Marco Arana, líder del movimiento Tierra y Libertad y crítico del proyecto Conga, opina sobre la salida de Carlos Santa Cruz de Newmont, además de lo que se espera del trabajo de los nuevos responsables. Hace también un balance de la actuación del gobierno nacional en el conflicto.
¿Cómo ve la decisión de Newmont de retirar a Carlos Santa Cruz de la vicepresidencia para América del Sur?
En el 2004, en plena crisis de Quilish, hubo un cambio cuando movieron a Carlos Santa Cruz de la gerencia de Yanacocha a la gerencia sudamericana y colocaron a Brant Hintze, un americano, en Cajamarca. El tema es que cambiaron a las personas pero no cambiaron las políticas. En ese sentido, habría que saber si el señor Todd White, –quien remplazará a Santa Cruz–, va a revisar las políticas o solamente es un cambio cosmético de personas. Habrá que escuchar al señor White.
También se ha designado temporalmente a Javier Velarde como gerente general y de Asuntos Corporativos, responsable de mejorar las relaciones externas de la compañía. ¿Cuáles son sus impresiones?
Velarde ya ha estado antes en Yanacocha. Cuando recién llegó a la compañía intentó hacer una exposición por lo menos pública, de que iban a cambiar las cosas, pero luego asumió una alta responsabilidad con Carlos Santa Cruz y finalmente desapareció. En realidad Velarde tendrá poco tiempo ya que en noviembre llegará White. Quizá ambos diseñen nuevas políticas de gestión ambiental y de relaciones comunitarias, pero resulta poco creíble porque Velarde ha estado con Santa Cruz, en el mismo equipo.
¿Cómo se pueden interpretar todos estos cambios?
En términos prácticos pueden ser interpretados como una especie de sanción a Santa Cruz, ó sea una suerte de búsqueda de cambio de rostros, porque el de Santa Cruz está ligado al desprestigio de la empresa y a la confrontación con la población, pero Velarde es parte del mismo equipo.
En todo caso, ¿qué se podría esperar de estos cambios?
Que signifiquen un cambio de políticas en materia social, ambiental y una regeneración de los principales cuadros de la empresa que han contribuido a que desde el 2000 con Choropampa, haya mayor conflictividad.
¿Se puede decir que esto se convierte en una victoria para la población cajamarquina, al menos la que está en contra de Conga?
Dada las malas relaciones, efectivamente la población puede mirar esto como un gesto producto de la crisis de Conga y, por lo tanto, después del cambio de dos gabinetes ministeriales, podría leerse así. Pero la gente también dice, que si no hay cambios en la gestión va a ser lo mismo que nada. De modo que no lo sentimos como victoria ni nada. Sólo se espera que haya un anuncio de la nueva gerencia diciendo: “Nos retiramos de Conga y vamos a resolver nuestros problemas”. Ahora, políticamente, sí es una suerte de derrota para Santa Cruz.
¿No cree que sea difícil que Yanacocha diga eso? Tiene dinero invertido en el proyecto y no querrá perderlo.
¿Cuál es el problema principal de Yanacocha? ¿La plata o la gente? Creo que el principal problema que tiene en Cajamarca no es económico sino social. Minera Yanacocha siempre ha declarado públicamente que su mayor riqueza es la relación con las comunidades, que la rentabilidad que más le importa es la del entorno que es el nuevo enfoque de responsabilidad social empresarial. De manera que reducir eso al tema de: “Ya gastamos en Conga, y aunque la gente no quiera vamos a adelante con acciones de represión, de rechazo y violencia”, creo que queda fuera de lugar.
¿Qué mirada debe tener Yanacocha, entonces?
Yanacocha debe evaluar el futuro de su paquete de inversiones en el Perú, recordemos que tiene concesiones en Tacna, Moquegua y no sólo en Cajamarca. Debe mirar cómo se reposiciona porque entre las corporaciones grandes, tiene el peor prestigio y reputación en el país. Esa es la mayor inversión que tiene que hacer, es decir, recuperar su credibilidad y confianza de las poblaciones para el conjunto de sus proyectos mineros, y no pensar en una mirada de que como ya gastaron, el proyecto debe salir sí o sí.
El gobierno nacional no ha vuelto decir nada sobre Conga. Parece que por el momento ha puesto fin al tema con la suspensión del proyecto. ¿Cómo ve la actuación del Estado en este momento?
Por parte del Estado hay dos cosas. Primero que es una gran mentira que el proyecto está suspendido y segundo, que sobre la base de esa mentira se han puesto de costado sobre el tema, pero mantienen un desplazamiento policial extraordinario en la zona. A ello se suma que no hay ninguna señal clara sobre lo que Ollanta Humala anunció hace más de tres meses, que en treinta días presentaría un paquete de cambios para la nueva minería en el país. Es decir, lo que ha hecho es cambiar el discurso pero no los mecanismos, y resulta claro que el gobierno está cometiendo un gran error al tener un visión militar-policial de los conflictos socio ambientales y negarse a un debate público y abierto en torno a propuestas en lo que se debe hacer en la minería y la gestión ambiental, que es lo que nosotros hemos planteado. La gente que ahora está en las lagunas tiene un nivel de enojo y disgusto que no se había hecho presente en las anteriores movilizaciones porque sienten que ahora sobre sus muertos, encima se burlan, y eso es peligroso, eso es ponerle más leña al fuego.
Al parecer hay una firme posición de los pobladores apostados en las lagunas. No se irán hasta que se declare la viabilidad del proyecto Conga. ¿Será esto sostenible?
La esperanza que se tiene es que por la vía pacífica se logre eso y si el gobierno no lo quiere hacer que lo haga la empresa. Además es importante que se muestre una disposición a resolver los problemas, ya que la gestión de Carlos Santa Cruz deja un montón de bombas de tiempo: Choropampa sin resolver, Quilish anunciado para el 2016, un juicio por el caso Business Track en Lima por chuponeo, víctimas que quedan en la impunidad por los hechos de Combayo en 2006. En ese sentido, a White le espera una reingeniería de este proyecto sino va a tener el rechazo de la población.
¿Los facilitadores ya cumplieron su papel o todavía les queda algo por hacer?
Han cumplido su rol. Y, en el mejor de los casos lo que podrían hacer es ayudar a que se produzca un debate público nacional sobre las nuevas reglas de la minería y la nueva gestión ambiental. Cuando intervinieron en Conga lo que hubo fue una mayor polarización debido a la falta de señales del gobierno para resolver los problemas. Ellos tenían la tarea de acercar a la población al gobierno y al nuevo gabinete, pero no ocurrió eso. Ahora el gobierno sigue distante y continúa la persecución judicial a los líderes.