En general las consecuencias de la minería se refieren al impacto social y ecosistémico o territorial: agotamiento, disminución y contaminación de agua, destrucción irrecuperable del ecosistema y el territorio, efectos adversos en las comunidades tanto en el tejido social (cooptando dirigentes y dividiendo las comunidades con diversas estrategias), como en su propia salud llegando incluso al desplazamiento forzado producto de la destrucción de sus territorios. Militarización de las zonas donde se emplazan los proyectos mineros, presencia de delincuencia, drogadicción, alcoholismo, prostitución. A nivel económico hay un despojo de los recursos de la tierra debido a que las empresas no pagan regalías o royalies, y en definitiva, hay un debilitamiento de los sistemas democráticos de los países de la región. También, y cada vez con mayor frecuencia, se criminaliza la oposición a la minería como estrategia para acallar la protesta social por parte de los Estados y las transnacionales apoyados con el aparato Estatal.
Por lo anterior, OCMAL estableció una serie de principios que guían las diversas acciones que realiza. Primero, todas ellas tienen un enfoque basados en la defensa de los derechos humanos de las comunidades que se ven afectados, violentados o, derechamente violados por la minería y sus impactos.
OCMAL se enfoca en solidarizar con las comunidades y organizaciones que se ven afectadas por la industria minera.
Las decisiones que OCMAL determine, se realizan con el consenso de sus organizaciones miembros garantizando así, la participación de todos y todas respetando la autonomía de cada institución, organización o colectivo.
OCMAL y sus miembros no acepta ni aceptará financiamiento de organizamos multilaterales, de empresas de la industria minera o de sus instituciones vinculadas.
Las principales actividades de OCMAL son la difusión e intercambio de información, el apoyo a campañas, acciones de solidaridad y articulación de las actividades desarrolladas por las mismas organizaciones.
