Un antecedente que está pasando desapercibido en el nuevo gabinete es que César Villanueva impulsó el primer proceso de Ordenamiento Territorial del país durante su gestión como presidente regional de San Martín. En efecto, Villanueva tiene conocimiento directo de la importancia de ese instrumento que la gestión de Kuczynski y su ministra de Ambiente, Elsa Galarza, desmantelaron durante los últimos 18 meses.
La pregunta es si, ahora, Villanueva retomará esta política clave para la adecuada gestión de nuestros recursos naturales y la prevención de conflictos sociales. Más aún: si podrá hacerlo con un Gabinete en el que destacan las puertas giratorias que nuevamente han puesto los ministerios económico-productivos en manos de representantes de las empresas privadas.
Recordemos que Villanueva continuó y fortaleció la política de ordenamiento territorial de la región San Martín, la misma que había dado sus primeros pasos con la Zonificación Económica y Ecológica aprobada por el Consejo Regional el 2006. Al asumir la presidencia del gobierno regional, el año 2007, el flamante premier le dio continuidad a este proceso, trabajando en conjunto con el Ministerio de Ambiente. Ello llevó a la creación de la Autoridad Ambiental Regional en 2010 y finalmente a la aprobación de la Política Territorial de la Región, que está actualmente en aplicación y que ha llevado a muchos a considerar este caso como un ejemplo a seguir en temas ambientales.
Por cierto, Villanueva también es recordado por su protagonismo en la defensa del Área de Conservación Regional “Cordillera Escalera”, creada en 2005. Ante las concesiones petroleras otorgadas en la zona, el entonces presidente regional participó de las movilizaciones y la lucha legal hasta que en 2009 el Tribunal Constitucional decidió suspender la exploración petrolera. Recientemente, ante una nueva acción jurídica presentada por PerúPetro y Repsol que busca anular la sentencia del TC, Villanueva ha sido nuevamente un vocero activo en defensa de este importante ecosistema. “Lo dije en la histórica marcha del 24 de mayo de 2007 y lo reitero hoy, once años después: los sanmartinenses no vamos a aceptar ningún tipo de explotación en Cordillera Escalera, que es fuente de vida para miles de nuestras hermanas y hermanos amazónicos”, declaró en febrero. “Es literalmente un banco de agua para toda la población de aquí. No podemos permitir que la toquen”, había señalado anteriormente. Así pues, el nuevo premier es consciente de la necesidad de mantener la intangibilidad de ciertos ecosistemas clave, en particular aquellos que cumplen la función de ser zonas productoras de agua.
Esta experiencia ambiental contrasta notablemente con lo ocurrido a nivel del Ejecutivo durante el gobierno de PPK y la gestión de la ministra Elsa Galarza. Recordemos que la óptica de Galarza fue evitar conflictos sobre competencias con otros ministerios, lo que llevó a una pérdida de protagonismo del Minam como autoridad ambiental. La máxima expresión de ello fue la renuncia voluntaria del Minam a su función rectora en el Ordenamiento Territorial, a través de la aprobación de su nuevo Reglamento de Organización y Funciones. Esta decisión estuvo acompañada de un conjunto de cuestionables cambios en los estándares de calidad ambiental (ECA) y flexibilizaciones en los procesos de certificación ambiental para exploración minera. Además, Galarza buscó tranquilizar al sector extractivo ante la Ley de Cabeceras de Cuenca dictada por el Congreso, y no impulsó la creación de nuevas áreas naturales protegidas, entre otros retrocesos.
