Las protestas del sector minero en Perú podrían impactar el crecimiento del país sudamericano, según estimó Bank of America-Merrill Lynch.
En un análisis, Francisco Rodríguez, economista para América Latina de la correduría, indica que el pasado 4 de diciembre por la tarde, el presidente Ollanta Humala declaró que cuatro provincias de la región de Cajamarca (al norte) se encuentran en estado de emergencia tras el deterioro de las negociaciones entre el gobierno y los manifestantes que se oponen a la mina Conga, de 4,800 millones de dólares (mdd).
Los inconformes argumentan que la mina reducirá o contaminará el agua que utilizan los agricultores.
Antes de que las negociaciones se rompieran, el primer ministro Salomón Lerner anunció públicamente que el gobierno había pedido a los inversionistas de la mina que crearan un fondo de inclusión social y de cuidado del medio ambiente.
Las negociaciones se enfocaron en la decisión de pedir una nueva evaluación de impacto ambiental, o considerar válida la que fue aprobada por la administración anterior.
Rodriguez señala que las protestas y manifestaciones para oponerse a los proyectos del sector minero, así como a otras iniciativas del gobierno, son eventos frecuentes en la historia reciente de Perú.
En 2009, en el pueblo amazónico de Bagua, se reportaron 34 muertos en protestas que enfrentaron a policías y manifestantes que se oponían a concesiones de minería. Este año, los proyectos de minería en Puno y Arequipa fueron suspendidos por protestas similares.
La Defensoría del Pueblo ha reportado más de 60 disputas sobre el impacto ambiental de los proyectos mineros. Alan García, predecesor de Humala, protegió activamente la inversión del sector minero, utilizando los cuerpos de seguridad para contener las protestas regionales.
Durante su administración, la inversión del sector minero creció más del 300%. Las preocupaciones en el sentido de que Humala tomaría la actitud opuesta se aliviaron cuando su gobierno negoció un nuevo impuesto para el sector minero con muchas más dificultades de las que se habían anticipado.
La minería ha sido un factor crucial para el crecimiento de Perú. La inversión al sector minero ha crecido a un ritmo anual de 35% desde 2003; durante los primeros nueve meses de 2011, ha avanzado 69%. Durante los últimos 12 meses, la minería ha representado 18% de la inversión total, contra 5% registrado hace tan sólo tres años.
BofA-Merrill Lynch produjo un modelo de vector autorregresivo (VAR) para simular los efectos de dos escenarios, y medir el impacto que tendría una reducción de la inversión al sector minero sobre el crecimiento.
En el primer escenario, toda la inversión a nuevos proyectos de minería se detiene; en el segundo, sólo la mitad de la nueva inversión es eliminada. En el primer escenario, la inversión a la minería desciende un 43%, la inversión total un 8%, y la tasa de inversión cae un 2% del PIB.
La correduría calcula que esto propiciaría un recorte al crecimiento trimestral (ajustando por estacionalidad) de 3.9% para el cuarto trimestre, moderándose a un 2.1% para el décimo trimestre.
En el segundo escenario, las pérdidas son menores, pero siguen siendo sustanciales (Chart 2). En términos de crecimiento anual, BofA Merrill Lynch calcula que el paro total de la inversión recortaría 2.9% al crecimiento promedio del PIB entre 2012 y 2013, mientras que en el segundo escenario el crecimiento se reduce un 1.4% cada año.
Francisco Rodríguez cree que en el corto plazo, los ingresos fiscales no se verían seriamente afectados por una desaceleración de la construcción de nuevas minas; en el largo plazo, sin embargo, considera que los efectos podrían ser más sustanciales.
Actualmente, señala el economista para América Latina de BofA Merrill Lynch, existen 11 grandes proyectos mineros (incluyendo las Minas Conga), que deberían comenzar a operar en los próximos años, y que se proyecta habrán contribuido más de la mitad de la expansión de la producción de cobre y casi toda la expansión de la producción de oro de Perú para 2016. “Si ninguno de estos proyectos se concluyese, estimamos que los ingresos fiscales serían 17% menores en ese año”.
Subraya que los eventos recientes han cuestionado si el apoyo del gobierno al sector minero es políticamente sustentable.
“El apoyo a los manifestantes es fuerte dentro del partido gobernante (Gana Perú), y los desacuerdos ya han ocasionado la renuncia de dos altos oficiales del gobierno. De acuerdo con El Comercio, podrían ser hasta 10 oficiales de Gana Perú (de un total de 47) los que están considerando la creación de un nuevo partido”, menciona.
Rodriguez comenta que la evolución de la opinión pública con respecto a las propuestas será un factor decisivo. “Una encuesta reciente de Ipsos Apoyo encontró que el 56% de los participantes que están al tanto de las protestas de Cajamarca, apoyan a los manifestantes”.
Indica que a principios de noviembre, una encuesta de Datum mostraba que el apoyo general a los que se oponen al sector minero era del 74%. “A menos que estas cifras cambien, podría tornarse muy costo políticamente para el gobierno mantener su posición actual”.
El especialista considera que los conflictos recientes respaldan la perspectiva de que, a pesar de sus sólidos factores fundamentales, la política sigue amenazando la estabilidad del crecimiento económico de Perú.
En su opinión, si la administración de Humala mantiene su actitud centrista y pro-empresarial, se arriesga a perder seguidores de la izquierda, lo cual podría deteriorar su base política. Considera que, con el tiempo, estas presiones empujarán a la administración hacia la implementación de medidas menos agradables para los mercados.
Fundamentalmente, cree que Perú comparte muchas de las características estructurales que tienen otras naciones de los Andes, como Bolivia, Ecuador y Venezuela, donde los partidos de izquierda no han moderado sus plataformas al llegar al poder.
Reitera su recomendación de adquirir cobertura de Perú contra una canasta de Brasil, Colombia y México: una estrategia que ha funcionado bien ante los eventos recientes.