa también en la licitación, a fines del año pasado, de tres bloques petroleros en el Parque Nacional Yasuní, reserva ecológica en la que habitan pueblos indígenas no contactados y que la sociedad civil ecuatoriana había determinado proteger, mediante una revolucionaria propuesta que represaría el petróleo del subsuelo a cambio del 50% de lo que el Estado hubiese recibido por explotarlo. Esta iniciativa era revolucionaria pues suponía comprender que la vida no tiene precio, que la responsabilidad de disminuir la emanación de gases de efecto invernadero era colectiva y que la creatividad mundial debía invertirse en buscar alternativas que nos permitan transitar hacia otras formas de relación con la naturaleza. Sin embargo, dando muestras de soberbia ideológica imperdonable, Correa desconoció este acuerdo, y hoy incurre en una serie de arbitrariedades para invalidar y bloquear un legítimo y masivo proceso de consulta.
Si bien hubo intentos de invisibilizar la acción por parte de la seguridad de Correa, autoridades intermedias de la Universidad hicieron valer el derecho a la libre expresión y apelaron a la falta de jurisdicción de las fuerzas represivas ecuatorianas para actuar en Chile.
Fuerza Intag, fuerza Yasuní, fuerza a las comunidades que defienden el agua y la vida contra la cultura de muerte que empresas como Codelco y Enap, en complicidad con el Gobierno de Correa, están sembrando impunemente en los territorios.