Por Emma Gómez M.
Renco Group, accionista principal de Doe Run Perú (DRP) ha iniciado una fuerte campaña en la que responsabiliza al Estado peruano por los problemas de contaminación ambiental en La Oroya.
Aunque parezca increíble, DRP ha pasado a exigir que el Estado peruano cumpla con las obligaciones y responsabilidades derivadas de las múltiples demandas que viene enfrentando en el Estado de Missouri. Recordemos que hace un año, un grupo de pobladores de La Oroya interpusieron 11 demandas contra Renco Group y sus afiliadas ante el Vigésimo Segundo Juzgado de la ciudad de St Louis, en el Estado de Missouri en los Estados Unidos.
En realidad, por sus antecedentes, no resulta extraño que DRP y su matriz busquen eludir sus responsabilidades. Así lo han hecho siempre. Sin embargo, en esta ocasión han ido un paso más allá buscando que sea el Estado peruano quien asuma la responsabilidad por los problemas de salud que han generado sus operaciones y sus incumplimientos.
Al parecer Renco y DRP se amparan en el contrato de transferencia del complejo metalúrgico de Centromín a DRP, en el que se habría establecido que Centromín asumiría la responsabilidad por los daños por contaminación ambiental que surgieran de la operación.
Esta responsabilidad estaría establecida en el Decreto Supremo Nº 042-97-PCM. En este decreto se señala que el Estado peruano otorga garantía en respaldo de las declaraciones, seguridades y obligaciones asumidas por CENTROMIN PERU, en el Contrato de Transferencia de Acciones, aumento de capital social y suscripción de acciones, resultante del Concurso Público Internacional para la promoción de la inversión privada en la Empresa Metalúrgica La Oroya.
Hay algunos elementos de análisis que surgen de esta situación:
¿Qué tipo de contrato firmó el Estado peruano, a través de Centromín para transferir el complejo de La Oroya? ¿Acaso se asumió la entera responsabilidad por las demandas que surgieran por los problemas de contaminación generados? ¿Resulta sensato asumir una responsabilidad ilimitada por lo que pueda hacer una empresa privada en nuestro país?
La lógica nos indica que Centromín sólo sería responsable por las demandas que se generaron hasta 1997, año en que el complejo metalúrgico es transferido a DRP. Evidentemente, desde que una empresa asume la titularidad de una operación, asume los beneficios así como las responsabilidades por los daños que puede generar su actividad.
El silencio de nuestras autoridades y de Activos Mineros S.A.C. (la empresa sucesora de Centromín), es preocupante. ¿La cláusula contractual a la que alude Renco existe? ¿El Estado peruano debe asumir la responsabilidad frente a los juicios iniciados en Estados Unidos por los daños causados por DRP? ¿DRP y el grupo Renco se saldrán con la suya y todos los peruanos pagaremos por su irresponsabilidad? Esperamos que esto no ocurra. Que nuestras autoridades se pronuncien.