13 de Mayo de 2011
Así lo advirtió el fiscal federal general de Tucumán quien en declaraciones a una radio de Santiago del Estero dijo que desde hace más de 10 años la empresa contamina con metales pesados un canal que luego desemboca en el dique El Frontal de Las Termas de Río Hondo. Por otra parte, un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
11/05/2011. Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gustavo Gómez, de todas las industrias, en su mayoría tucumanas, que son acusadas por el daño ambiental ocasionado a la cuenca de los ríos Salí-Dulce, «Minera Alumbrera es la que más contamina».
Durante una entrevista concedida a la radio LV11 de Santiago del Estero, el fiscal recordó que «en Tucumán tenemos cerca de 100 causas penales por contaminación ambiental», en las cuales tuvo una fuerte participación como principal instructor.
En este sentido, resaltó que en la Justicia Federal de Tucumán hay «casos de condena por delitos de contaminación ambiental» y destacó que «por el volcado de residuos patológicos fue condenado el intendente de Concepción (Octavio Muedra) a un año de prisión. También condenaron a los propietarios de un sanatorio a tres años de prisión; tenemos procesados a más de media docena de intendentes por esta cuestión de la contaminación a través de los basurales, y empresarios de recolección de residuos. Se ha procesado a los propietarios de empresas citrícolas y de frigoríficos», enumeró.
«La que más contamina»
No obstante, Gómez advirtió que «la Minera (Alumbrera) para mí es la que más contamina». A propósito, recordó que «se presentaron tres querellantes en una causa, uno de una ONG ambientalista de Buenos Aires, otro de una ONG de Tucumán y la otra es Anita Loto, la ex concejal de Las Termas».
También recordó que los querellantes «se reunieron días pasados con los camaristas, le plantearon estas cuestiones y están impulsando la causa penal de la Minera Alumbrera pidiendo el procesamiento de sus directivos».
Según dijo Gómez a LV11, en declaraciones reproducidas por el Nuevo Diario de Santiago, «los ciudadanos comunes están en un riesgo mucho mayor que yo. A mí me pagan un muy buen sueldo por hacer el trabajo que hago, pero Anita Loto tiene un sueldo básico y sin embargo tiene el coraje de presentarse e impulsar todas estas acciones en representación de su pueblo», destacó.
Explicó que «en el caso de Minera es una causa que ya tiene 13 años de duración. Si se lo pudiera llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos harían muchas recomendaciones, porque sin dudas está fallando la administración de justicia y por eso creo que la presentación de los querellantes va a significar un gran impulso en la causa, sobre todo porque la propia empresa minera en sus informes de impacto ambiental reconoce la contaminación y los niveles elevados de la misma», argumentó.
Gómez destacó al respecto que «esto es casi una prueba matemática porque los niveles de contaminación por encima de los cuales se comete un delito ambiental están establecidos en la Ley 24.051». «Hay contaminación con metales pesados y confesado por la propia empresa Minera Alumbrera, estos son líquidos que se tiran a un canal y que van directamente al dique Frontal (de Termas de Río Hondo) y es algo que ocurre desde hace más de 10 años, por lo que hay un proceso de acumulación muy importante», manifestó.
Evasión: las multimillonarias ganancias de Minera Alumbrera
Un informe oficial indica que la compañía obtuvo 1.590 millones de dólares el año pasado por la extracción de minerales y que las ganancias acumuladas en el período 1.999-2010 alcanza los 10.962 millones de dólares. Una cifra insignificante si se la compara con los 40.000 millones de dólares que se habría llevado según una demanda penal.
Mientras que dos causas penales contra la empresa Minera Alumbrera (una por contaminación y otra por una multimillonaria evasión) se tramitan sin avances sustanciales en la Justicia Federal de Tucumán, la compañía de capitales extranjeros reportó en 2010 ganancias por la extracción de minerales por la friolera de 1.590 millones de dólares. Según un informe oficial recientemente difundido, Minera Alumbrera, que explota el Yacimiento Bajo la Alumbrera, en el departamento Belén, en la vecina provincia de Catamarca, extrajo y se llevó del país oro, cobre y otros metales de alto valor económico por un monto global de 1.590 millones de dólares, es decir unos 6.390 millones de pesos.
De acuerdo al mismo informe, ese nivel de exportación que registró la empresa implicó un incremento de 20 por ciento respecto del año anterior y el acumulado 1999-2010 suma unos 10.962 millones de dólares o sea 43.848 millones de pesos.
Sin embargo, esas cifras son insignificantes si se las compara con los 40.000 millones de dólares que, de acuerdo a una demanda penal presentada hace más de un año por dos geólogos tucumanos, se habría llevado Minera Alumbrera en los últimos tiempos (ver «Investigación estancada»).
En el informe oficial, se aclaró que este crecimiento respecto de 2009 es producto sólo de la suba de precios de estas commodities, ya que las cantidades exportadas disminuyeron 2,4 por ciento para el concentrado de cobre, 22,3 por ciento, para el oro doré y 4,4 por ciento, para el molibdeno.
