Pueblos indígenas de esta región insisten en que la extracción de minerales causaría efectos irreversibles. Gobierno defiende que esta industria está en capacidad de prevenir impactos ambientales.
En la Amazonia viven 22 grupos indígenas, que ocupan el 55% del territorio.
Exactamente hace un año, en su intervención en la Cumbre Río+20, el presidente Juan Manuel Santos anunció una decisión bastante polémica: 17 millones de hectáreas en la Amazonia y la Orinoquia se convertirían en áreas de minería estratégica, con el fin de “lograr el crecimiento y el desarrollo sostenible del sector minero colombiano, bajo un concepto de responsabilidad técnica, ambiental y social”. Esa decisión quedó en firme con la resolución 0045 de junio de 2012, que en concreto busca seleccionar las empresas más calificadas para que hagan la explotación en la zona.
Un año después del anuncio el futuro del Amazonas sigue siendo incierto. ¿Qué va a pasar si la minería a gran escala se instala en este bosque tropical? ¿Qué va a suceder, además, con los 22 grupos indígenas que viven en la zona? Las respuestas del Gobierno aún no son claras.
Esa es una de las conclusiones que se desprende de la Mesa de Seguimiento a la Minería en la Amazonia Colombiana, liderada por la iniciativa Amazonas 2030 y que se realizó ayer en Bogotá.
Durante el debate quedó claro que antes de abrir zonas del Amazonas para la minería, hay muchos asuntos de fondo que resolver. Uno de ellos tiene que ver con la consulta previa. Pese a que Juan Guillermo Castro, quien asistió al debate en representación de la Agencia Nacional de Minería, asegura que el Gobierno no tenía que consultar a las comunidades para declarar la zona en la que viven como área de minería estratégica, la Organización de los Pueblos Indígenas de Amazonia (Opiac) y la Fundación Gaia Amazonas reclaman el derecho que por ley tienen los indígenas a ser consultados cuando se toman medidas legislativas y administrativas que tengan que ver con sus territorios.
Así define la situación Julio César Estrada, representante de la Opiac: “Lo que vemos es que están alistando el territorio para entregárselo a las grandes empresas. Es una decisión para garantizar que la gran minería entre al Amazonas, un negocio que se está haciendo a espaldas de los indígenas porque nunca nos han consultado. Nosotros somos los dueños de los resguardos y tienen que consultarnos”.
Su posición la comparte el director de la Fundación Gaia Amazonas, Martín von Hildebrand: “El 55% de la Amazonia les corresponde a los resguardos, los indígenas son los dueños de la tierra, por lo tanto cualquier acción tiene que pasar por una consulta previa y el Gobierno no le ha dado la importancia que merece”.
Aun así Castro insiste en que “como no se ha entregado ningún título no se requiere consulta previa”. Pero para Von Hildebrand es claro que “si hablamos de minería, tiene que haber consulta previa”.
La consulta previa no es el único proceso que aún no se ha resuelto. Dos meses después de que el presidente firmara la resolución 0045 para crear las zonas de minería estratégica, el Ministerio de Ambiente le salió al paso con una nueva resolución que suspendió de manera temporal la recepción de solicitudes de sustracción en la reserva forestal de la Amazonia. Con ese mecanismo suspendido no se pueden extraer zonas de la reserva para su explotación.
Sin embargo, la suspensión es temporal, mientras el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi avance en la zonificación y ordenamiento de la Reserva Forestal del Amazonas. Luz Marina Mantilla, directora del Sinchi, señaló que ya se terminó la zonificación de tres de los nueve departamentos que hacen parte de la reserva que comprende 12 millones de hectáreas, otros tres están en proceso de socialización y los tres restantes aún están en estudios. Se analizaron más de 12 millones de hectáreas.
La idea es que la zonificación pueda determinar las áreas en las que definitivamente no se puede hacer minería. En este momento en la región Amazónica, que abarca ocho departamentos, existen 149 títulos vigentes, sin contar la minería ilegal.
Para el economista y experto en temas ambientales Guillermo Rudas, es evidente que con este panorama es necesario mantener la moratoria minera, no sólo en la Amazonia sino en todo el país. Sin embargo, ayer, la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció que la ventanilla se abrirá el 2 de julio para reactivar la titulación.
Aunque la ANM insiste en que “la industria minera puede hacer mucho para prevenir los impactos de las operaciones mineras”, para la Opiac esos impactos son irreversibles en un ecosistema de estas características. “La locomotora no puede entrar a la Amazonia. Como indígenas no hemos encontrado un sólo lugar donde la minería no cause desastres. La minería aquí no puede ser sostenible”, aseguró.