10 de Abril de 2012
El objetivo es que haya sectores de territorio para cada actividad, entre ellas la megaminería, y que la división la hagan las universidades. El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, se reunió con el gobernador Francisco Pérez y el vicegobernador Carlos Ciurca, planteándoles la idea de legislar para dividir el territorio de Mendoza por zonas, lo que permitiría, entre otras cosas, la instalación de la megaminería sin discusiones partidarias o luchas internas. La iniciativa toma vuelo luego de la firma del Acuerdo Federal Minero por parte de varias provincias incluida Mendoza.
Según el impulsor, la idea es que no ocurra lo mismo que con la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo y discutir durante veinte años sobre lo mismo. Según la oposición, es una forma de instalar la minería en la provincia sin decirlo de manera directa y evitándole al gobernador clarificar cuál es su situación. Lo concreto es que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Tanús, se reunió en los últimos diez días con el gobernador Francisco Pérez y el vicegobernador Carlos Ciurca, y les planteó la idea de hacer una continuación de la Ley de Uso del Suelo, cuyo objetivo sería dividir el territorio provincial por zonas, según la actividad, lo que permitiría, entre otras cosas, la instalación minera sin discusiones partidarias o luchas internas.
LA IDEA
La zonificación de la provincia por áreas de actividad hace tiempo debería estar hecha. En efecto, cuando la Legislatura provincial convirtió en ley el proyecto uso del suelo y de ordenamiento territorial, luego, el Ejecutivo debía mandar para su ratificación legislativa el Plan Estratégico Ambiental, el cual debía contener, entre otras cosas, esta división.
Sin embargo, ninguno de los secretarios de Ambiente de Celso Jaque lo hizo, ni Guillermo Carmona ni Pablo Gudiño, quien asumió luego de que al primero lo bajaran de la candidatura a gobernador.
El justicialismo, principalmente el gobernador Francisco Pérez, se encuentra en un callejón sin salida. Por un lado, desde el Gobierno nacional fomentan la actividad, al punto tal de crear una organización de provincias mineras, de la cual Mendoza es parte. Por otro lado, la actividad es rechazada por gran parte de Mendoza y el gobernador no está dispuesto a pagar el costo político de enfrentarse a la opinión pública apoyando el desarrollo minero en la provincia.
Pero ese no es el único problema que tiene Pérez, ya que la minería, incluso, divide al justicialismo, pues algunos intendentes quieren que se avance y otros la rechazan terminantemente.
Por esto último es que Tanús, en los últimos diez días, tuvo conversaciones tanto con Pérez como con Ciurca.
En esos encuentros les expuso su idea: pedirles a la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) y a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) que realicen un anteproyecto de ley por el cual el territorio provincial se divida en zonas.
Es así que habría sectores ganaderos, productivos, turísticos, de reservas naturales, perilagos, pero también entraría la minería, que es defendida en departamentos como Malargüe y por la cual ya se han proclamado a favor los intendentes de Las Heras y Guaymallén, Rubén Miranda y Alejandro Abraham, respectivamente. Este proyecto, según Tanús, evitaría las rencillas políticas dentro y entre los diferentes partidos. Además, se sortearía una larga discusión. En ese sentido, el diputado recordó que la Ley de Uso del Suelo estuvo casi veinte años en debate debido a los diferentes intereses económicos y políticos y recién pudo salir cuando la universidad y los diversos sectores científicos diseñaron el proyecto de ley para que los legisladores lo aprobaran.
Asimismo, para el legislador esto daría varios beneficios. La Provincia podría atraer inversores mineros, evitando problemas y, además, le otorgaría a Mendoza una seguridad jurídica ante cualquier tipo de demanda.
Por otro lado, el proyecto no modifica ni la ley 7.722 ni la 5.961, explicó Tanús, quien señaló que mediante esta iniciativa también se fijarían normas generales que los diferentes mandatarios e intendentes no podrían cambiar a su antojo. No obstante, Pérez, según Tanús, aún no le ha dado su respuesta sobre la posibilidad de avanzar con el proyecto propuesto.
Mientras tanto, desde la Secretaría de Ambiente, su titular, Marcos Zandomeni, explicó que no conoce el proyecto esbozado por el presidente de la Cámara de Diputados, aunque alegó que sería otra herramienta, que se suma a las leyes 5.961 y 7.722, que, entre otras cosas, señalan que un proyecto debe tener la aprobación de la Dirección de Minería, de la Secretaría de Ambiente y la ratificación legislativa de la Declaración de Impacto Ambiental.
Zandomeni señaló también que hay que tener en cuenta el hecho de que los concejos deliberantes tienen potestad también para la zonificación y dio como ejemplo a Luján, donde los concejales determinaron dónde se puede construir y dónde no. Por otro lado, el funcionario admitió que ha habido una demora importante en enviar el Plan Estratégico Ambiental y explicó que, desde la semana pasada, el gobernador tiene a la firma el decreto para crear la agencia de ordenamiento territorial, que incluye a las universidades, los municipios y al Ejecutivo, y que será la encargada de otorgar las herramientas de ordenamiento territorial.
CRÍTICAS
Al radicalismo no le cayó nada bien la propuesta de Tanús, en la que ven la mano de Pérez y su forma de instalar la actividad minera en Mendoza, sin pagar un alto precio político.
Según señaló el radical Roberto Infante, el ámbito para discutir una zonificación de la provincia es el Plan Estratégico Ambiental y no un proyecto de ley.
En ese sentido, Infante criticó al Gobierno, porque «sigue dando señales contradictorias», y agregó: «Que diga el gobernador cuál es su postura, que se sincere de una vez por todas sobre cuál es la política de Estado respecto de un tema tan complicado como es la minería».
Infante, incluso, recordó que aprobar la Ley de Uso del Suelo fue complicado. «Y ahora queremos hacerle un anexo», reprochó, y aseveró: «Lo fundamental pasa por la incertidumbre que genera el gobernador, que se reúne con las provincias, firma un convenio y luego viene y dice otra cosa».
No obstante, el radical explicó que no conoce todos los detalles de la propuesta y aseguró que se le dará la importancia que merezca, mientras que desde el Partido Demócrata prefirieron no opinar hasta saber los detalles del plan