La Senadora Nacional Magdalena Odarda (FAP-UNEN-CCARI), presentó un proyecto de Ley que prohíbe a las Instituciones educativas y de salud públicas de todo el país recibir financiamiento, sea éste directo o indirecto, por parte de las empresas Mineras a cielo abierto o hidrocarburíferas.
Asimismo, prohíbe a dichas empresas realizar auspicios, o cualquier tipo de patrocinio, en favor de actos o eventos públicos, excepto aquellos casos en que se desarrollen en el interior de los lugares de exposición de las empresas del rubro, o en publicaciones comerciales o empresariales destinadas exclusivamente a dichas empresas.
De esta manera, se propone reducir la incidencia y manipulación que, muchas veces, pretenden realizar estas empresas dentro las líneas de acción de las instituciones de educación y salud públicas, las que sin duda deben operar al margen de los intereses comerciales. Destacamos en este sentido el antecedente brindado por el proyecto de ley 5068-D-2010 de la Diputada Nacional (M.C.) Griselda Baldata.
Ante la constante necesidad de las empresas extractivistas, muchas veces con la anuencia del gobierno nacional y de algunos gobiernos provinciales, de obtener legitimación social a partir de proponer el financiamiento de aquellas políticas de Estado que deben ser públicas; resulta oportuno establecer mediante el dictado de una ley el criterio de que las funciones esenciales del Estado no pueden funcionar en base a las dádivas que, para el caso, propongan las empresas más cuestionadas a nivel social en relación con la falta de cuidado del medio ambiente.