Hace 50 días el diputado del Partido Intransigente (PI), Eduardo Martínez presentó un proyecto de ley que impulsa la liquidación de la ley 7722 que restringe la actividad minera metalífera en Mendoza.
Se generó un gran impacto en ese entonces, porque Martínez trajo desde Buenos Aires al geógrafo Julio César Guarido. El científico llegó con el antecedente de «haber hecho el relevamiento de los glaciares».
El proyecto «intransigente» estipula la creación del «Consejo Provincial de Protección del Agua y el Ambiente», conformado por técnicos y representantes de las asociaciones ambientalistas que defienden la 7722.
Son las misma organizaciones civiles que en este último tiempo impulsan una ley contra la fracking petrolero.
«El Consejo tendrá por objetivo la coordinación de diversas entidades públicas y privadas, a fin de ejercer controles sobre todas las actividades industriales y productivas y poner en debate en forma definitiva y superadora la ley 7722 y la actividad minera en Mendoza», dijeron los impulsores de la reforma legal el 31 de mayo.
Un menú en tres pasos
Hoy lunes 22, cuando se reinicia la actividad legislativa, los diputados mendocinos que componen la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) empezarán a analizar el proyecto del PI.
«Hay que analizar y escuchar todos los planteos. No hay que negarse al debate. Quizás una modificación con buenos controles puede ayudar a Mendoza en su situación productiva y generar trabajo», señaló el presidente de LAC, el radical de Jorge Albarracín hace un mes.
¿Cuál el objetivo del proyecto? se le consultó a Martínez antes de la comenzar el debate en las comisiones de LAC y luego en Hacienda y Presupuesto. Hay un «paper» del PI que expone esquemáticamente el proyecto.
1- Por un lado, crear un órgano consultivo y con función de contralor que vincule a los distintos organismos e instituciones y asociaciones civiles que tienen conocimiento e injerencia en el ambiente y el recurso hídrico, para garantizar la preservación de los mismos.
2- Por otro lado, otorgar rango de ley a la Resolución 778/96 del Departamento General de Irrigación (DGI), que limita el vertido de sustancias como el cianuro, mercurio, ácido sulfúrico en cuanlquier tipo de industria. El DGI será la autoridad de aplicación.
3- Por último, frente a la posibilidad de que se reactive la minería en Mendoza la Legislatura tendrá 60 días para crear una ley que regule el destino de los fondos de las regalías.
Fuente:https://www.mendozapost.com/nota/125876-quieren-que-irrigacion-controle-a-las-mineras/