La violencia policial desproporcionada, los crímenes cometidos por policías que detienen arbitrariamente, golpean, torturan, hieren y hasta matan en Cajamarca no es un hecho aislado. El reciente asesinato de Ivan Flores por resistirse a un desalojo que contaba con orden judicial sólo es la muestra de una política y leyes que permiten que los policías que cometen actos criminales queden en la impunidad.
Estamos ante una situación en la que el estado de derecho se identifica peligrosamente con la comisión de violaciones de derechos humanos y abusos que ahora pueden cometerse «legalmente». Si la sociedad no se moviliza para defender un estado de derecho que garantice la seguridad de todos y no sólo de los más poderosos, que sancione con justicia para que no haya impunidad de cualquiera que cometa abusos puede ser que permitamos «legalmente» que impere no la justicia y el derecho sino el abuso y la barbarie. Frente a esa situación las organizaciones de derechos humanos, los ciudadanos que queremos vivir en paz, con justicia y seguridad decimos: ¡NO! ¡Podemos cambiar, estamos aún a tiempo!
HAY UN MARCO LEGAL PARA LA IMPUNIDAD DE LOS ABUSOS POLICIALES
Los sucesivos gobiernos de Alan García y Ollanta Humala han venido promulgando y aplicando leyes que permiten que la policía pueda actuar violentamente amparada en leyes que les abren las puertas para la impunidad. Es debido a ellas que los policías pudieron detener arbitrariamente, golpear y torturar, herir y matar a los defensores del agua durante el conflicto generado por Yanacocha en minas Conga en el nefasto periodo que se abrió con el manejo de mano de hierro que impondría Humala a través de su ministro Óscar Valdés.
En noviembre del 2011 la policía causó decenas de heridos en las lagunas de Conga. Elmer Campos quedó parapléjico otros perdieron la vista o quedaron con discapacidad. Ningún policía fue procesado. El Estado no se hizo cargo de la atención médica ni de reparaciones civiles.
En diciembre de 2011 y en julio de 2012, cuando el gobierno decretó dos estados de emergencia se asesinó a 5 ciudadanos que protestaban contra minas Conga: Joselito Medina Aguilar, Eleuterio García Rojas, José Faustino Silva Sánchez, Joselito Antonio Sánchez Huamán en Celendín y Joselito Vásquez ja no en Bambamarca. El hecho que ningún policía o militar fuera enjuiciado y sancionado demostró que estos se sentían con plena impunidad para patear ollas comunes y madres de familia en las calles, golpear a periodistas a los que además robaba o averiaba sus equipos de filmación; masacrar a estudiantes de la universidad estatal y privadas, golpear a las abogadas de la Defensoría del Pueblo o de GRUFIDES que iban a ver a los detenidos en la comisaría; golpear a mujeres sean madres de familia o adolescentes hasta desmayarlas en las calles, golpear y masacrar a Máxima Acuña Chaupe, su esposo e hijas frente a la laguna Azul; masacrar a ronderos urbanos en la Plaza Bolognesi de Cajamarca e incluso ordenaron la ilegal detención y tortura contra mi persona en la plaza de armas así como después dentro de las instalaciones policiales.
Por defender nuestro derecho al agua ahora los cajamarquinos conocemos bien a una policía que, pagada por minera Yanacocha, podía actuar con total impunidad adueñándose de la ciudad y gritándonos que nos tratan así «porque somos perros, csm».
NO A LA IMPUNIDAD PARA POLICÍAS QUE DELINQUEN
Por todos los abusos reseñados ningún policía ha sido procesado civil o penalmente y menos ha comparecido ante las fiscalías para siquiera dar su manifestación. En la fiscalía de Chiclayo hay denuncias contra los policías torturadores durante el conflicto de Conga, pero hasta ahora se han burlado de las citaciones de comparecencia ante una fiscalía que se ha mostrado incapaz de citar de grado fuerza a los oficiales y suboficiales acusados de abusos de autoridad y tortura, a diferencia de campesinos, autoridades y ciudadanos que han sido privados de su libertad y llevados en su momento a la cárcel de Picsi o se encuentran frecuentemente citados a concurrir a las investigaciones como acontece con Milton Sánchez, Edy Benavides, Manuel Ramos o Idelso Hernández.
