06 de AbriL 2012
Múltiples cuestionamientos técnicos y ciudadanos, y el pago anual de 1 millón de dólares en patente por no uso de derechos de agua, darían luz de la decisión de la minera suiza de traspasar el control de la sociedad a la eléctrica australiana Origin. Peter Hartmann, coordinador de la Coalición Aysén Reserva de Vida evalúa transacción.
04/03/2012. Como «el traslado del cacho a otra empresa» calificó el coordinador de la Coalición Ciudadana por Aysén Reserva de Vida, Peter Hartmann, el anuncio que la minera suiza Xstrata Copper hiciera esta mañana informando la venta del 51 % de Energía Austral a la eléctrica australiana Origin. De esta forma esta última asume el control total de la sociedad que busca construir tres represas en la región de Aysén, en la Patagonia chilena, una de las cuales, río Cuervo de poco más de 600 megawatts de capacidad instalada, se encuentra en proceso de evaluación ambiental.
«Xstrata hace tiempo que se está tratando de deshacer de este proyecto, porque es una iniciativa súper conflictiva e inviable, además que pagan un millón de dólares al año por derechos de agua. Entonces es un problema para una empresa minera dedicarse a la energía y, por lo visto, están tratando de aplicar la máxima pastelero a tus pasteles y trasladarle el cacho que tienen ahí a otra empresa» señaló.
Agregó Hartmann que el proyecto «está lleno de riesgos, no les funciona la evaluación de impacto ambiental, llevan no sé cuántos años, es decir, puros problemas». Recordó de esta forma los múltiples cuestionamientos a la ingeniería y evaluación ambiental de la represa Cuervo, por los riesgos sísmicos y volcánicos que estarían asociados a la eventual construcción de un embalse de 13 mil hectáreas a unos 600 metros sobre el nivel de Puerto Aysén. A principios de año se hicieron públicas diversas investigaciones sobre la inducción de sismos que conllevaría instalar un gran volumen de agua sobre una falla tectónica, como es el caso del proyecto río Cuelo que se emplazaría sobre la falla activa Liquiñe-Ofqui.
En enero pasado un recurso de protección interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique por la alcaldesa de Aysén Marisol Martínez y un grupo de concejales logró paralizar la evaluación del proyecto, suspensión levantada el 16 de febrero luego de ser rechazada la presentación legal. Ésta decisión fue apelada ante la Corte Suprema.
De todas formas la tramitación se mantiene paralizada aún, toda vez que el 6 de marzo la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysén emitió una resolución en la cual tomó la decisión de suspender el procedimiento producto de las movilizaciones regionales y la situación judicial en que se encontraba el proyecto.