Intelectuales, activistas, movimientos sociales, indígenas, entre otros, que forman parte de la sociedad civil se sumaron a un pronunciamiento que exhorta al Gobierno de Venezuela a detener sus planes de una masiva explotación minera en la cuenca del Río Orinoco.
Como se recuerda, el Gobierno creó la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO), un territorio de 117.000 kilómetros cuadrados (12% del territorio nacional), en la cuenca del río Orinoco, con el fin de entregarla en concesión a empresas nacionales y de otros países para la explotación a gran escala de oro, coltán, bronce, diamantes, entre otros componentes.
Ante esta situación, la sociedad civil ha puesto en marcha una campaña de oposición por motivos sociales y ambientales.
En ese marco, está circulando una declaración que demanda “detener el ecocidio” que implicaría la “enorme remoción de la capa superficial de la tierra” que afectaría las Reservas Forestales del Imataca o del Caura.
Indígenas afectados
Asimismo, el pronunciamiento señala que varios pueblos indígenas que habitan en la zona sufrirían la “destrucción de sus bases materiales de vida, su desarraigo, la violación de sus derechos humanos y, en última instancia, su desaparición.”
Se trata, entre otros, de los e’ñepa, kari’ña, pemón, mapoyo, wotjüja, yabarana, entre otros, quienes ya “padecen los efectos de la contaminación con mercurio, enfermedades y agresiones por parte de diversos actores, producto de la minería ilegal”, indica el manifiesto.
Mercantilización de la naturaleza
Los suscritos cuestionan también que se justifique la minería en el Orinoco bajo el argumento de la “estabilización económica”, el “desarrollo” y la “diversificación” de la economía.
Indican que, por el contrario, el proyecto “refuerza el carácter rentista y extractivista de la economía venezolana”, así como “sus niveles de dependencia y vulnerabilidad” y la “sumisión al capital foráneo”.
Lo anterior alejaría a Venezuela de “un modelo de economía sostenible, inclusivo y centrado en la vida”, concluyeron.
Recurso de amparo
El documento anuncia una serie de acciones que se tomarán en el marco de la oposición al Arco Minero. Una acción será la presentación de un recurso de amparo para detener su activación. El documento exige también la demarcación de los territorios indígenas y el respeto a la “prohibición permanente de la minería” en áreas naturales protegidas.
Además exige que se hagan públicos “los convenios mineros firmados o por firmar” y exhorta a la realización de una campaña de información a nivel nacional sobre los riesgos de la minería.