El paquete normativo, en gran medida, no permite establecer con claridad una relación causal entre el problema y las medidas propuestas. En razón de ello, tampoco existe un análisis costo beneficio de lo que se gana y de lo que se pierde. No se explicita, aunque se puede intuir, quiénes son los beneficiados y quiénes resultarán afectados con ellas. Es más, los afectados ni siquiera son visibilizados como tales y por lo tanto, sus derechos e intereses están ausentes en el diseño del proyecto de ley. Analicemos un ejemplo.
¿A quién beneficia el recorte en la potestad sancionadora del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) por tres años y la reducción de multas en un 65%, y quiénes son los afectados con ello? El principal objetivo de las medidas, según la exposición de motivos, es agilizar las inversiones. En este caso, se trataría de inversiones en actividades mineras, hidrocarburíferas, eléctricas, pesqueras e industriales, ya que ellas son las que el OEFA fiscaliza.
En la actividad minera, las fases de mayor inversión son las de exploración y construcción. En estas fases las sanciones no son muy frecuentes. Por lo tanto, no serían éstas inversiones las principales beneficiadas. Si pensamos, que esta medida sería un atractivo para nuevas inversiones, tampoco parecería ser una razón, pues los grandes proyectos mineros maduran en largos periodos de tiempo, y por lo tanto, que el OEFA deje de fiscalizar por tres años, no los beneficiará.
¿Resultarán beneficiadas las empresas cuyos proyectos se encuentran en operación? Chinalco por ejemplo, con su proyecto Toromocho, hace poco fue sancionada por vertimientos por encima de los límites máximos permisibles. Se podría pensar que con esta medida se busca beneficiar a esas empresas. Sin embargo, tampoco esa parece ser la razón, porque esas empresas, luego de haber invertido grandes cantidades de dinero en la etapa de construcción, difícilmente se irán; menos aun cuando los precios de los minerales todavía se mantienen por encima de sus promedios históricos y deben recuperar lo invertido. Simplemente, se trataría de ahorrarle los costos que implica que infrinjan la ley y sus compromisos sociales y ambientales.
Frente a ello, ¿qué significa para la población y el Estado el recorte de la potestad sancionadora del OEFA y la reducción de las multas? Quitarle la capacidad sancionadora al OEFA es restarle autoridad al Estado. Si existe una empresa cuya infracción es tipificada como grave, el Estado necesita sancionar para disuadir a otros de ese tipo de comportamientos. No lo podrá hacer plenamente, de ahora en adelante.
Pero además, si el OEFA solo puede sancionar cuando el infractor incumple las medidas correctivas que le impone, y en esa situación debe rebajar las multas en un 65% o más, es evidente que se le resta toda autoridad. En estos casos es probable que el infractor prefiera pagar la multa a corregir de inmediato su comportamiento.
Si el Estado pierde autoridad, la comunidad campesina o cualquier población que se ve afectada por la contaminación, no tiene a quién recurrir para proteger sus derechos a la salud, a vivir en un ambiente equilibrado y adecuado y a la vida misma. Si la empresa no cumple con las medidas correctivas, sus habitantes tendrán que cargar con el problema de la contaminación: tendrán que buscar agua limpia, curarse con sus propios medios los daños ocasionados a su salud, resolver rajaduras en sus viviendas, etc. Esto significa quedar expuestos a una situación de abuso, con muy pocas posibilidades de alcanzar justicia. Lamentable.