Hostigados por las compañías mineras y los talamontes que explotan maderas preciosas que exportan a China, los habitantes de las comunidades de la sierra de Manantlán se cansaron de esperar y hace varias semanas pidieron al alcalde de Cuautitlán de García de Barragán la autorización para organizar sus propios cuerpos de seguridad. En ese ríspido encuentro también le exigieron a la autoridad localizar con vida al activista Celedonio Monroy, quien el pasado 23 de octubre fue sacado de su casa por un grupo armado.
La desaparición de Celedonio Monroy Prudencio, ocurrida el 23 de octubre último, tiene que ver con la defensa ecológica de este entorno, dice su padre. Y expone: “De saber a dónde lo llevaría el estudio, mejor lo hubiera mandado al desmonte. Tal vez así no me lo hubieran quitado”.
El título de licenciado en ciencias políticas obtenido por Celedonio en la Universidad de Colima “le dio fuerza para luchar contra el saqueo de los recursos naturales” de esta comunidad nahua enclavada en el municipio de Cuautitlán de García de Barragán, en la Costa Sur de Jalisco, asegura el viejo campesino.
Parece que en la tierra en que nació el general Marcelino García Barragán, encargado de las Fuerzas Armadas durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), cuando se perpetró la matanza estudiantil en Tlatelolco, aun permea la idea de que quien estudia y lucha debe ser castigado.
Los indígenas de esa localidad ubicada en la Sierra de Manantlán saben que su territorio es una bomba de tiempo a causa del hierro que yace en su subsuelo y de sus maderas preciosas; lo saben porque han tenido diversos conflictos con mineras y talamontes en la última década, periodo en el cual han sido asesinados tres líderes agrarios y dos alcaldes.
“Nunca supimos quién fue ni por qué los asesinaron… Pero nunca habíamos sufrido esto de que se llevaran a nuestra gente”, expuso Gaudencio Mancilla Roblada, el líder moral de la comunidad, en una reunión del Consejo de Mayores el pasado 27 de noviembre en la cual estuvieron presentes dos diputados locales, el presidente municipal de Cuautitlán de García de Barragán, Pedro Sánchez, e integrantes de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara.
Semanas antes de la desaparición de Monroy Prudencio, el 13 de junio, Agustín Mancilla Partida, medio hermano de Gaudencio, ya no llegó a trabajar. “Nosotros queremos saber si está vivo o muerto, pero queremos saber para que ya la familia descanse”, insistió Gaudencio, quien tomó la estafeta de la lucha agraria en Ayotitlán del fallecido Zeferino Padilla, uno de los impulsores del Consejo de Mayores en los noventa.
Para enfrentar la inseguridad, los sabios de la comunidad piden a las autoridades el apoyo para crear su propia policía comunitaria, así como la presencia de militares para, dicen, resguardar a la población de “las camionetas que nos andan rondando”.
Les urge que haya vigilancia en los caminos de la zona por los cuales salen de manera ilegal toneladas de hierro y de madera rosa-morada, cedro y otras especies hacia al puerto de Manzanillo, donde se embarcan para China.
“Ya no queremos depender de mañosos. Hace unos días hubo otro atentado contra el señor comisariado. ¿Qué pasa en la comunidad? Ya ni la autoridad está segura”, reclamó Gaudencio en esa reunión al alcalde priista Pedro Sánchez.
La esposa de Celedonio Monroy y los diputados locales Clemente Castañeda y Javier Díaz fueron testigos de ese ríspido encuentro. La Secretaría General del Gobierno de Jalisco implementó ese día un operativo especial ante una eventual irrupción de algún grupo armado.
Gaudencio, de 65 años –“el más joven de los integrantes del Consejo de los Mayores”– continuó su arenga: “La comunidad tiene sus derechos y costumbres, podemos hacer eso (crear nuestros propios cuerpos de seguridad). Se trata de quitar al mañoso y ver quién puede servir a la comunidad; porque aquí nos conocemos todos y podemos decir: ‘No, ese no, porque es un sinvergüenza, le gusta robar, es borracho, le gusta asaltar’”.
