En el escenario latinoamericano se apuesta a la extracción de recursos naturales como una forma de incrementar los ingresos nacionales, pagar de allí la deuda externa o la deuda social acumulada, dependiendo de la orientación del gobierno de turno. Tradicionalmente, el modelo primario exportador ha determinado las economías en la región latinoamericana pero no ha sido sino hasta el desarrollo de la conciencia ambiental y de derechos humanos que se han ido masificando los conflictos producidos por la resistencia comunitaria a esas actividades.
Al mismo tiempo, el aumento de las inversiones mineras -principalmente canadienses- en la década del 90, da inicio al surgimiento de procesos de oposición comunitaria a la minería en la región. La forma de enfrentar esos conflictos por parte de los diferentes gobiernos se ha visto determinada por los compromisos estatales adquiridos vía Consenso de Washington u otros mecanismos de regulación de inversiones extranjeras, como el CIADI o, simplemente, producto de las presiones directas de los países de procedencia de las inversiones mineras.
Las comunidades percibieron con gran decepción el debilitamiento sus derechos formales y optaron en muchos casos por desarrollar acciones ciudadanas marginadas de las estructuras legales, sin antes probar los intrincados senderos de la formalidad legal. Instrumentos como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de los Pueblos Indígenas de la ONU, dio cada vez más fuerza y sustento -aunque más moral que legal- a las demandas de las comunidades indígenas y campesinas.
La situación actual marca una tendencia a la presentación de conflictos ambientales por extracción de recursos naturales, cada vez más álgidos.
Los enfrentamientos como los de Bagua en la Amazonía peruana, es una voz de alerta respecto del posible desenlace de conflictos entre comunidades y Estados, que se producen por la forma contumaz de intentar profundizar el modelo primario exportador a costa de lo que sea necesario. De estas posiciones no se libran los gobiernos progresistas en la región.
Debe ser tarea permanente de redes como OCMAL buscar vías alternativas para evitar este tipo de confrontaciones que no hipotequen los derechos de las comunidades. Aquellos derechos adquiridos y esos que se encuentran en proceso de recuperación y construcción deben servir como herramientas en la búsqueda por un modelo que no deprede los bienes comunes, los recursos, los territorios, ni menos, las comunidades.
