Exactamente hace un año atrás, como comunidad de toda la cuenca del Valle del Huasco comenzábamos a escuchar con preocupación los rumores de sondajes del proyecto Nueva Unión en mitad del río Huasco, en el sector Maitencillo, Freirina; el que entre otras cosas proyecta pasar un mineroducto a 24 metros debajo de sus aguas.
Los rumores se hicieron realidad y fue así como el 2 de mayo agricultores, regantes, dueñas de casa, pobladores, habitantes, crianceros y artesanos de toda la cuenca nos volcamos al sector que sería intervenido con la fuerte convicción de frenar ese flagelo y daño a nuestro río, que es nuestra vida.
Investigamos y comprendimos que las obras no contaban con evaluación ambiental, por tanto que eran ilegales, y con horror nos informamos que la empresa había y estaba efectuando más de 193 sondajes en toda la cuenca, todos ellos también sin evaluación; y los cuales ya habían causado graves daños a las aguas, flora y fauna, entre otras dolorosas consecuencias.
Fue así como, en paralelo de intentar de paralizar las obras in situ e instaurar una vigilancia comunitaria, de pedir los permisos a la empresa que nunca llegaron y de que, incluso vecinos fueran tomados detenidos, ingresamos un recurso de protección, que fue declarado admisible y el que además dio curso a una medida cautelar que paralizó todo sondaje hasta la fecha. Posteriormente, fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Copiapó quien lamentablemente erró en una serie discernimientos. Por lo que apelamos a la Corte Suprema, siendo acogida a trámite y por la cual este 29 de abril se realizan sus alegatos.
Este es otro caso escandaloso que da cuenta de que los derechos básicos como son el bien común, a la vida y a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, supuestamente asegurados en nuestra Constitución no se respetan si es necesario mantener el sistema y modelo. La abogada de la comunidad, Alejandra Donoso de la Defensoría Ambiental es tajante en valorar la importancia de la causa y de los alegatos que se desarrollarán: “El abuso del Derecho en que se incurre al basarse en un desequilibrio en el acceso a la información, participación y a la justicia ambiental, para conseguir fines individuales, en desmedro de la protección del patrimonio ambiental, es una conducta que se reitera en nuestro país, y que es necesario que la más alta magistratura revise. En este caso, esta actitud ha permitido la materialización de un gran número de sondajes en un lugar con un frágil equilibrio ecosistémico, a sabiendas de la autoridad administrativa y judicial, sin que la propia autoridad fiscalizadora tenga claro cuál es el universo real de impactos al que nos enfrentamos cuando hablamos del proyecto Nueva Unión”.
Por su parte desde el Movimiento Socioambiental del Valle del Huasco y la Coordinadora por la Vida del Valle del Huasco con claridad insisten en que este proyecto no tiene ni tendrá Licencia Social para su ejecución.