Los diputados y el alcalde aceptaron revisar la agenda y programaron otro encuentro para el próximo 20 de enero en Ayotitlán, con el propósito de revisar el proyecto de la policía comunitaria porque, dijeron, “ya es hora de actuar contra los malditos, no contra los humildes”.
El saqueo, hasta en burros
Los taladores de madera rosa-morada, cedro, cocobolo y tampicirán –esta última “en peligro de extinción”– merodean la zona empuñando armas de alto calibre, dicen los indígenas. A ellos les atribuyen los asesinatos y las desapariciones.
“¿Quién más puede ser? No creo que haya sido la policía. Aquí hay muchos intereses y por eso decimos que se le dé atención a este asunto. Ahorita ya van dos, al rato vamos a ser más”, dice Miguel Monroy, otro de los líderes activos en la defensa del territorio.
En esta región enclavada en la reserva de la biosfera de la Sierra de Manantlán la tala se inició durante la primera mitad del siglo pasado, luego llegó la mina Peña Colorada, cuyos propietario llevan más de cuatro décadas sacando hierro, y a partir del año 2000 comenzaron a establecerse en este entorno mineros pequeños, dicen los lugareños.
Según ellos, en 2010 y 2011 hubo un boom de extracción ilegal de este mineral por parte de grupos armados. No obstante, en octubre del año pasado se puso un freno a la exportación de hierro. Y este año las cosas se complicaron a causa del incremento de la tala ilegal de maderas.
“Se nos vino un pulguero que quería mineral. Se lo llevaban hasta en burros; los veíamos por todos lados rascando la tierra. Y luego llegaron estos nuevos a buscar la madera fina, pero ahora también buscan a las personas finas, las que defienden su pueblo”, dice Gaudencio. Los viejos de la comunidad vestidos de camisa blanca y sombrero escuchan en silencio.
Entre ellos está Lino Roblada, a quien la empresa china Gan-Bo le invadió su predio en 2008 e intentaron hacerle firmar un contrato en mandarín. La población apoyó a Lino y presentó una demanda contra los chinos.
A otro comunero, oficial mayor del Consejo, lo visitó un grupo de representantes de la minera Tecomán. Le dijeron que se iban a meter a su predio pues tenían la concesión minera y el permiso de la Asamblea de Ayotitlán. Le dejaron dos números telefónicos para que se comunicara con un tal Ricardo, representante de la minera.
A su vez, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tiene detectada tala ilegal de tampicirán (enlistada en la NOM-059-Semarnat-2010, clasificada en la categoría de peligro de extinción), barcino y otras especies en la costa de Nayarit y Jalisco. El propósito de los taladores es enviar las maderas finas a China, tal como lo hacen las firmas mineras con el hierro.
En los últimos meses, la Semarnat decomisó madera en cinco ocasiones –10 y 25 de julio, 26 de septiembre, 30 de octubre y 15 de noviembre– pues los inspeccionados no lograron la acreditación legal de los cargamentos.
De acuerdo con el delegado de la Semarnat en Jalisco, José Galindo Jaramillo, en todo el país hay alerta por el incremento del tráfico ilegal de maderas preciosas.
“Hemos visto que la madera ya la mandan en contenedores y eso nos complica su detección. Ahora ya no las transportan en camiones. Entonces estamos analizando cómo atacar el problema de los contenedores que llegan a Manzanillo”, dice el funcionario.
En páginas electrónicas como la www. madereros.com hay anuncios donde se demandan u ofertan maderas provenientes de México. Uno de ellos dice: “Empresa en Shangai, China, necesita madera tipo cocobolo, tampicirán, o Sangualica por contenedor en volúmenes grandes en las áreas de Michoacán, Jalisco, DF. Por favor contactarse con Jorge Espinoza”, el número telefónico es de Colima.
Busco a mi marido
A finales de octubre corrió el rumor de que un grupo de talamontes andaba sacando cedro blanco, rojo, primavera, tampicirán (conocido en esta región como granadillo) y rosa-morada.
Un grupo de indígenas de Ayotitlán se dirigió a los predios de Llano Grande y las Crucecitas. Celedonio Monroy iba con ellos. Localizaron a los talamontes y les pidieron sus permisos, pero éstos sacaron sus armas y los amenazaron.
