Washington, EEUU – 22/07/2010. «Esta disposición histórica le da a los ciudadanos en países ricos en recursos información que necesitan para combatir la corrupción en el sector petrolero y minero, y reclamar a los gobiernos un uso responsable de esos recursos», destacó Isabel Munilla, directora de la oficina estadounidense de Publica lo que Pagas (PWYP, por sus siglas en inglés), coalición de unos 600 grupos religiosos, de derechos humanos y por el desarrollo activos en 55 países.
«La legislación echa luz sobre miles de millones (de dólares) en pagos de las compañías petroleras y mineras a los gobiernos. Los ciudadanos ahora tienen una poderosa herramienta para investigar los niveles de gasto público en desarrollo económico, protección del ambiente y servicios de salud», añadió.
Otra disposición en la ley exigirá a las empresas cuyos productos contengan casiterita, coltán, wolframita u oro revelar si esos minerales fueron extraídos en la República Democrática del Congo (RDC) o en sus países vecinos, y de ser así, qué medidas se adoptaron para asegurar que no fueron obtenidas de grupos armados activos en la región.
Sobre la base de información presentada por un grupo de senadores del gobernante Partido Demócrata y del opositor Partido Republicano a comienzos de este año, la disposición sobre transparencia de recursos fue incluida en el proyecto de Ley de Protección al Consumidor y Reforma de Wall Street, aprobado por el Senado el jueves por 60 votos contra 39.
El paquete de reformas, impulsado por los demócratas pero que ganó mayoría con la ayuda de tres republicanos moderados, marcó un revés para las más de tres décadas de desregulación del sector financiero estadounidense.
Aprobado el mes pasado por la Cámara de Representantes, se espera que el proyecto sea convertido en ley la próxima semana con la sanción del presidente Barack Obama.
La norma le dará a las agencias gubernamentales más autoridad para detectar y prevenir futuras amenazas a los mercados de capitales, regular e incluso ordenar el cierre de instituciones financieras, así como proveer nuevas protecciones para los consumidores. La disposición de transparencia de recursos, co-patrocinada por el senador demócrata Benjamin Cardin y el republicano Richard Lugar, exigirá a las compañías registradas en la Comisión de Bonos y Valores (SEC, por sus siglas en inglés), agencia supervisora de los mercados financieros, informar públicamente cuánto pagan a gobiernos para acceder a sus recursos naturales.
Veintinueve de las mayores firmas petroleras y de gas del mundo y ocho de las 10 más grandes empresas mineras están actualmente registradas en la SEC, según la coalición PWYP, integrada entre otras organizaciones por ActionAid, Amnistía Internacional, Earthrights International, Global Witness, el Centro de Políticas para una Sociedad Abierta y la oficina estadounidense de Oxfam.
«La transparencia le da más poder a ciudadanos, inversores, reguladores y otros organismos de control, y es un ingrediente necesario para la buena gobernanza tanto en países como en compañías», dijo Lugar, principal senador republicano en el Comité de Relaciones Exteriores de la cámara alta.
«Le da más poder a los inversores para que puedan tener una visión más completa del valor de sus acciones. Les da más información a los mercados mundiales de productos básicos, que se beneficiarán de una estabilidad de precios», dijo durante el debate sobre el proyecto.
«Pero lo más importantes es que le da más poder a los ciudadanos para hacer responsables a sus gobiernos por sus decisiones en el manejo de los valiosos recursos de petróleo, gas y mineros, así como de las ganancias» que aportan, añadió.
Miles de millones de dólares pagados por firmas mineras a gobiernos locales, regionales y nacionales se pierden cada año debido a la corrupción o a la mala administración, lo que muchas veces contribuye a altísimas tasas de pobreza en países ricos en recursos naturales, de los cuales Nigeria, la RDC y Guinea Ecuatorial son los ejemplos más citados.
Con la publicación de esos pagos, los miembros del PWYP esperan que los grupos locales e internacionales puedan evaluar más fácilmente cómo los gobiernos usan, o mal usan, esos fondos.
Algunas compañías, como la estadounidense Newmont Mining, la canadiense Talisman Energy y la noruega Statoi, ya han estado proveyendo esa información a través de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), un grupo voluntario público-privado con sede en Oslo creado en 2003. La nueva ley estadounidense va en la línea de las prácticas de la EITI.
Pero el Revenue Watch Institute (RWI), que junto al Centro de Políticas para una Sociedad Abierta integra la red de apoyo a la sociedad civil del financista internacional George Soros, subrayó que ahora otros países del Norte industrializado debían seguir el ejemplo de Washington y hacer obligatoria la divulgación de este tipo de información.
«Otros importantes centros de capitales como Gran Bretaña, Alemania, Canadá y Australia deben imitar sus compromisos para promover la transparencia en las industrias extractivas adoptando reglas similares», señaló la directora del RWI, Karin Lissakers, ex representante de Estados Unidos ante el Fondo Monetario Internacional.