Durante los últimos quince años la explotación de minerales en la región andina ha sufrido un proceso de aceleración creciente. Con Chile a la cabeza, la industria minera cada vez más en manos de empresas transnacionales, ha ido abandonando definitivamente su rol de aporte a las arcas fiscales, convirtiéndose en una actividad de exclusiva explotación en beneficio de industrias extranjeras. Aparejado a ese proceso, se reducen las empresas nacionales hasta desaparecer, con esto también disminuyen los beneficios tributarios.
La industria minera ha ido ocupando cada vez menos empleos debido a la incorporación de nuevas tecnologías que usan cada vez menos mano de obra. En tanto, la empleada se sustenta en precarias condiciones en sistemas de subcontrato o “trabajo precario”. Esto crea una falta de protección y derechos de los trabajadores, donde se aumentan los riesgos y la inseguridad a quienes laboran en la industria.
La minería es una de las actividades industriales que más contaminación acarrea en el planeta. Los graves impactos ambientales están asociados al uso de grandes volúmenes de sustancias químicas de alta peligrosidad como el cianuro de sodio y el ácido sulfúrico. A lo que se agrega, la liberación de arsénico y generación de drenajes ácidos.
En términos latinoamericanos, las legislaciones en los diferentes países tienen como tarea facilitar la actividad extractiva en desmedro de la defensa de los derechos de comunidades agrícolas e indígenas, pescadores artesanales, de quienes viven del turismo, o que se ven obligadas a competir por el acceso al agua (cantidad y calidad) enfrentadas a la amenaza de un proyecto minero en su territorio.
Es más, mecanismos de comercio como el ALCA y los acuerdos comerciales de diversa índole, tienen como efecto la protección de las inversiones por sobre el derecho de las comunidades locales. Esto ha perpetuado las situaciones de contaminación, injusticia, desplazamiento de comunidades y desaparición de actividades económicas preexistentes.
El desarrollo de enclaves mineros, gasíferos y petroleros que dejan un legado de pobreza y destrucción ambiental se han ido transformando en los íconos más importantes de los acuerdos comerciales. También se denota un paulatino y peligroso traspaso de las empresas de servicios de primera necesidad como agua potable, saneamiento y energía, así como de embalses, cárceles, hospitales e infraestructura caminera, portuaria y aeroportuaria. La firma de estos acuerdos ata de manos a los gobiernos y condena a las comunidades a desaparecer debido a que sus actividades, en la mayoría de los casos, no son compatibles con la invasión de estas inversiones mineras.
Por otro lado, la propaganda minera de que la misma empresa es capaz de autorregularse y cumplir altos estándares de calidad y seguridad debido a que utilizan tecnología moderna de última generación, se ha ido extendiendo riesgosamente en la región. Los Estados latinoamericanos han ido aceptado esta premisa, transformándose paulatina y peligrosamente en un salvoconducto para la contaminación y la destrucción ambiental.
