13 de noviembre 2011 Por Katerine Erazo
Foto: Indígenas esperaban, el jueves pasado, la resolución de la Corte de Justicia de Ibarra, en la que se declaró inocente a Marco Guatemal, procesado por terrorismo.
Indígenas de la comunidad de Chunazana bloquean de forma constante la vía que conecta Cuenca con Loja, en señal de rechazo por los posibles efectos ambientales que generaría la explotación minera en esta zona del sur del país.
Indígenas de la comunidad de Chunazana bloquean de forma constante la vía que conecta Cuenca con Loja, en señal de rechazo por los posibles efectos ambientales que generaría la explotación minera en esta zona del sur del país.
El expresidente de la Conaie, Marlon Santi, afronta un proceso luego de que presidió en junio del 2010 una reunión paralela a la Cumbre de la ALBA, en la que se habló sobre desatención estatal y discriminación.
José Acacho y otros dos dirigentes fueron detenidos acusados por sabotaje y terrorismo, luego de una protesta en la provincia amazónica de Morona Santiago con el proyecto de la Ley de Aguas.
José Acacho y otros dos dirigentes fueron detenidos acusados por sabotaje y terrorismo, luego de una protesta en la provincia amazónica de Morona Santiago con el proyecto de la Ley de Aguas.
Vivimos con una gran tristeza y desesperación. Nuestra salud no está bien. Estamos expuestos a demasiado frío aquí en el páramo, donde estamos ya casi un año. Tenemos que estar lejos de nuestras familias que son las que pagan las consecuencias. En algunos momentos logramos reunirnos los siete compañeros para animarnos un poco. Hemos sido objeto de una trampa jurídica en la que han vulnerado nuestros derechos”, cuestiona Vinicio Jaya, uno de los siete pobladores de Nabón, cantón de Azuay, sentenciados a ocho años de prisión por sabotaje en las instalaciones de una empresa minera de esta zona.
Todo empezó el 23 de marzo del 2008 cuando decenas de pobladores de la parroquia Cochapata de este cantón ingresaron a un campamento de la compañía Explorsur, del grupo Eljuri, en protesta por sus actividades en el páramo de Shincata, pues consideraban que se afectarían las fuentes de agua del sector.
La Fiscalía del Azuay acusó a siete de estos pobladores de actos vandálicos contra las instalaciones de la minera. Este caso se judicializó, pese a la decisión aprobada el 31 de julio del 2008, cuando la Constituyente resolvió amnistías (perdón y olvido) para centenares de integrantes de movimientos sociales que habían sido enjuiciados por protestar en contra de proyectos mineros, petroleros, madereros en defensa de sus territorios.
Entre los beneficiados con la resolución estaban los siete pobladores de Nabón: Segundo San Martín Mora, presidente de agua de riego y potable de Cochapata; Luis San Martín Mora, dirigente; Celso Patiño Quezada, teniente político; Plutarco Patiño y Vinicio Jaya, entonces concejales de Nabón; Rodrigo de los Ángeles San Martín, presidente de la Junta Parroquial; y Manuel Capelo Herráez, presidente de la Comisión de Crédito de Jardín Azuayo.
No obstante, los tribunales de Justicia del Azuay no acogieron la decisión constituyente y el 13 de abril del 2009, la Corte Provincial de Justicia los llamó a juicio. Luego, el 14 de diciembre de ese año, se ratificó la decisión.
Mientras que en el último trimestre del 2010, la Segunda Sala de lo Penal de la Corte azuaya estableció que existe responsabilidad de los demandados, quienes fueron sentenciados a ocho años de reclusión y al pago de una multa de $ 87. Desde el 3 de enero pasado estas personas viven en la clandestinidad.
En junio de este año, la Facultad de Medicina de la Universidad de Cuenca elaboró un informe sobre su estado de salud, en el que concluyen que “viven en una lógica de nomadismo en medio de condiciones meteorológicas profundamente nocivas y se encuentran en aislamiento absoluto, lo que se expresa en el deterioro de su salud física”. Según el estudio, todos han perdido entre 10 y 20 kilogramos, presentan sufrimiento mental severo, pérdida de sueño, inanición y tienen ideas suicidas.
