02 de junio del 2020
En días pasados, el gobierno federal, a través de Francisco Quiroga Fernández, Subsecretario de
Minería, de la Secretaría de Economía del gobierno de México, expuso que debido a la grave
situación de inseguridad por violencia que enfrenta el sector minero, el pasado 14 de mayo instaló
la “Mesa de Trabajo sobre Seguridad en la Industria Minera”, con el objetivo de “fortalecer
esquemas en las zonas de las minas y la investigación en los delitos cometidos al sector”,
con la intención de implementar una estrategia nacional para problemas regionales y acciones
preventivas, así como protocolos y coordinación para intervenciones focalizadas.
Para el gobierno federal, la minería es una de las actividades más expuestas a la inseguridad debido a
la aislada ubicación de sus zonas de trabajo, por lo que se producen toda una serie de delitos, como:
robo, homicidio doloso y extorsión.
El Subsecretario Quiroga afirmó también que “se ha trabajado con los gobiernos de los estados y
con las dependencias de la Federación, para combatir los problemas de seguridad de una manera
inteligente” y que “se atienden causas primeras, se otorgan oportunidades y alternativas en las
comunidades que son azotadas por este problema y se recurre a trabajos de inteligencia para prevenir,
disuadir y desarticular las cadenas de delincuencia, así como su modus operandi”.
No se entiende que el Presidente López Obrador afirme, por un lado, que en su gobierno son
“primero los pobres” y, por otro, ese mismo gobierno continúe priorizando los intereses de las
grandes corporaciones (la Mafia del Poder). Además, resulta verdaderamente sorprendente la miopía
con la que se conduce el gobierno federal en relación al fenómeno de la violencia en los territorios
de extracción pues hay cientos de evidencias en donde las propias empresas mineras son quienes
fomentan, generan e incluso alimentan financieramente la violencia e inseguridad, esa misma a la que
ahora en conjunto con el gobierno federal pretende atender.
Nada ha hecho el gobierno ni federal, ni estatal, ni municipal para proteger la grave inseguridad de
las personas que ahí habitan, pero ahora al chasquido de las empresas se planea su protección
personalizada. Nos preocupa que ahora ante está nueva acción de protección para el sector minero,
se use también como pretexto para exacerbar e intimidar y criminalizar más a las y los defensores
del territorio.
TERRITORIOS LIBRES DE MINERIA
RED MEXICANA DE AFECTADAS/OS POR LA MINERÍA