Semanas atrás las mineras que operan en la jurisdicción patagónica aseguraron que resistirán judicialmente el impuesto.
El Poder Ejecutivo de la Provincia argentina de Santa Cruz promulgó la ley conocida como Impuesto Inmobiliario Minero, que fuera largamente debatida entre el gobernador Daniel Peralta y los diputados del bloque kirchnerista.
Semanas atrás las mineras que operan en la jurisdicción patagónica aseguraron que resistirán judicialmente el impuesto. Las empresas que serán alcanzadas –según anticipó la agencia Reuters- son Cerro Vanguardia, de la sudafricana AngloGold Ashanti (en sociedad con FOMICRUZ); Cerro Negro, de la multinacional GoldCorp; Manantial Espejo, de la canadiense Panamerican Silver; y Minera Santa Cruz, de la sociedad peruano–canadiense Hochschild. También afectará al proyecto Cerro Moro, de la canadiense Yamana Gold, que aún no entra en producción, pero deberá pagar el tributo sobre sus reservas declaradas.
La Cámara Minera de Santa Cruz (Camicruz) y la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (Caem) repudiaron la decisión de la Legislatura provincial. Las entidades advirtieron que con el impuesto “definitivamente se espanta a las nuevas inversiones y se condena a las existentes. Pone en riesgo 5.000 empleos directos y más de 10.000 empleos indirectos, en más de 200 empresas que dependen de la actividad minera en la provincia”.