Según el mismo documento, la composición de los envíos al exterior es de: 95,5 por ciento concentrado de cobre y oro, mientras que 3,5 por ciento es oro doré y el 1,1 por ciento restante molibdeno.
El valor de las exportaciones del proyecto Alumbrera para 2010 significa 2,3 por ciento de las exportaciones totales del país, 10,5 por ciento de las exportaciones de productos primarios y 35 por ciento de las exportaciones del sector minero.
Según la empresa, en 2010, el proyecto minero aportó a la economía argentina ingresos por un total de 3.916 millones de pesos, en concepto de pago de impuestos, regalías, salarios, aportes a la seguridad social, compra de insumos y servicios nacionales, entre otros.
No obstante, es oportuno aclarar que a diferencia de las exportaciones normales, que le generan al país importantes ingresos, en el caso de esta compañía se ve beneficiada por el Decreto 753/2004, según el cual las mineras no están obligadas a ingresar al circuito financiero argentino los dólares producidos por la venta al exterior de lo extraído en territorio argentino.
Investigación estancada
Hace 15 meses fue presentada ante la Justicia Federal de Tucumán una denuncia sobre un ocultamiento de ganancias por más de 40.000 millones de dólares por parte de la firma Minera Alumbrera, en perjuicio del Estado nacional y de sus socios del Yacimiento Minero Aguas de Dionisio-YMAD (constituido por la Universidad Nacional de Tucumán y el Gobierno de Catamarca). Sin embargo, la causa, que está en manos del titular del Juzgado Federal Número I, Daniel Bejas, sigue paralizada y no hubo un avance significativo en la investigación.
La demanda fue promovida por los geólogos tucumanos Guillermo Amilcar Vergara y Miguel Gianfrancisco, quienes mediante la realización de un estudio sobre metalogénesis llegaron a comprobar que Minera Alumbrera solamente declara, para su tributación, la exportación de oro, cobre y molibdeno, pero omite informar sobre la extracción y venta al exterior de importantes cantidades de una lista de casi 50 minerales de alto valor económico, entre ellos: escandio, titanio, cromo, cobalto, cesio y uranio. De acuerdo a la demanda de los profesionales, con la exportación no declarada de esos metales se estaría consumando una evasión de más 8.000 millones de dólares por año.
Para llegar a esa cifra, los licenciados Vergara y Gianfrancisco realizaron un cálculo sobre las cantidades vendidas al exterior, el precio en dólares por gramo de cada uno de los mencionados minerales y el tributo que deberían haber ingresado al Estado Nacional, a Catamarca y al YMAD.
En su planteo, los geólogos recordaron que el Código de Minería de la Nación establece que los primeros cinco años la firma minera estaba libre de impuestos, por lo que la evasión impositiva real estimada abarca, hasta comienzos de 2010, (que es cuando se concretó la demanda) siete años. A partir de dichas consideración, el monto del fraude-evasión ascendería a más de 40.000 millones de dólares.
La causa por contaminación
Paralelamente a esa causa, en la Justicia Federal de Tucumán se investiga otra demanda contra Minera Alumbrera, que fue iniciada hace 13 años, por contaminación ambiental.
La demanda fue planteada por el ex titular de Medio Ambiente de la Provincia, Juan Antonio González, junto a un grupo de organizaciones ecologistas y a la concejal de las Termas de Río Hondo Anita Loto, que acusaron a la firma de envenenar las aguas del canal DP2, que está ubicado en territorio tucumano y desemboca en el río Salí, que a su vez vuelca sus aguas en el dique El Frontal.
Por estos hechos, estuvo procesado el vicepresidente de la minera, Julián Rooney, luego de que en mayo de 2008 la Cámara Federal de Apelaciones lo considerara supuesto autor responsable del delito de contaminación peligrosa para la salud, previsto por el artículo 55 de la Ley Nº 24.051 (Residuos Peligrosos). En septiembre de 2009, la Cámara de Casación Penal declaró la nulidad del procesamiento. Sin embargo, Rooney sigue como imputado en la causa por violación a la citada norma.
El último movimiento importante en la causa se produjo hace unos días, cuando el titular del Juzgado Federal II, Mario Racedo, ordenó realizar nuevos estudios sobre el grado de contaminación actual del canal DP2, designando para esa tarea a tres ingenieros de la facultad de Ciencias Exactas de la UNT.
Los querellantes expresaron su total disconformidad con esta medida, aduciendo, por un lado, que al ser la UNT socia de Minera Alumbrera en el YMAD la elección de peritos pertenecientes a esa casa de altos estudios no garantiza la imparcialidad necesaria para establecer si la firma minera sigue envenenando el agua.
Por otro lado, plantearon que, después de 13 años de iniciada la causa, ya hay pruebas suficientes que constatan el daño ambiental ocasionado por la compañía minera.