09 de diciembre de 2011Richard Manrique.
Subdirectora de la ONG CooperAcción, afirma que hay que diversificar la economía en donde la minería sea inviable y ser más rigurosos con los temas socioambientales.Posición. Emma Gómez, subdirectora de CooperAcción.
¿Qué refleja el Observatorio de Conflictos Mineros del segundo semestre?
Han vuelto a la cartera proyectos mineros altamente cuestionados, lo que refleja que no hay una voluntad de este nuevo gobierno para evaluar qué tipo de minería quiere desarrollar.
¿Conga es el caso emblemático?
Sí. A Yanacocha le va mal en Conga porque tiene pésimos estándares sociales y ambientales, y una pésima relación con las comunidades. Y no es un cuestionamiento antiminero, porque hay otras zonas en el país, como en el Cusco, donde funciona bien la minería. En cambio, Conga afectaría el acceso al agua en general, tanto para el consumo humano como para la actividad agropecuaria.
¿Cuáles son los otros proyectos?
Es el caso de Tía María, en Arequipa, en el que tuvo que intervenir las Naciones Unidas para finalmente darle la razón a la población. También está el proyecto Río Blanco en Piura, que afectaría ecosistemas frágiles y el acceso al agua, y que está cuestionado por denuncias de secuestro, terrorismo, etc.
Doe Run también está pendiente
Es una empresa que viene contaminando sistemáticamente en La Oroya, colocándola como una de las diez regiones más contaminadas del mundo. Indecopi tiene que definir si la empresa se liquida o se reestructura, pero acaba de reconocer una deuda a favor, lo que significa que tendrá control de la junta de acreedores y reestructuraría la empresa. Y, por otro lado, se ha atrevido a denunciar al Estado ante el CIADI, amparado en el TLC con los Estados Unidos.
Los proyectos son heredados…
Sí, pero si los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) son cuestionados no es camisa de fuerza decir que tengo que respetarlos sí o sí. Se puede pedir una revaluación técnica de los EIA, mientras se suspenden los proyectos.
El informe dice que las concesiones mineras se duplicaron en los últimos diez años. ¿Ha cambiado la gestión en el sector?
A noviembre hay cerca de 25 millones de hectáreas en concesión. Y entre enero y setiembre la inversión minera creció 67,2%, pero este gobierno está demostrando que no tiene voluntad para ver la inversión minera en términos sociales y ambientales.
¿Ello a qué respondería?
El mensaje es que la inclusión social se llevará a cabo en base a proyectos mineros. Entonces, estos proyectos tienen que salir sí o sí, porque de ellos dependen los programas sociales prometidos en campaña. Hay una presión por alcanzar las metas de inversión y el monto del gravamen minero, pues se estiman S/. 3 mil millones anuales, pero no está claro qué porcentaje aporta cada proyecto; entonces se tienen que hacer el mayor número.
¿Hay una contradicción?
Eso es contradictorio, porque se quiere incluir a la gente más necesitada, pero a la vez se le está negando el derecho al agua y a un medio ambiente sano. Se está generando un círculo vicioso.
¿Es o no inclusión social?
No es inclusión social amplia, integral. Es una mirada netamente económica. Se entiende que es necesario generar divisas, pero no toman en cuenta las variables sociales y ambientales, los impactos de los proyectos mineros. Eso no es sostenible en el tiempo y genera conflictos.
¿Cuál sería la alternativa?
Los gobiernos regionales y locales tienen planes de desarrollo alternativos, que no representan montos como la minería, pero que son sostenibles y demandan de mano de obra, como el ecoturismo o la agricultura orgánica. No en todas las zonas la minería tiene que ser el motor de desarrollo.
Mientras se espera una ley de ordenamiento territorial, siguen dando concesiones mineras…
Están atrasando los procesos técnicos para que los proyectos salgan sí o sí. No quieren evaluar si son viables y si el territorio se adapta o no.