El Dr. Antonio Gómez dijo a EL LIBERAL que en la provincia de Tucumán «hubo un círculo vicioso porque contaminar genera dinero, el dinero genera corrupción y la corrupción, impunidad». Afirmó que ahora «hay un cambio de actitud».
Fuerte repercusión hubo en Tucumán por el nuevo frente judicial que abrió la Justicia Federal de Santiago del Estero contra la contaminación del embalse Río Hondo. El fiscal Pedro Simón pidió recientemente la imputación y citación a indagatoria de los directivos de 15 ingenios, 5 citrícolas, Papelera Tucumán, Minera Alumbrera y Aguas del Tucumán, empresas sindicadas como responsables de envenenar las aguas del lago. Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gómez, quien en su jurisdicción impulsa los procesos por delitos ambientales, consideró que esta causa iniciada en Santiago del Estero puede ayudar a que cese la contaminación.
En diálogo con EL LIBERAL, el funcionario sostuvo que detrás de la contaminación hay corrupción y salió a contestarle al secretario de Medio Ambiente de Tucumán, Alfredo Montalván, quien había manifestado que hubiese preferido que la Justicia no sea la vía para solucionar este conflicto sino la administración. «Si la Justicia interviene es porque ha fracasado la administración», le respondió Gómez quien también cuestionó el modo en que algunos jueces federales buscan resolver esta problemática, solamente con recursos de amparo.
¿El nuevo frente judicial abierto en Santiago del Estero coadyuva a poner un límite a la contaminación?
-En tanto y en cuanto esto sea una investigación que apunte a investigar delitos ambientales y condenar a los responsables, cierto es que sí, va a ser de gran ayuda. Estos hechos que están sumados en este expediente analizan la contaminación del lado del que la sufre, es decir los santiagueños. Su reflejo está en las causas penales que están acá en Tucumán, pero que también del lado de los que comenten el hecho que son los contaminadores.
-En todos estos años, ¿se logró acorralar judicialmente a algunos responsables y condenarlos por los delitos ambientales?
-Hay causas penales, como en el caso de los residuos patogénicos donde fueron condenados los autores de estos delitos, por ejemplo los propietarios de un sanatorio que depositaban estos residuos patogénicos que terminaban en el río Salí y con ello en Santiago del Estero, y también a un intendente. A los del sanatorio se los condenó a tres años de prisión y al intendente que era cómplice de nombres de este tipo, a un año de prisión. Esto significó en los hechos que en Tucumán, a los residuos patogénicos se le da el tratamiento que por ley corresponde quemando en los hornos pirolíticos. Es decir que la sentencia penal tiene esa faceta preventiva del delito ambiental y que es muy útil al momento de la contaminación. Si conseguimos condenar a algún propietario de algún ingenio por un delito de contaminación ambiental, verá que los 15 ingenios azucareros de Tucumán se van a poner al día con todo lo que tienen que ponerse.
-¿Se está lejos de llegar a ese escenario, es decir la condena a algún empresario?
-En el caso de los ingenios estamos un poco lejos porque básicamente el criterio que tienen algunos jueces federales acá, es que son más útiles las acciones de amparo, poner multas, etc. Yo estoy en contra de esa postura, me parece que en estos últimos 50 años la contaminación es una constante, hay muchísimos recursos de amparos, no sólo en Tucumán, sino en Santiago del Estero incluso la propia Corte Suprema y esto jamás dio resultado. Y la experiencia que tengo desde el delito ambiental, es que justamente la acción penal ambiental es la que pone en capilla y la que realmente detiene la contaminación.
-¿Hay presiones de empresarios para frenar el embate judicial o a partir de estas causas hay un cambio de actitud y quieren mejorar el tratamiento de sus desechos?
-Yo creo que hay un cambio de actitud de muchos empresarios. A raíz de varias denuncias penales que nosotros abrimos, incluso se llegó a procesar a algún propietario, los ingenios en Tucumán comenzaron todos a poner filtros en sus chimeneas. Este es un camino que está señalando que la acción penal es útil al momento de detener la contaminación. Lo que creo que en realidad también hay como un círculo vicioso donde contaminar genera dinero, el dinero genera corrupción, y la corrupción genera impunidad. A más impunidad, más contaminación, y esto es como una espiral. A mí me parece que el trabajo desde la administración de Justicia es terminar con la impunidad, si usted corta con la impunidad ya no va a haber contaminación porque no va a dar dinero y también vamos a eliminar todo lo que es la corrupción dentro de la administración pública, no se olvide que detrás de un delito ambiental siempre hay un funcionario corrupto, que esto no le quepan dudas.
¿Este problema de corrupción se produce dentro de la problemática de la cuenca?
Si quiere un título, diría que sí, que detrás de cada delito ambiental que se investiga siempre hay un funcionario público corrupto.
-Montalván (secretario de Medio Ambiente de Tucumán) había manifestado que hubiese preferido que no intervenga la Justicia, sino que anhelaba que esta situación se hubiese resuelto vía administrativa, ¿Qué opina de estos dichos?
-Que hace 50 años que esperamos eso. Si la Justicia interviene es porque ha fracasado la administración y la prueba del fracaso de la administración pública en Tucumán a los efectos de controlar a los que contaminan es nada más y nada menos que el dique Frontal. Yo no tendría 4 toneladas de peces muertos si en Tucumán no se contaminara el ambiente. No estoy en lo absoluto de acuerdo con lo que dice Montalván. Y creo que también, quiero ser sincero con ustedes los santiagueños, creo que también se han quedado y se quedan mucho en estos temas. En las causas ambientales como Minera Alumbrera, no hay ningún santiagueño querellante y esto permitiría impulsar las investigaciones. El único caso es de una concejal»