(EDITORIAL ACTUALIDAD MINERA, COOPERACCION,Agosto 2020)
En el Sexto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima se decidirá si procede la demanda de amparo constitucional interpuesta por un colectivo ciudadano, exigiendo que se disponga el cese inmediato del proyecto Ariana por considerarlo una amenaza para la provisión de agua potable para Lima y Callao.
La jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño decidirá si paraliza o no el proyecto Ariana, de la empresa Southern Peaks Minnig. Según explicó, Dionel Martínez, geógrafo de CooperAcción, dicho proyecto pretende depositar sus relaves tóxicos en una zona altamente sísmica y a 500 metros de la entrada principal del túnel trasandino Cuevas Milloc, que capta el agua de la cuenca del río Mantaro hacia el río Rímac para abastecer a más de 10 millones de personas de Lima y Callao.
“La mina Ariana pretende desarrollarse en el corazón del sistema hidráulico Marcapomacocha que comprende el represamiento de seis lagunas, canales colectores y conductores, así como el túnel trasandino Cuevas Milloc. No olvidemos que el 69% del agua que consumimos en Lima y Callao está dotada por el rio Rímac y esto se debe al sistema hidráulico Marcapomacocha”, resaltó Martínez.
Los demandantes presentaron como elemento nuevo la carta de la empresa de agua potable de Lima y Callao, SEDAPAL, de fecha 18 de agosto de 2020, donde se señala claramente que “no se han desarrollado aún los estudios evaluativos pertinentes” en relación a la influencia del proyecto minero Ariana en el sistema Marca y el túnel Trasandino.
La abogada especialista en temas ambientales, Ana Leyva, explicó durante la audiencia que en mayo de 2019, SEDAPAL, Ariana y el Ministerio de Energía y Minas acordaron la contratación de un consultor externo, de prestigio internacional, para realizar un estudio sobre la influencia del proyecto minero en el sistema Marca y el Túnel Trasandino. Sin embargo, dicho estudio no se ha realizado aún por falta de acuerdo entre SEDAPAL y el MINEM sobre los términos de referencia del mismo.
SEDAPAL ha señalado en su propuesta de términos de referencia que tiene una legítima y comprensible preocupación en relación a los riesgos potenciales que cualquiera de las instalaciones del Proyecto Minero Ariana pudiesen tener a lo largo de la operación del mismo sobre la confiablidad del suministro de agua a la ciudad de Lima
Durante la audiencia judicial, los representantes de la empresa reconocieron que SEDAPAL ha pedido estudios adicionales que aún se encuentran pendientes.
La empresa minera Southern Peaks tiene preocupantes antecedentes que permiten dudar de su responsabilidad ambiental. La empresa fue propietaria de la mina Quiruvilca (La Libertad) entre 2012 y 2015, período en el cual recibió sanciones por parte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). OEFA declaró la responsabilidad de la empresa por diversos incumplimientos relacionados con el manejo de aguas de drenaje de los desmontes y relaves (resoluciones 988-2015-OEFA-DFSAI, 85-2016-OEFA/DFSAI).
Southern Peaks vendió la operación al empresario Luis Sáenz en 2015. Actualmente, la zona donde se encuentra Quiruvilca ha sido declarada en emergencia ambiental por las autoridades, debido a los graves impactos sobre el río Moche.
Por su parte, Juan Carlos Ruiz, abogado del IDL, explicó el contenido de la demanda de amparo presentada contra el proyecto minero y el Estado el 25 de abril pasado, debido a que el proyecto afectará el derecho a la salud, agua y en un ambiente sano y equilibrado de millones de peruanos.
Según indicó Ruiz, el Sexto Juzgado Constitucional debería aplicar el principio precautorio, ya que existen indicios razonables de posibles impactos en toda la infraestructura hídrica que ha sido construida en la zona.
Desde el 2017, la Constitución Política del Perú incorporó el artículo 7-A que establece que el Estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y, como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación. Además, se establece que su dominio es inalienable e imprescriptible.
Se espera que en las próximas semanas, la jueza Rocío del Pilar Rabines Briceño, tome decisión sobre este polémico proyecto.