No es un secreto que detrás de la ley de glaciares se encuentran intereses mineros que disfrazan su avaricia con un discurso mentiroso.Sólo el dos por ciento del agua del mundo es agua dulce, y el 75 por ciento de esa agua dulce está en los glaciares. La Ley de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial, votada en dos oportunidades por el Congreso Nacional, no es el resultado de un capricho de nuestros legisladores: fue un esfuerzo consciente a favor del pueblo argentino.
Los glaciares son grandes reservas hídricas que capturan agua en forma de nieve en el invierno. Su masa fría y ubicación en clima fríos de montaña permiten la liberación de agua vital a las cuencas hídricas andinas, cuando más lo necesitan en verano y en meses de poca precipitación.
Sin nuestros glaciares andinos, la nieve del invierno se derretiría con el arribo de la primavera, lo que afectaría las cuencas hídricas que nacen en los Andes.
Por eso los argentinos hemos decidido por ley nacional que los glaciares constituyen para nuestro pueblo reservas estratégicas. No es verdad que la ley de glaciares es de imposible cumplimiento. La ley de glaciares incorpora herramientas de gestión ambiental básicas como el Inventario Nacional de Glaciares y describe con claridad las actividades que pueden o no realizarse en zona glacial o periglacial.La ley protege los glaciares y el ambiente periglacial. ¿Qué es el ambiente periglacial? No es escarcha, es suelo saturado en hielo y es de vital importancia.
Su incorporación a la ley fue una recomendación expresa del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, que reúne a los expertos más importantes de nuestro país en la materia.
El ambiente periglacial es esencial para redistribuir la humedad ambiental de la montaña y para regular el flujo hídrico a las cuencas. Esta “regulación de cuencas” es la razón principal por la que la ley lo protege. Las economías de las provincias cordilleranas no vinculadas a la minería dependen del agua provista por estos recursos de hielo.
¿Quiénes se beneficiarán con la modificación de la ley de glaciares? Las empresas mineras a gran escala.
En 2005, desde el Centro de Derechos Humanos del Ambiente (Cedha) publicamos un informe sobre el impacto de la minería a gran escala. Destacamos la importancia de modificar el marco normativo que legaliza el saqueo, frente al cual la opinión de la comunidad carece de valor alguno. Denunciamos los excesivos privilegios impositivos a favor de corporaciones mineras.
En 2006, cuando asumí en la Secretaría de Ambiente de la Nación, 80 sanjuaninos solicitaron nuestra intervención porque proyectos mineros estaban dinamitando glaciares para extraer oro. Entonces decidimos trabajar de manera directa en lograr la sanción de la ley de glaciares.
Esta ley no sólo protegería a nuestros recursos de hielo en la alta montaña y los identificaría para su continuo monitoreo mediante un inventario nacional, sino que otorgaría a la Secretaría de Ambiente competencia sobre su protección y, de modo específico, una herramienta para detener el avance desmesurado y descontrolado de la minería que está ocurriendo en ecosistemas montañosos sensibles.
¿Qué mejoras ha traído para los argentinos la minería a gran escala?
No es un secreto que, detrás de la modificación de la ley de glaciares, se encuentran intereses mineros que disfrazan su avaricia con un discurso mentiroso de desarrollo. Los niveles de pobreza se incrementaron en la cercanía de proyectos mineros como Veladero o La Alumbrera, que hace más de 10 años están extrayendo oro y plata en Catamarca y en San Juan.
Fotos satelitales demuestran que las mineras no sólo están operando en zonas protegidas por la ley, sino que los glaciares y los ambientes periglaciales están sufriendo un daño irreversible por el avance de esta minería ilegal. En la zona de impacto de las operaciones de Barrick Gold, hay más de 400 glaciares y otros recursos de hielo perenne de alta montaña.
Nos dijeron que hacían minería responsable, pero grandes empresas eluden controles y niegan acceso a la información sobre sus operaciones.
Nos dijeron que la minería es segura y que no hay peligro para el ambiente o para las personas, pero hoy el río Jáchal está contaminado y la gente debe ir a comprar bidones de agua para no enfermarse, porque el agua que sale de sus canillas ya no es segura.
Ya no reclamamos que nos digan la verdad: reclamamos la aplicación de la ley de glaciares sin modificación alguna.
*Fundadora del Centro de Derechos Humanos y Ambuente, exsecretaria de Ambiente de Argentina (2006-2008)