En un escenario de sistemáticos abusos de autoridad la policía pierde peligrosamente legitimidad ante la ciudadanía. La policía deja de ser vista como la garante de seguridad y un importante pilar de la adminístración de justicia para mostrarse como una institución al servicio del más poderoso, del que puede comprar sus servicios, en la práctica la policía se privatiza y se mercenariza como lo ha demostrado el estudio sobre contratos entre la PNP y las mineras en el Perú que hace algún tiempo publicamos diversas organizaciones de derechos humanos del Perú y presentamos ante el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra el 2013.
Los fiscales y jueces se hallan confrontados ante nuevas situaciones jurídicas en las que se crean fueros especiales como el de Lambayeque para procesar a los cajamarquinos y en las que abogados de poderosos bufetes pagados por las mineras merodean los pasillos de sus oficinas para no sólo defender sino hacer lobbis para sancionar a los que la poderosa minera quiere ver encerrados en las cárceles o para defender a los policías que cometieron delitos de lesa humanidad. Difícil tarea la de los fiscales y jueces que quieran actuar con independencia, más aún sí poderosos medios de comunicación de la capital influyen en mostrar las justas demandas de las poblaciones como fruto del azuzamiento, la ignorancia, el violentismo, la manipulación política y no faltan los voceros políticos de las máximas instancias de gobierno o partidos de derecha vinculados a los poderosas intereses económicos que presionan sobre la administración de justicia.
Casos de corrupción o de conflictos de intereses no han sido demostrado fehacientemente, pero toda la ciudadanía sabe que tampoco están ausentes entre los miembros del ministerio público o de jueces diversos conflictos de intereses ya que muchos de ellos tienen familiares trabajando en la minera lo que en la percepción de la ciudadanía no garantiza la correcta e imparcial administración de justicia. Sin embargo, en medio de todo esto, no faltan fiscales y jueces probos que actuando de acuerdo a derecho y en justicia terminan archivando denuncias maliciosas o algunas veces evitando que se imponga el peso de la descomunal fuerza policial armada que por sus contratos termina actuando en la práctica a órdenes de Yanacocha. En este contexto hay que expresar una muy grave preocupación por las voces ciudadanas que ante la sentencia judicial que ordenó la liberación del policía que asesinó a Ivan Flores coreen en las calles: «el pueblo hará justicia» No es ese el camino a seguir pero es esa la peligrosa alternativa que abre un gobierno inepto que se vuelve contra sus ciudadanos. De allí la importancia de hacer coincidir la ley con la justicia y de hacer que el Estado de Derecho no sea sinónimo del derecho de los más fuertes y poderosos a imponer su ley.
¿RONDEROS VERSUS POLICÍAS, FISCALES Y JUECES?
No es para confrontar con los órganos de administración de justicia que surgieron las rondas campesinas y urbanas sino que surgieron frente a su mal funcionamiento, corrupción o su inexistencia en muchos de los pueblos de Cajamarca y después de décadas cuántas personas prefieren que las rondas vean sus denuncias en vez de una policía o fiscalías sin recursos o a quienes perciben como parcializadas o se sienten maltratadas por ellas.
Las rondas no constituyen un poder que se sienta por fuera del Estado, pero si tienen claro que el Estado debe garantizar la justicia y la seguridad para todos los ciudadanos sin la ventaja que da el poder económico. Es verdad que a veces las rondas han cometido excesos y violaciones de derechos humanos, pero han sido las propias rondas las que se han ido organizando cada vez mejor para capacitarse y ser más efectivas evitando que se cometan abusos, eso sí evitando ser corporativizadas por los gobiernos de turno afirmando y defendiendo su autonomía organizacional y su pluralidad política, cultural o religiosa.
Las luchas más importantes de las rondas campesinas han sido heroicas. En Cajamarca se arriesgaron y expusieron sus vidas para evitar que el terrorismo entrara en nuestra región. Todo el país está en deuda con ellas, aspecto que no reconocen u olvidan quienes ahora porque los ronderos defienden sus territorios de la expansión caótica de las actividades mineras las acusan de ser la causa de todos los males y las identifican como organizaciones delincuenciales luego de que ha fracasado su intento de corromper a sus líderes o someterlas con falsas promesas y abundantes regalos. La autonomía, la madurez social y político institucional de las rondas es lo que ven como un escollo para el intento de convertir toda la región en territorio minero.
