El llamado de las autoridades es a una concentración pacífica por el respeto a la vida.
Protesta social en Cali. (Foto de archivo)
Juan Pablo Rueda. Archivo EL TIEMPO
Este 14 de mayo la Defensoría presentó un informe de conflictos socioambientales en el sector minero-energético, en el cual se indica que el año pasado hubo 130 eventos, lo cual representa un 46 por ciento más que los 89 que se habían presentado en 2022.
El defensor Carlos Camargo señaló que también se registraron eventos por conflictos ambientales por la explotación de hidrocarburos y su afectación a fuentes hídricas en la región del Magdalena Medio.
Así mismo, para Chocó los conflictos giraron en torno a la explotación aurífera y de cobre. En esos casos hubo inconformidades por el impacto ambiental producido, y al mismo tiempo surgió el reclamo de los mineros tradicionales para que se les permitiera participar en esa actividad, como medio de subsistencia.
(Le puede interesar: Estado responde en audiencia de JEP por ‘falla estructural’ en búsqueda de desaparecidos).
En La Guajira el análisis se centró en los conflictos que han surgido por la falta de claridad sobre cómo se abordarán los pasivos ambientales de los proyectos que se encuentran en fase de cierre. Además, se reseñó que las comunidades indígenas vienen reclamando el derecho a la participación y consulta previa en los proyectos de parques eólicos y solares.
“En el escenario del cambio climático y la transición energética, es prioritario analizar el panorama nacional y local de la conflictividad social minero-energética, con el objetivo de prevenir el escalamiento de los conflictos y garantizar los derechos colectivos y ambientales, los derechos de los sujetos de especial protección constitucional y comunidades vulnerables, además los de los habitantes de distintos territorios”, dijo el defensor Camargo.
(Puede consultar: Salvatore Mancuso podría quedar libre hoy: ¿qué falta para que salga de La Picota?).
La Defensoría también dijo que si bien el sector minero-energético es un pilar fundamental para el desarrollo económico del país, por las condiciones estructurales de pobreza y débil presencia institucional muchas veces se configuran focos de conflictos sociales.
“Hago un llamado para que las autoridades nacionales y regionales fortalezcan las actividades de monitoreo y seguimiento a la conflictividad social en el sector, con el fin de que todas las partes en los conflictos sean identificadas, escuchadas, que siempre sea el diálogo el mecanismo para la gestión y transformación de los conflictos”, señaló el Defensor.
El informe defensorial también incluye datos sobre la gestión de la entidad entre enero del 2022 y febrero del 2024, cuando los funcionarios de la Defensoría participaron en 80 espacios de diálogo social, contribuyendo como mediadores o acompañantes de las partes en conflicto.
Los espacios de diálogo se desarrollaron en 37 municipios de 15 departamentos y en Bogotá distrito capital.
(Más notas: El nexo de empresario colombiano en esquema internacional para lavar plata del narcotráfico).
El documento concluye con recomendaciones a las instituciones públicas, organismos de control, academia, centros de investigación, comunidades y organizaciones sociales para prevenir el escalamiento de la conflictividad social.
«Haremos el debido seguimiento a las recomendaciones formuladas, con la finalidad de evaluar su cumplimiento, para lo cual invitaré a la Procuraduría General a apoyar y acompañar esta tarea», concluyó Camargo.
justicia@eltiempo.com
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/protestas-en-el-sector-minero-energetico-subieron-46-en-2023-defensoria-3342684