01 de Abril de 2011 Por Miguel Lévano
Estos últimos días hemos apreciado nuevamente violencia en la provincia de Islay, al sur del país. Nuevamente dirigentes y pobladores salieron a las calles, y a la carretera, para manifestar su oposición al Proyecto Minero Tía María que impulsa Southern Perú. ¿Pero acaso nos encontramos frente a una intolerante actitud de los pobladores de esa parte del país en relación con una actividad económica que puede traer importante desarrollo, particularmente a dicha localidad y a su región Arequipa? ¿Existen condiciones para llevar a cabo un efectivo proceso de diálogo?
31/03/2011. Revisando el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto Tía María, que por cierto se puede encontrar en el portal del Ministerio de Energía y Minas, podemos identificar en el contenido sobre participación ciudadana que se reconoce la preocupación ambiental y de abastecimiento de agua manifestada por los pobladores y dirigentes en el proceso de elaboración de dicho EIA, a través de los talleres, encuestas, grupos focales y entrevistas que alimentaron ese estudio en el 2007 y 2008.
Sin embargo, en el contenido del EIA no se responde ni atiende dichas preocupaciones. Muy por el contrario se esperó el rechazo social a través de los diferentes hechos de violencia en el 2009 y 2010 para recién considerar la alternativa de desalinización del agua como propuesta.
Pero lo más impresionante es encontrar que los que participaron de dicho EIA fueron las diversas organizaciones de Cocachacra y de la provincia de Islay quienes hoy protestan contra el proyecto.
¿Doble cara? No lo creo. Por el contrario, el mismo EIA evidencia que los pobladores y dirigentes tenían voluntad de diálogo, insistían en su preocupación a través de los mecanismos previstos, pero al parecer no sólo primaron los oídos sordos en Southern y sus funcionarios, sino que además fue evidente la ausencia en todo ese proceso del Ministerio de Energía y Minas, sobre todo a la hora de verificar que se incorporen las respuestas a las preocupaciones locales, y no se reduzca su presencia únicamente a la audiencia del EIA… papel del que ya hemos visto las consecuencias.
Recordemos lo que mencionó Beatriz Merino, Defensora del Pueblo, hace poco menos de un año en un artículo que publicó en El Comercio:
En el caso de Islay, toca acercarse a la gente, a escuchar atentamente sus demandas, a buscar consensos, a informarles apropiadamente sobre los detalles del proyecto y reconstruir la relación de desconfianza.
Era evidente que eso faltaba hace un año y sigue faltando hoy en día.
En ese contexto del 2010, se llevó a cabo un paro que fue suspendido tras la reunión de diálogo con una comisión del Gobierno Central, Gobierno Regional y local, liderado por el entonces premier Javier Quesquen en que se llegan a varios acuerdos, pero donde no se suscribe un acta, paso básico para cualquier funcionario que sabe de procesos de diálogo.
Hoy nos encontramos nuevamente con un escenario de enfrentamiento en esa parte del país, con el costo de varios heridos y personas afectadas por el bloqueo de la carretera. Inclusive se ha amenazado con bloquear la realización de las elecciones generales próximas en esa provincia. Pero ¿qué paso con el proceso de diálogo impulsado hace un año? ¿Qué acuerdos no fueron cumplidos? ¿Qué hizo el ejecutivo para asegurar no se abandone el camino del diálogo? ¿Qué podemos hacer para recuperar la relación de desconfianza que sigue deteriorándose? Podría decirse que este gobierno no ha tenido la capacidad para abordar casos como el de Tía María, pero además y lo más crítico es que no ha tenido la voluntad.
Esperemos que si hay un esfuerzo de acercamiento éste sea sincero y no sólo para suspender la paralización sino para suspender el problema de fondo… o que por lo menos, esta vez, no se olviden de suscribir un acta.