En cambio, las rondas urbanas, aprendiendo de las rondas campesinas, han buscado contribuir a la seguridad ciudadana en una ciudad que desde que llegó Yanacocha se tornó insegura y peligrosa. Varios taxistas, mototaxistas, comerciantes y cientos de ciudadanos han sido víctimas de actos delincuenciales terriblemente violentos. Los antros de vicio, tráfico de negocios ilícitos, droga y prostitución que comercializa y lucra con los cuerpos de las mujeres se han generalizado en la ciudad, la mayoría de ellos funcionan al amparo de autoridades municipales ineptas o corruptas. El último suceso se reportó en un local ilegal que iba a ser intervenido por las rondas urbanas. Éstas fueron repelidas con violencia desproporcionada por una docena de patrullas motorizadas y efectivos policiales que disparaban sus armas por las calles en que se realizó el operativo aterrorizando a los vecinos. Decenas de policías se dieron cita para golpear a ocho ronderos urbanos, hombres y mujeres, que fueron pateados y arrastrados de los pelos y una vez ensangrentados ser conducidos a la comisaría donde continuaron los castigos. Cinco de ellos sufren ahora prisión en la cárcel de alta seguridad de Huacariz. El local ilegal donde se sigue expendiendo licor, donde se consume drogas y actúa como lugar de citas clandestinas y encuentro de personas de mal vivir sigue funcionando acaso además porque es de propiedad de la mujer de un policía.
Así están las cosas en la otrora apacible y segura ciudad de Cajamarca. El pueblo lleva dos semanas demandando la libertad inmediata de los ronderos y exige investigación y sanción para los malos policías, pero su voz no es escuchada. Gracias a los sistemáticos abusos policiales y la impunidad con que actúan los policías el imperio de la ley se ha convertido en el imperio de las actividades comerciales ilícitas protegidas por la autoridad policial y judicial. Esa es la paradoja, esa es la situación de la que la mayoría de la ciudadanía está asqueada y harta y frente a la cual está diciendo: Basta!!
«POLICÍA ASESINO, MATASTE A MI VECINO»
No obstante la indignante e intolerable situación anteriormente descrita, el pasado jueves la policía fue enviada a hacer cumplir un operativo policial de desalojo en el que, como lo muestran los medios periodísticos locales, intervino la jueza Carmen Araujo permitiendo la actuación combinada de civiles encapuchados (al parecer contratados por la beneficiaria del desalojo) juntamente con policías que ante la resistencia violenta de Fidel Flores que trata de impedir se le despoje de su vivienda, terminan disparándole a quemarropa causándole daño mortal y que, en vez de auxiliarlo inmediatamente, por el contrario, cuando su mujer y su hijo acuden en su ayuda, los patean, les jalan los cabellos, los masacran . Fidel Torres termina asesinado. La jueza Araujo termina justificando el uso desproporcionado de la fuerza, los jefes policiales lavándose las manos con ella pues dicen que le advirtieron del peligro. El policía asesino es identificado y se descubre que es un joven policía de esos que apenas pasan 8 meses por una cuestionada escuela policial a la todos saben que se ingresa por pago ilícito y en la cual reciben pobre formación y magro sueldo y sí órdenes que deben cumplirse aunque no conozcan bien las leyes o sólo sepan que ahora hay leyes que sí matan, «en cumplimiento de su deber», van a ser cubiertos por la impunidad como viene ocurriendo en tantos otros casos no sólo en Cajamarca sino en todo el país.
MILES DE CIUDADANOS EXIGEN PONER ALTO A LA IMPUNIDAD POLICIAL
El día domingo pasado unas diez o doce mil personas se dieron cita en el ceMenterio de Cajamarca para el entierro de Fidel Flores. El rechazo a la policía y la actuación judicial es multitudinario. Días antes hubo actos aislados de apedreamiento a un local policial y muchas, muchísimas voces, de rechazo a la impunidad. El mismo juez que se hizo de la vista gorda frente a los abusos policiales contra los ronderos urbanos que intervinieron un local de actividades ilícitas y ordenó la prisión preventiva de cinco de ellos es el que ha dictaminado la libertad del policía asesino.