La Defensoría del Pueblo presentó un reclamo administrativo ante la Corte de Azuay, lo que fue negado. Y el 2 de marzo último presentó una acción por incumplimiento ante la Corte Constitucional (CC), que el 18 de julio pasado fue inadmitida.
Hace dos meses, Carlos Pérez, abogado de los sentenciados, pidió a la CC que explique el sustento jurídico de la inadmisión sin recibir respuesta, lo cual impide, según Pérez, iniciar un proceso a nivel internacional.
En septiembre pasado, la Defensoría pidió a la Asamblea Nacional una nueva amnistía para estas personas. El caso está en la comisión de legislación.
Nabón es uno de los 26 casos que han derivado en causas judiciales iniciadas o reactivadas desde el 2008, en los que se constata la criminalización de las protestas sociales en los ámbitos penal, administrativo y civil, a pesar del precedente jurídico que sentó la Constituyente con sus amnistías.
De acuerdo con un estudio de Acción Ecológica, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, varios de estos casos implicaron más de un proceso legal, por lo que a septiembre de este año se contabilizaron 42 juicios, de los cuales 31 son penales en contra de 158 personas, 10 son administrativos en contra de 28 personas y hay uno civil con un imputado.
El 38% del total de estas causas se sustenta en delitos de terrorismo y sabotaje.
De los 197 procesados registrados hasta octubre pasado, 34 son dirigentes indígenas y campesinos y, de estos 34, 32 tienen sus causas vigentes (ver infografía), El total de procesados se obtiene de los 187 identificados en el estudio mencionado, más los cinco investigados de la comunidad de Checa (Azuay) por oponerse a la administración de una planta de agua por parte de Etapa; y a los cinco comuneros de Río Grande (Manabí) procesados por rechazar la construcción de la represa multipropósito Chone. Los dos últimos casos se registraron en octubre.
De estas estadísticas se desprende un hecho que según funcionarios de entes de control y dirigentes indígenas y de organizaciones sociales describe una política definida desde el Estado y las grandes corporaciones empresariales: amordazar las demandas y las críticas sociales.
Así lo considera Humberto Cholango, presidente de la Conaie, quien agrega que gran parte de los enjuiciados integran las bases y son dirigentes de este movimiento indígena.
Entre los casos más emblemáticos de dirigentes y líderes procesados están los instaurados en contra del expresidente de la Conaie, Marlon Santi; y del presidente de la Ecuarunari, Delfín Tenesaca, luego de que en junio del 2010 indígenas amazónicos se movilizaron a Otavalo a la X Cumbre de la ALBA y denunciaron discriminación y desatención estatal. Se abrió una indagación y el 3 de marzo pasado se hizo un reconocimiento.
José Acacho, expresidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh) junto a dos dirigentes más fueron acusados por sabotaje y terrorismo luego de una movilización en Morona Santiago en contra del proyecto de la Ley de Aguas. El 1 de enero del 2010 se dictó prisión preventiva en su contra, pero salieron en libertad mediante un recurso de hábeas corpus.
Luego de las movilizaciones de mayo del 2010 en contra del proyecto de Ley de Aguas en el sector de Cajas (Imbabura), se acusó a Marcos Guatemal, presidente de la Federación Indígena y Campesina de Imbabura (FICI), de sabotaje y terrorismo. Mario Ruiz, asesor jurídico de la FICI, explica que por la falta de pruebas, la Fiscalía formuló cargos por obstaculizar vías públicas. Guatemal fue apresado, pero luego declarado inocente.
A la Defensoría del Pueblo le preocupa, según Patricio Benalcázar, director nacional de protección de esa entidad, la vigencia de normas contrarias a un régimen democrático. Como ejemplo, Benalcázar menciona el decreto ejecutivo Nº 982 que prevé dejar sin personería jurídica a las organizaciones no gubernamentales que atenten contra la seguridad e intereses nacionales.