Al menos medio millón de labriegos se encuentran amenazados por los grandes proyectos mineros e hidrológicos que operan o están en vías de construcción a lo largo y ancho de 141 mil hectáreas de la Sierra Norte y Nororiental de Puebla.
Sólo en ese espacio territorial las autoridades federales han otorgado 90 concesiones mineras y llevan a cabo ocho proyectos hidroeléctricos.
Cristóbal Sierra, dirigente del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano-Popular, que es parte de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala-Movimiento Nacional (CNPA-MN), alertó que esa superficie equivale a que se pierda 30% de este territorio, lo que ocasionará que 75% de la población abandone la agricultura.
Sierra explicó que los promotores de casi un centenar de megaproyectos han violado el derecho a la consulta que obliga el Convenio 169 de la OIT, además de lo señalado en el artículo segundo de la Constitución.
Ello sin contar que, como ha ocurrido en otras zonas de explotación minera, la actividad generará enfermedades cancerígenas en alrededor de medio millón de ejidatarios e indígenas, mientras que las mujeres embarazadas registrarían males congénitos.
Además, se contaminarían más de 100 manantiales que surten a las comunidades autóctonas, condenando a la gente a una muerte lenta por la contaminación con cianuro, advirtió.
El líder campesino detalló que la minería es profundamente destructiva, aparte de que contamina los manantiales. Además, los proyectos hidroeléctricos que pretenden darle energía a las minas también privatizan el agua y devastan grandes zonas en donde ya no se puede ni pescar.
En toda la región Sierra Norte y Nororiental de Puebla sumarían unas 500 mil personas quienes estarían propensas a adquirir enfermedades cancerígenas en ojos y pulmones.
En el caso de las mujeres, alertó, “se generarían males congénitos en embarazadas y malformaciones en la gestación de los nonatos; es totalmente documentado a nivel internacional que esto es lo que provoca el cianuro y más de 300 químicos pesados que utiliza la minería”, aseguró Cristóbal Sierra.
Ese 75% de la población que se dedica a la siembra de frijol, calabaza, café, maíz y otros cultivos, con la presencia de la minería, dejará de producir esos alimentos, vaticinó.
Por ello hizo un llamado urgente a la Cámara de Diputados para que asuma su responsabilidad, debido a que en breve se votará en el pleno la aprobación de las leyes secundarias sobre hidrocarburos y electricidad, las cuales afectarán a la población indígena y campesina con la “ocupación temporal” de la tierra.
“Demandamos su cancelación para que de manera constitucional pueda consultarse a las comunidades indígenas en donde se están tratando de imponer estos proyectos”, exigió Cristóbal Sierra.