El presidente Humala ha declarado que «se avergüenza» de la actuación policial. La primera ministro, Ana Jara, ha declarado que «se investigará» a los policías responsables. El cuestionado ministro Urresti ha salido a decir que se rotará al personal policial que actuó con ferocidad (¡cuidado con los pueblos a donde los envíen!), que los mandos policiales han sido apartados «temporalmente mientras se investiga». Todas estas declaraciones no tocan para nada las leyes de este y el anterior gobierno que permiten la impunidad policial. No cabe duda que se trata de salir demagógicamente del aprieto político en que se han colocado frente al rechazo ciudadano y mediático multitudinario, puesto que este crimen hasta generado rechazo de quienes en los medios de comunicación de la capital suelen justificar abusos policiales cuando los intereses de las grandes empresas están en juego. El gobierno está desplegando la política hipócrita en todo su torpe dimensión.
Por su parte, las organizaciones sociales, los vecinos, las rondas campesinas y urbanas en la ciudad de Cajamarca han llamado a movilizaciones y actos de protesta pidiendo carcelería para el policía asesino, destitución inmediata de los jefes policiales y la jueza, así como la derogatoria de las leyes que permiten la impunidad policial, los DL 1095 y la Ley 30151 que fue propuesta por los fujimoristas y terminó siendo promulgada por Ollanta Humala. Sobre esto último se han pronunciado también los dos congresistas cajamarquinos Mesías Guevara y Jorge Rimarachín que han acudido a expresar su solidaridad con la familia afectada y con la justeza del reclamo ciudadano indignado.
En lo que toca al fallo judicial que ordenó el desalojo de la familia del fallecido Fidel Flores, se sostiene en las redes sociales que el mismo favorecía a la hermana de una consejera regional electa recientemente por el fujimorismo. ¿Está operando en Cajamarca una mafia despojadora al estilo López Meneses? ¿Hubo interferencia política en la aplicación de la orden de desalojo para que se realizará sí o sí? ¿Los jefes policiales recibieron pagos del beneficiario de la acción de desalojo? ¿Quién contrató a los matones civiles que intervinieron en el mortal desalojo? ¿Han sido identificados y están siendo investigados? ¿Hubo también coimisión para los 48 policías que intervinieron como han denunciado diversos ciudadanos? ¿La jueza tiene responsabilidad funcional y penal? ¿Actuó con lenidad el juez que no ordenó la captura del policía que habido identificado como el que efectuó el letal disparo? ¿El reciente traslado de 400 policías a la ciudad que la hace aparecer ocupada, es realmente la mejor respuesta que tiene el cuestionado ministro Daniel Urresti que se ha negado a ir a dar explicaciones a los cajamarquinos y que se resiste a renunciar?
¡NO HAGAMOS TRIZAS NUESTRA SOCIEDAD!
El panorama no pinta bien en la región de Cajamarca. Su presidente regional ganó las elecciones estando preso por presuntos delitos de corrupción. El evidente manejo político del caso y los grandes intereses económicos mineros impidieron que se garantice un justo proceso. ¿Podrá garantizarse, en su caso, que se le procesará y de ser hallado culpable se le sentenciará con justicia? La prensa vinculada a los grandes intereses mineros ya lo ha condenado, un pueblo que rechaza el abuso en las urnas y que todavía sigue con la amenaza de que quieren imponerle el proyecto minas Conga, sin duda está dispuesto a rechazar todo lo que considera abusos del poder. ¡Qué torpe es el gobierno y qué mezquinos y voraces los intereses de una enorme empresa minera aurífera!
Aceptar los resultados electorales de Cajamarca debiera llevar a encontrar una salida institucional, democrática: una policía que prefiere el uso impune la fuerza y una empresa minera con malas prácticas cosechan lo que han sembrado: no se pueden imponer a sangre y fuego, aunque tengan leyes injustas para hacerlo y un gobierno arrodillado e inepto que traicionó peligrosamente a sus electores.
El único camino posible es el que surja del entendimiento y la razón que emana de mayorías populares que dicen no al abuso, no a la imposición y la barbarie. Derogar las leyes que permiten la impunidad policial o los contratos que ha sometido a la policía a intereses privados y sancionar a los policías asesinos puede ser un gesto político que abra una puerta de solución.
La fuente de mayor tensión que representa Yanacocha y que a veces se erige como el propio Estado, al parecer, tendrá que ser superada en un marco político mayor que esperará definirse el 2016. Por lo pronto es de esperar que la indignación ciudadana mueva a los jueces probos que pudieran quedar para que nuestra sociedad no termine hecha pedazos por nuestra indiferencias, complicidades o inacción.