Habrá que ver cuál es el enfoque planteado por la nueva ministra, Fabiola Muñoz, para un ministerio que –por cierto- cumple 10 años de creación el próximo mes. Sus antecedentes plantean algunas interrogantes. En primer lugar, sorprende que se haya designado a una funcionaria que no tiene experiencia en los temas propiamente ambientales, sino más bien en el sector agricultura, como responsable del SERFOR (la Autoridad Nacional Forestal y de Fauna Silvestre). Recordemos que uno de los cuestionamientos constantes a nuestra arquitectura institucional tiene que ver con que muchas de las funciones de una “autoridad ambiental” están repartidas entre los ministerios encargados de promover las actividades de explotación de los recursos naturales. Es el caso del sector Agricultura, que alberga al SERFOR al mismo tiempo que tiene como función promover la explotación maderera, lo que implica que el gato es al mismo tiempo el despensero.
Por cierto, la gestión de Muñoz ha sido cuestionada por informes internacionales que señalan que el SERFOR, lejos de ser un actor firme en la protección de nuestros bosques, ha “intentado debilitar a las instituciones a cargo de implementar las normas. Además de esto, también han disminuido la recolección de datos y han cambiado los requisitos oficiales, haciendo casi imposible que se pueda rastrear la madera y verificar la legalidad de su origen”. (Informe “El Momento de la Verdad” – EIA 2018).
Otra duda que genera Muñoz es su participación en el sector minero como gerente de relaciones comunitarias de Anglo American Quellaveco, lo que abre interrogantes acerca de su independencia a la hora de regular los impactos ambientales de la minería. Sin embargo, no es la única. Al menos dos ministros más han trabajado para empresas mineras. El propio Francisco Ísmodes, flamante ministro de Energía y Minas, ha trabajado durante más de 20 años en la empresa Milpo, llegando a ser gerente general adjunto; ha sido también gerente de la Sociedad de Minería, Petróleo y Energía entre 2013 y 2014; y hasta su nombramiento fue director de la minera Sierra Antapite. Así pues, un evidente vocero y representante de los intereses empresariales en minería pasará a ser ahora la máxima autoridad responsable de este sector. Por último, el polémico Daniel Córdova –titular del ministerio de Producción- ha sido vocero de Southern Perú en su explotación en Toquepala. Esta empresa es protagonista del conflicto de Tía María (Arequipa) que hoy amenaza con reactivarse, y es además la nueva titular del proyecto Michiquillay (Cajamarca).
Mención aparte merece el hecho de que Córdova será ahora el responsable de las políticas para la pesca. Si bien no se le conoce ninguna experiencia en este importante sector, es sabido que Córdova es un promotor acérrimo de menores regulaciones para las empresas privadas, así que queda por ver qué decisiones tomará respecto de las cuotas y temporadas de pesca ante la constante presión de la Sociedad Nacional de Pesquería. Cabe añadir que Córdova manejó entre 2011 y 2015 la empresa de comunicación NewLink, que actualmente es dirigida por Cecilia Blume, quien es una conocida gestora de intereses de las empresas pesqueras.
Queda por ver, pues, si un gabinete conformado por actores claves vinculados al sector empresarial podrá –o querrá- darle un lugar protagónico a la agenda ambiental pendiente, que es ampliamente conocida por el premier Villanueva. Entre los temas pendientes se encuentra retomar la policía nacional de ordenamiento territorial, que se encuentra actualmente en el limbo; y una nueva estrategia de prevención y transformación de conflictos socioambientales. Una decisión clave que permitirá conocer la orientación del nuevo gabinete es qué ocurrirá con el estado de emergencia en el corredor minero, ampliado en marzo por 30 días.
Otros temas importantes son retomar la discusión y creación de áreas naturales protegidas; garantizar la protección de las zonas productoras de agua; garantizar el cumplimiento efectivo del derecho a consulta previa, convertido en un trámite en los años recientes; garantizar la atención a las víctimas de contaminación minera y petrolera, y prevenir nuevos casos de este tipo mediante una adecuada fiscalización ambiental; y garantizar la protección de los defensores ambientales, que vienen siendo perseguidos, criminalizados y en muchos casos, asesinados.
Fuente:http://cooperaccion.org.pe/radiografia-ambiental-del-nuevo-gobierno/