Durante la primera década del siglo XXI, diversos organismos internacionales han manifestado su preocupación por el aumento de violaciones a derechos humanos relacionadas con la planeación y construcción de proyectos de desarrollo e infraestructura. En 2007, Miloon Kotari —entonces Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre una vivienda adecuada— presentó como parte de su informe anual, un documento cuyo objetivo fue orientar a los Estados sobre las medidas para evitar los desalojos forzosos provocados por proyectos de desarrollo. En éste subraya “aun reconociendo el gran número de contextos en que se producen los desalojos forzosos, las presentes directrices se centran en ofrecer orientación a los Estados sobre medidas y procedimientos que han de adoptarse para garantizar que los desalojos generados por el desarrollo no se efectúen en contravención a las normas internacionales de derechos humanos existentes y, por tanto, no constituyan «desalojos forzosos»“.
James Anaya, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas presentó su último informe temático al que tituló “Industrias Extractivas y Pueblos indígenas”, destacando que “[…] las industrias extractivas han tenido consecuencias negativas, incluso devastadoras para pueblos indígenas en el mundo”. De acuerdo con el experto, el patrón extractivo que se ha impuesto como el dominante es demoledor para la vida de los pueblos y sus entornos, por lo que “se requiere de modelos de extracción de los recursos que sean diferentes del modelo hasta ahora predominante para que la extracción de recursos dentro de los territorios de los pueblos indígenas se lleve a cabo de forma compatible con sus derechos”.
Otras agencias de Naciones Unidas también comenzaron a emitir documentos relativos a los impactos de las acciones de empresas y proyectos de desarrollo sobre la población en general. Es el caso de la Relatora Especial sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos, Margaret Sekaggya, quien preocupada por el notable incremento en la violación de derechos, presentó un informe sobre proyectos a gran escala y las actividades de quienes denuncian los impactos que dichos proyectos generan.
Por otra parte, John Ruggie, Representante Especial del Secretario General de la ONU para la cuestión de los derechos humanos y las empresas, propuso en 2008 un conjunto de principios rectores, obteniendo en junio de 2011 el respaldo unánime a los mismos, convirtiéndose así en un estándar global autorizado cuya finalidad es que los gobiernos garanticen el respeto a los derechos humanos por parte de las empresas. Ahí se señala la “[…] impresionante expansión mundial del sector privado […] y el correspondiente aumento de la actividad económica transnacional, lo que reforzó la conciencia social del impacto de las empresas sobre los derechos humanos y atrajo la atención de las Naciones Unidas”.
Desde el ámbito académico también se han generado múltiples esfuerzos para explicar el nuevo contexto global en el que se relacionan empresas y gobiernos, y el papel que están teniendo los proyectos de desarrollo e infraestructura dentro de este marco.
Es importante aclarar que los procesos y características antes señalados por Relatores y Relatoras de la ONU no significan que los proyectos de desarrollo e infraestructura se desarrollen necesariamente conforme a dichas preocupaciones. Corresponderá evaluar en cada caso concreto si un proyecto determinado implica o no posibles violaciones a un o unos derechos humanos.
México es uno de los 12 países mega diversos del mundo que junto con los otros 11, alberga cerca del 70% de la biodiversidad total del planeta. Si bien es cierto que desde el siglo XV, la naturaleza del continente americano (incluyendo la mexicana con su gran variedad en minerales, energéticos, recursos forestales, costas, tierras, etc.) se incorporó a la lógica de generación y acumulación de riqueza, lo que aquí interesa resaltar es el reciente y notable incremento de los procesos de uso, aprovechamiento y explotación de la riqueza natural que están teniendo lugar durante los últimos años.
Hacia finales del siglo XX y principios del XXI, debido a un conjunto interrelacionado de factores como el incremento creciente de la población y la inmensa demanda de mercancías provocada por el despegue de economías emergentes —como la china y la india—, los importantes saltos tecnológicos, o bien el endurecimiento de normas ambientales en otras latitudes, los grados de extracción de bienes y recursos en México (al igual que en otros países de la región) se han acelerado de forma muy marcada.
Por ello, desde diversos campos de la ciencia se ha ido formulando el concepto de neoextractivismo como categoría de análisis para caracterizar el periodo histórico que atravesamos y que no tiene punto de comparación con otros procesos históricos de explotación de la naturaleza.
El neoextractivismo es, entonces, un proceso masivo y creciente de explotación de bienes para su incorporación en los mercados, especialmente en los de la economía global. Esta nueva fase del extractivismo no es como la anterior, centrada en la minería y el petróleo; los rostros de este nuevo proceso se manifiestan en la explotación y control forestal, los agro-negocios o la producción de biocombustibles basados en los monocultivos que incentivan la compra masiva de tierras. Se trata de una nueva forma de intervención sobre los espacios caracterizada por la sobreexplotación de recursos naturales, cada vez más escasos, frecuentemente no renovables, y la expansión de sus fronteras hacia territorios que antes eran considerados como “no productivos”.
En palabras de Svampa:
la megaminería a cielo abierto, la expansión de la frontera petrolera y energética (que incluye también el gas no convencional o shale gas), la construcción de grandes represas hidroeléctricas, la expansión de la frontera pesquera y forestal, en fin la generalización del modelo de agro negocios y transgénicos (maíz y biocombustibles), constituyen figuras emblemáticas del extractivismo […].
De acuerdo con la autora, esta nueva fase también comprende aquellos grandes proyectos de desarrollo e infraestructura que son indispensables dentro del intenso movimiento de las economías. Así, el neoextractivismo también va acompañado de enormes inversiones en materia de transporte (puertos, carreteras, corredores bioceánicos), energía (hidroeléctricas, centrales eléctricas de ciclo combinado), agua (grandes presas y trasvases entre regiones) y por supuesto la explotación de recursos minerales, forestales y genéticos.
Frente a este escenario y tomando en cuenta que se trata de un nuevo contexto en el que pueden producirse violaciones de derechos humanos, casos relacionados con proyectos de desarrollo e infraestructura empiezan a presentarse ante los órganos de justicia, tendencia que sin duda irá en aumento considerando la cantidad de proyectos de esta naturaleza que están en proceso en el país.
Tomando esto en cuenta, se consideró pertinente acercar a las y los juzgadores información al respecto, de manera particular los referentes interpretativos y jurídicos que deben tomarse en cuenta, que les permitan actuar con muchos más elementos frente a la posible vulneración de derechos que pueda ser generada por la planeación e impulso de proyectos de desarrollo e infraestructura.