Cada país latinoamericano vive su propia realidad en materia de extracción de recursos naturales y profundización de las políticas económicas basadas en el modelo primario exportador. Con esto, por ejemplo, podemos hablar de países mineros y países petroleros. Pese a esa diferencia, es indudable que esos países comparten realidades similares, pero siempre diferentes.
Uno de los bastiones de la industria minera en la región ha sido Bolivia. No obstante, la forma de extracción se basa en las cooperativas y el fenómeno de la explotación minera transnacional es relativamente reciente. Pese a que la gran industria minera ha absorbido en algunos casos a mineros cooperativizados, el fenómeno del cooperativismo tiene un enorme peso en ese país. Se habla de “minería social” o “minería de subsistencia” en Bolivia, llegando a ser más de 50 mil cooperativizados en todo el occidente altiplánico.
Partiendo de esa realidad, las organizaciones que se ocupan de los impactos de la minería en Bolivia, comparten su quehacer entre la remediación de los pasivos históricos de la minería y los impactos actuales de las cooperativas y de las empresas transnacionales.
Sin embargo, un nuevo escenario se ha presentado con la renacionalización de la mina Huanuni y la refundación de la empresa estatal COMIBOL (Cooperativa Minera de Bolivia). Esto transforma el escenario y genera nuevos desafíos, aunque siempre centrados en una crítica diferenciada tanto a la minería transnacional, a la minería social o cooperativizada y a la minería estatal. La enorme deuda social que tiene el Estado boliviano con la población más pobre y la larga tradición minera no permite posiciones radicales antimineras como sucede en otros países.
Así ha surgido una visión de desarrollo social y controlado de la minería que permite establecer un modelo de desarrollo que prescinda de la minería.
En países mineros donde no existe el fenómeno de las cooperativas la situación es diferente. Perú, Chile, México y Brasil enfrentan una deuda socioambiental materializada en los pasivos ambientales de décadas de explotación del subsuelo. Sin embargo, también hay diferencias entre dos exponentes de la minería en la región.
Mientras que Perú eliminó casi por completo su sector minero estatal y traspasó activos y pasivos a transnacionales del rubro, Chile ha mantenido una decreciente participación estatal (en términos relativos) en la extracción de Cobre. La Corporación del Cobre (Codelco) sigue siendo la empresa de cobre más grande del mundo con exportaciones por sobre las cinco mil toneladas anuales que satisfacen el 30% del consumo anual del planeta.
En estos países las demandas principales son por antiguos pasivos mineros que han dejado transnacionales y empresas medianas luego de instalarse en zonas ecológicamente frágiles o simplemente impactando ampliamente a las comunidades locales. Adicionalmente, se cuestiona el sistema extractivo debido a los bajos o nulos aportes que deja la minería al erario nacional.
Finalmente, están los países que no tienen aún industria minera desarrollada, pero que incursionan en el desarrollo de la actividad. Es el caso de Ecuador, Colombia y algunos países de Centroamérica como Honduras. Por ejemplo, Colombia se ha autodenominado “la locomotora minera” como un ejemplo del sueño a tener un país dorado en el futuro.
Pero los conflictos que generan los nuevos proyectos mineros, hacen presagiar un dificultoso desarrollo de la actividad en dichos países. Así, en el caso de Ecuador por la obstinada posición del ejecutivo de desarrollar la minería a cualquier costo, o en Honduras y El Salvador por las limitaciones que el Estado ha impuesto a la actividad.