Días después, los pistoleros fueron a la casa de los indígenas y les dijeron que anduvieran con cuidado y no se metieran con ellos. El día 23 de ese mes un grupo armado llegó a la casa de Celedonio Monroy, en Loma Dorada, ejido de Ayotitlán, y se lo llevó (Proceso Jalisco 417).
La esposa de Celedonio, Blanca Estela González, asegura que no sabe cuáles fueron las causas; tampoco si su cónyuge tiene problemas con los talamontes o la política. “Yo no busco culpables, yo quiero que busquen a mi marido”, dice.
En la región todos saben que Celedonio, nacido en 1975, siempre decía que al terminar sus estudios iba a regresar a su pueblo a defenderlo de los talamontes; y cumplió.
Su padre trabajó hasta el cansancio para pagarle sus estudios. Vendió fierro y reunió lo suficiente para mandarlo a Colima, pues en Ayotitlán el bachillerato se abrió apenas hace dos años.
Celedonio acabó su licenciatura en ciencias políticas. Conoció a Blanca Estela y tras un periodo de noviazgo se casó con ella. La pareja se trasladó la comunidad de Ayotitlán.
“Allá en Colima tenía trabajo, pero siempre terco con que quería regresar a ayudar a su gente. Decía que los maltrataban por ser indígenas. Yo no le creía, pero ahora que fui con él (José Iván Sizzo Rueda, agente del Ministerio Público), lo comprobé”, cuenta la mujer, quien lleva en el pecho una gran cruz de madera. Hay mucha rabia en su voz.
Celedonio se convirtió en asesor del Consejo de Mayores y en director de Asuntos Indígenas del municipio. Participó activamente en el Congreso Nacional Indígena de la región Occidente e incluso visitó en 2009 el campamento solidario con el pueblo de Ostula, en la Costa de Michoacán, cuando éste recuperó sus tierras.
“Siempre le echó todos los kilos. Él decía: ‘Mi vida es por mis indígenas’. ¿Y qué? Ahí están los resultados”, reprocha Miguel Monroy.
Las demandas
El 23 de octubre último a las 23:20 horas llegaron a la casa de Celedonio una camioneta Lobo blanca y otra tipo Suburban de las que bajaron ocho encapuchados. Iban armados y vestidos de militares.
“Los que vieron dicen que había más camionetas en los alrededores. Yo escuché gente y pensé que venían a pedirle consejo, como él estudió ciencias políticas.
“(Al día siguiente) tenía pensado a ir a Manzanillo, a trabajar. Me dijo: ‘Voy con mi tía a pedirle su teléfono porque lo acaban de instalar y te marco a ese número. En eso estábamos, anotando el número, cuando llegan dos encapuchados. Uno daba las órdenes, el otro llegó preguntando por Celedonio y comenzó a buscar armas, incluso me encañonaron .
“Después de sacarlo, uno me dijo: ‘Si tu esposo no tuvo nada qué ver en las armas que buscamos, yo mismo te lo traigo’. Hasta ahorita no sé nada de él”, dice la esposa de Celedonio.
Desde entonces empezó la búsqueda en este camino laberíntico que incluye basureros, fosas comunes, brechas, carreteras y lotes baldíos donde incluso han aparecido cadáveres en los últimos tiempos.
Al principio la gente pensó que se lo había llevado el gobierno, pero ninguna autoridad dio cuenta de él. “ Por eso queremos que se busque, que nos presenten a este señor Celedonio”, demandó Gaudencio Mancilla al presidente municipal Pedro Sánchez y a los dos diputados en la reunión del 27 de noviembre.
La desaparición de Celedonio se suma al asesinato de Concepción Quiñones (2006), Aristeo Flores Rolón (2007) y Nazario Aldama Villa (2004), todos ellos representantes agrarios y defensores del territorio y los recursos naturales de la región.
Sobre la policía comunitaria que la comunidad nahua demanda, Gaudencio insistió: “No vamos a pedir seguridad para que al rato ‘nos traigan de rastras’. No crea –le dijo al alcalde– que no sabemos que aquí hay mucho interés por el maderal y los minerales, que por eso nos han ido quitando territorio desde que éramos la Pequeña República de Indias de Ayotitlán”.
Lo que los indígenas quieren es ser los verdaderos guardianes de Manantlán.